Muy relevantes los resultados que ofrece la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), especialmente en el caso de Zacatecas, donde se estima que entre el 14 de junio y el 26 de julio del año pasado había unas 2 mil 100 personas privadas de su libertad (1 mil 900 hombres y 200 mujeres) en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Cieneguillas.
La encuesta también ayuda a desmitificar la figura de las personas privadas de su libertad (PPL), pues el 74.9% tenía entre 18 y 39 años de edad, más de la mitad provenía de hogares biparentales, el 70.2% contaba al menos con educación básica y solo el 21.8% se encontraba desempleada antes de su detención.
De hecho, el 84.5% de las PPL no tenía antecedentes penales y es un promedio superior al nacional, que fue de 79.1 por ciento. Además, el 71.5% fue detenida en los últimos cuatro años y únicamente el 2.2% fue detenida hace 16 años o más.
Este contexto debería llevar a preguntarse: ¿qué factores inciden en que una persona cometa un delito? Porque de ello depende que funcione una estrategia de prevención del delito y no solo quedarse en la reacción, que en muchos casos llega a ser tardía.
Otro aspecto revelador de la Encuesta es la demora en el proceso judicial, pues solo el 67.1% de las PPL contaba con sentencia al momento de levantar la Encuesta y el 32.9% estaba en proceso, una proporción superior al promedio nacional.
Sin embargo, de las personas con sentencia, en el 36.8% de los casos esta superaba los 21 años de pena, mientras el 44.7% tenía una sentencia de entre 1 y 10 años de prisión. Pero para llegar a su sentencia, el 30.6% de las PPL tardó entre seis meses y un año y solo el 29.7% demoró menos de seis meses.
Las cifras contrastan cuando la Encuesta muestra que solo el 13.9% no ha podido comprobar su inocencia, mientras el resto de las PPL declaró haber cometido un delito, haber estado implicado o haber ayudado en la comisión de un delito. No obstante, únicamente el 46.3% se declaró culpable de los hechos de los que se le acusó.
Pero el estar privadas de su libertad por la probable comisión de algún delito no implica que estén exentas de ser víctimas de algún delito por parte de la autoridad, pues por ejemplo el 9.3% fue víctima de corrupción desde el momento de su detención y solo el 2.8% durante el proceso judicial, aunque no dejan de ser cifras muy inferiores al promedio nacional.
Uno de los datos más alarmantes es el tipo de delitos por el que fueron detenidas las PPL. Por ejemplo, en el caso de las personas con sentencia, a nivel nacional es más frecuente por el delito de robo y homicidio (33.8% y 30.7%), mientras en Zacatecas es por portación ilegal de armas (22.9%), homicidio (22.8%) y robo (21.3%).
Respecto a las personas en proceso de obtener su sentencia, a nivel nacional continúa la tendencia en el caso de robo y homicidio (28.5% y 23.3%), mientras en Zacatecas es por portación ilegal de armas y secuestro (35.3% y 25.0%).
Y si hablamos de la reincidencia, el 35.6% de las PPL ha sido por robo y el 30.0% por la portación ilegal de armas, mientras a nivel nacional la proporción es de 59.1% y 9.1%, respectivamente.
Estas últimas cifras deben poner en alerta a la autoridad en el diseño de la estrategia de seguridad, pues la propia ENPOL demuestra que al menos en el caso de Zacatecas el delito de portación ilegal de armas tiene una alta incidencia y contrasta con la propuesta que hiciera en días pasados la senadora Soledad Luévano o el diputado federal Marco Flores para armar a la población y que se defienda por su propia cuenta. ¿Eso no sería como incrementar el riesgo en la comisión de delitos? Se nota que les carbura a los de MORENA…
Reanudan trabajos legislativos
Este martes se reanudarán las actividades en el Poder Legislativo con el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año constitucional y tampoco se espera gran cosa de los diputados locales, considerando que más allá de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022, el primer periodo ordinario se fue en meros exhortos que poco abonan a la productividad legislativa.
Por lo pronto, la 64 Legislatura tiene entre sus temas pendientes por desahogar la reestructuración administrativa que en su momento haga llegar el Ejecutivo estatal, y que seguramente le meterán el acelerador porque al gobernador David Monreal le urge tener el fundamento para seguir despresurizando la nómina… o vaciando espacios para ser ocupados por los “cuates y cuotas”.
También está en el tintero la discusión de la figura de revocación de mandato en la Constitución local, lo que llevaría a la elaboración de las leyes reglamentarias, y con los primeros seis meses de gobierno vaya que a gran parte de la sociedad le urge que se apruebe.
Además, no puede faltar la elección del nuevo integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), un lugar que hoy se disputan Lisandro David Carrillo Félix, Sergio García Castañeda y María Elena Ortega Cortés.
Y qué decir de tantos y tantos puntos de acuerdo para hacer múltiples exhortos y que no fueron aprobados de urgente u obvia resolución, sino que fueron enviados a comisiones para su estudio y dictamen. Ahí quedan en el tintero un sinfín de exhortos al gobernador David Monreal para que haga su trabajo y cumpla con sus obligaciones constitucionales, ya ni siquiera se pide que cumpla con sus compromisos de campaña.
Al final, tampoco se espera gran cosa, pues demostrado está que la oposición en Zacatecas sí es una caballada muy flaca, por mucho que diga la diputada federal Noemí Luna que se tiene una oposición crítica de la situación del estado. Caras vemos, votaciones no sabemos…
El oficio que nunca fue
Vaya que las redes se incendiaron con la jiribilla que despertó un oficio enviado desde la Secretaría de Administración para informar al gremio del SUTSEMOP que el gobernador Ricardo Monreal… perdón, el gobernador David Monreal había autorizado el viernes 4 de marzo como día de asueto en permuta por el miércoles 2 de marzo. Solo que el dichoso oficio llevaba al calce copia al “gobernador Ricardo Monreal Ávila”.
Más tardaron en enviar el oficio de manera digital que en desmentir el error alegando una supuesta “noticia falsa” difundida con dolo por ciertos medios de comunicación que solo pretenden desestabilizar a la nueva gobernanza.
Sin embargo resulta bien curioso que el nuevo oficio, el “de a de veras”, parece que fue elaborado de nuevo, porque hasta la firma y el sello son distintos al que se difundió originalmente con sendo error.
Y como muestra de que no eran el mismo oficio, al calce del que supuestamente sí era “de a de veras” se incluyó copia al secretario general del SUTSEMOP, Israel Chávez Leandro, cuyo nombre no figuraba en el primer oficio.
En todo caso, si el oficio con el error se tratara de una “noticia falsa”, revelaría otro aspecto muy grave de la nueva gobernanza, pues con esa facilidad se pueden utilizar las firmas y sellos institucionales para difundir mensajes supuestamente falsos. ¿O usted qué opina?
