Fue en noviembre del 2020 cuando el entonces alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, hizo un show mediático para decir que pondría una “denuncia” contra el exalcalde Enrique Flores Mendoza y otros tres exfuncionarios municipales, por presunto fraude al retener y no pagar más de 140 millones de pesos en cuotas del IMSS.
Y fue un show mediático porque el IMSS es una autoridad administrativa que no recibe denuncias penales. Por eso, el expriísta y neomorenista recurrió en febrero del 2021 ante la Fiscalía General de la República (FGR), ahora sí, para ratificar la denuncia penal, solo que para entonces sus acusaciones se matizaron: ya no eran 140 millones por adeudos al IMSS, sino que el monto también incluía retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) que no se habían enterado al SAT.
A más de un año y medio de las denuncias, los señalados no han sido notificados por las autoridades. Y todo indica que el alcalde de la “honestidad y las acciones firmes” mintió con tal de amarrar su reelección en el proceso electoral 2020-2021, al más puro estilo de la nueva gobernanza que de todo acusa al pasado, cuando los actuales llegan a ser peores.
De acuerdo con los Resultados Generales de la Cuenta Pública 2021 del Gobierno del Estado de Zacatecas, al mes de octubre 42 municipios tenían adeudos por 893.9 millones de pesos con el IMSS por cuotas obrero patronales, cuotas por retiro, cesantía y vejez.
De ese total, el municipio de Guadalupe era el más endeudado, con 170.3 millones de pesos; es decir, 30.3 millones de pesos más que cuando Chávez Padilla interpuso las denuncias por fraude.
La cifra contrasta con lo que reporta el propio Ayuntamiento de Guadalupe en su Cuenta Pública 2018, el último año de administración de Enrique Flores Mendoza, pues según el reporte de Pasivos circulantes, solo se trataba de 38.6 millones de pesos en servicios personales por pagar a corto plazo (aportaciones de seguridad social) y 91.3 millones de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.
En la Cuenta Pública 2019, el adeudo al IMSS habría aumentado a 49.5 millones de pesos, mientras las retenciones de ISR por pagar habrían disminuido a 88.4 millones. Y ya en la Cuenta Pública 2020, el adeudo con el IMSS se mantuvo en los mismos niveles y las retenciones de ISR solo bajaron a 88 millones de pesos.
Tampoco es que el alcalde Julio César Chávez Padilla no tuviera oportunidad de resolver la situación del municipio ante el IMSS. Ya el 14 de septiembre del 2020, durante la administración de Alejandro Tello, a través de la Secretaría de Finanzas se había logrado un acuerdo con el IMSS para regularizar adeudos y pasivos de al menos 10 municipios, entre ellos Guadalupe.
La condición, tal como en el 2016 por gestiones de Claudia Anaya Mota, era que los municipios celebraran en lo inmediato un convenio para saldar los adeudos históricos en 48 cómodas mensualidades con tal de que en el futuro no se vieran afectados con la retención de sus participaciones.
Sus razones tendría Julio César Chávez Padilla para no aceptar el acuerdo en aquel entonces (a diferencia de Fresnillo, único municipio que ya regularizó su situación mediante este acuerdo), sino apenas en abril de este año, como dio a conocer el alcalde en un video a través de sus redes sociales, acompañado del senador Ricardo Monreal. Aunque del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sin embargo, no será la única coyuntura que deberá enfrentar en lo inmediato.
Al parecer, en las últimas semanas le han sido notificados los laudos ganados por varios de los cientos de trabajadores que fueron cesados del Ayuntamiento cuando Chávez Padilla fungió como secretario de Gobierno en el trienio 2013-2016, y que en conjunto representarían unos 30 millones de pesos.
Y muchos no olvidan que aunque la facultad recaía en otra área del municipio, fue Chávez Padilla quien promovió los cerca de 400 despidos en aquella administración, la misma que convirtió a Guadalupe en el municipio más endeudado del estado con la contratación de un empréstito por 180 millones de pesos que nadie sabe en qué se aplicaron, pero que tuvieron que empezar a pagarse en la administración de Enrique Flores.
Y hasta el 30 de septiembre del 2021 (es decir, cinco años después) esa deuda solo se ha reducido a 140.6 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Seguimos hablando de “herencias malditas” o ya le podemos decir “karma”?
¿Diputada recurre a “factureras”?
A propósito del municipio de Guadalupe, hay quien pretende curarse en salud bajo las siglas de MORENA y el “proyecto de la transformación”, pero en los hechos demuestra que “todos tenemos un pequeño priísta dentro” (Beatriz Paredes, dixit).
Fue apenas el 3 de mayo cuando la diputada Violeta Cerrillo aseguró en sesión legislativa que “no venimos por puestos y oficinas”, luego de que se sometiera a discusión y su posterior aprobación una propuesta para renovar las comisiones legislativas y los órganos de gobierno.
Pero quien entonces presidía la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal omitía detalles de sus propios gastos en la 64 Legislatura hasta que el periodista Andrés Vera publicó evidencias sobre tres facturas que en conjunto suman 75 mil pesos por “alimentos” adquiridos por la diputada a María Fernanda Contreras Rodríguez, representante legal de la empresa Comercializadora El Lago.
La empresa estuvo involucrada en 19 contratos de adjudicación directa “amañados” con el Sistema Estatal DIF durante la pasada administración, pues lo mismo surtía alimentos para los animales del Zoológico en La Encantada, que alimentos para la Casa Cuna Plácido Domingo, la Casa Hogar para Adolescentes y la Casa de la Tercera Edad. Todos, en compras fraccionadas para evitar un proceso de licitación.
Sin embargo, la relación entre la diputada Violeta Cerrillo y la representante de Comercializadora El Lago va más allá, pues en la misma Plataforma Nacional de Transparencia consta un contrato de prestación de servicios profesionales (otra modalidad de la “estafa legislativa”) a nombre de María Fernanda Contreras Rodríguez, con vigencia del 29 de noviembre al 31 de diciembre, periodo en el que laboró como asistente de la diputada Cerrillo Ortiz y también cuando se emitieron las facturas por concepto de alimentos para la misma diputada. ¿Conflictos de interés?
Y si vamos más atrás, Contreras Rodríguez también laboró como auxiliar en el Cabildo del Ayuntamiento de Guadalupe, asistiendo a la entonces regidora priísta y luego morenista Violeta Cerrillo, entre el 2017 y el 2020.
Según comentan sus excompañeros de trabajo, desde entonces la hoy diputada utilizaba a empresas como Comercializadora El Lago para “justificar” su partida de ayudas sociales, esas famosas “herramientas legislativas” que ahora condena en la 64 Legislatura, pese a haber votado a favor de revivirlas. Lo bueno es que los de MORENA no van detrás del “cochino dinero”.
