Quien es corrupto siempre buscará la manera de vivir de la corrupción, sin importar cuántas trabas le pongan. Y México ha dado muestras de que lo prohibido causa mayor tentación. El claro ejemplo lo está dando el Poder Legislativo de Zacatecas con la discusión sobre revivir (o no) las llamadas “herramientas legislativas” y cómo su prohibición derivó en la “estafa legislativa”.
Antes de la reforma aprobada en junio del 2018, el Poder Legislativo disponía de recursos millonarios que decían repartir los diputados entre sus representados en los distritos, atendiendo a las solicitudes y demandas de la población en sus recorridos por los municipios.
Sonaba muy bonito y todo, pero durante mucho tiempo se trató de una partida para uso discrecional de los legisladores que, con recurso público, buscaron abrirse paso en la política.
De ahí la reforma impulsada por el entonces diputado Luis Medina Lizalde desde mayo del 2018 y publicada en el decreto número 420, el 7 de julio del mismo año, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, luego de que al menos 43 Cabildos habían aprobado la minuta del decreto.
Dicha reforma contemplaba adicionar un segundo párrafo al artículo 65 Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Zacatecas con la finalidad de prohibir a la Legislatura presupuestar de sus recursos ayudas sociales.
En ese entonces el argumento fue que “sujetar el ejercicio del presupuesto asignado a esta Soberanía a los principios de disciplina financiera es, sin duda, un requisito indispensable para evitar excesos que agravian a la sociedad y que se sustentan en usos y costumbres heredados que deben ser desterrados”.
Solo que esos “usos y costumbres heredados” no fueron desterrados, sino que se convirtieron en otra “herencia maldita” a través del presunto desvío de recursos mediante el pago de servicios legislativos, hoy más conocido como “estafa legislativa” y que podría implicar hasta 200 millones de pesos, según cuentas del diputado Ernesto González Romo.
Sería en diciembre del 2021 cuando la 64 Legislatura pretendía reformar nuevamente ese artículo y permitir otra vez las ayudas sociales en el Poder Legislativo, exceptuando a personas morales (tal vez para evitar que se repitiera la “estafa legislativa” triangulando recursos a través de diversas empresas).
Pero en sesión del 14 de diciembre, 27 diputados aprobaron la reserva presentada por el diputado Xerardo Ramírez, con la finalidad de eliminar la prohibición de presupuestar ayudas sociales en el Poder Legislativo. Solo dos diputados votaron en contra: Ernesto González y Humberto de la Torre.
Al ser una reforma constitucional, requería la aprobación de las dos terceras partes de los Cabildos. Pasado el plazo, en total siete municipios habrían rechazado en tiempo y forma la minuta, ocho la aprobaron dentro del plazo establecido de 30 días naturales, 22 no se pronunciaron (y se consideraron en sentido positivo por afirmativa ficta), 18 se pronunciaron de forma extemporánea (y se consideraron a favor por afirmativa ficta), más tres con casos especiales.
Así pues, se reunía la mayoría calificada (aunque fuera artificial) para enviar el decreto al Ejecutivo y que este lo publicara en el Periódico Oficial… hasta que el diputado Ernesto González Romo “cabildeó” y reunió las firmas de 15 diputados para solicitar al Ejecutivo que vetara la publicación del decreto.
Y así fue. En sesión ordinaria de este martes, se dio lectura al oficio RODG/0152/2022 enviado por el gobernador David Monreal donde exponía los argumentos por los cuales no podía publicar el decreto.
En el oficio prácticamente prohibía al Poder Legislativo que este eliminara una prohibición que el mismo Poder Legislativo se había impuesto. Solo que esa facultad recae en los Cabildos, pues al ser una reforma constitucional, requería el aval de las dos terceras partes de los municipios para que procediera. Nunca estuvo en manos del Poder Legislativo estatal.
El tema por supuesto que reavivó fricciones entre los diputados en el apartado de Asuntos Generales, donde las bancadas del PRI, PAN, PRD, MC, PT y Nueva Alianza se pronunciaron por dejar en claro que el hecho de haberse aprobado la reforma no significaba que ya disponían de 200 mil pesos mensuales cada uno para ayudas sociales, pues ni siquiera estaba presupuestado, y exigían que la situación se aclarara ante la campaña de calumnias orquestada desde alguna oficina de gobierno (y motivada por el diputado Ernesto González Romo).
Y mientras los representantes de MORENA y del PES defendían el veto, el resto de los diputados que sí acuden a sus distritos evidenciaban que a pesar del incremento de recursos al Ejecutivo para atender las necesidades sociales, siguen las carencias porque la nueva gobernanza ha caído en subejercicio al no poner en marcha los programas que tanto cacareó.
De ahí se deriva la insistencia en llamar a comparecer a los titulares de Seguridad, Educación, Finanzas, Desarrollo Social y Salud para que den cuenta de por qué no se han atendido las demandas ciudadanas a pesar del aumento de recursos. ¿O será que las ayudas sociales ahora se llaman “Estímulos por Responsabilidad en el Cargo”?
Exhorto (tardío) por incendio forestal
En la misma sesión de este martes, el diputado David González presentó una iniciativa para exhortar al Ejecutivo federal a que se gire instrucciones a dependencias como CONAFOR, SEMARNAT, SEDENA y la Procuraduría Federal de Protección Ambiental para atender la emergencia por el incendio en los municipios de Concepción del Oro y Mazapil.
La iniciativa también incluía la posibilidad de que se apoyara con el bombardeo de nubes con yoduro de plata y con un helicóptero de cisterna para combatir el fuego en las serranías más complejas.
Quien representa al distrito donde se registró esta catástrofe reconoció que ya era muy tarde para el exhorto, pues en cinco días se estimaba una afectación cercana a las 900 hectáreas, debido principalmente a la reacción tardía de las autoridades. Y lo dijo muy claro: “no habría necesidad de este exhorto si las autoridades hubieran actuado en su momento”.
Pero fue más allá. Para las labores de reconocimiento y mitigación del fuego se requirió la renta de un helicóptero, cuyo costo fue de 1 millón de pesos por utilizarlo 10 horas, y para pagarlo tuvieron que cooperarse los alcaldes de Concepción del Oro y Mazapil, solo que aún se deben 535 mil pesos y el estado no ha aportado un solo peso. “Para esto servían los recursos del FONDEN”, recordó el diputado.
Y mientras el tema se discutía en el pleno, en la región afectada por el incendio comenzó a llover, lo que mejoró la perspectiva para controlar el fuego y proteger las zonas de pino piñero que estaban en peligro, una coyuntura que aprovechó el gobernador David Monreal para anunciar en sus redes sociales que el incendio “por fin” estaba bajo controlado. Solo que el mérito se lo atribuía a Protección Civil, a la Guardia Nacional, a la SEDENA y a grupos de voluntarios, no a la madre naturaleza.
En la discusión, el diputado Ernesto González Romo reiteraba (como en otras ocasiones) que los exhortos no servían de nada, pero esta vez tuvo su respuesta del diputado Xerardo Ramírez: “Quien diga que no funcionan de nada los exhortos, dice mucho sobre los funcionarios a quienes van dirigidos los exhortos”. Y finalmente, la iniciativa fue aprobada por unanimidad, de obvia y urgente resolución. Por cierto, a la iniciativa se sumaron todos los grupos parlamentarios, menos MORENA y el PES.
