Sería octubre del año pasado cuando José Ignacio Sánchez González fue nombrado director del Issstezac por la Junta Directiva. Bastó su nombramiento para que los pagos de la mayoría de las pensiones comenzaran a fluir, pese a la insistencia de la nueva gobernanza en que “no hay, no hay, no hay”.
Inicialmente, el director del Instituto afirmó que el gobierno anterior solo había dejado 5 millones de pesos en el Fondo de Pensiones que eran insuficientes para el pago a jubilados y pensionados; y sin embargo, se les pagó excepto en aquellos casos que consideraron “pensiones doradas” ante sus ojos de austeridad republicana. Pero nada más falso.
De acuerdo con los Informes financieros del Issstezac, al cierre del tercer trimestre del 2021 el Instituto tenía un saldo a favor superior a los 2 mil millones de pesos, de los cuales más de 104 millones correspondían a flujos de efectivo.
El pésimo manejo financiero se muestra en los mismos Informes financieros correspondientes al cuarto trimestre del año, que revelan un subejercicio por 204 millones 75 mil 750 pesos, de los cuales tan solo 146 millones 163 mil 860 pesos correspondían al pago de pensiones y jubilaciones.
Y es que, según las notas al estado de las actividades, se precisa que derivado de la investigación ASE-INV-03/2020, del 15 de septiembre del 2010 al 31 de enero del 2020, en específico a la observación EXP-INV-ISSSTEZAC-018 Observación 18, en el mes de diciembre el Instituto no realizó pago por concepto denominado “aguinaldo” a pensionados y jubilados equivalente a 40 días de pensión, por un importe aproximado de 104 millones de pesos.
Como se recordará, en dicha auditoría especial, la Auditoría Superior del Estado (ASE) recomendó realizar las acciones correspondientes e implementar las medidas pertinentes y/o necesarias para que se suspendan los aguinaldos que se otorgan fuera del marco legal para los pensionados que cotizan con la Ley del Issstezac de 1986.
Todo se debía a que en la Ley del Issstezac, promulgada en el año 2015, en su artículo 74, aparece la figura de aguinaldo, pero para las nuevas generaciones de trabajadores, exceptuando a los pensionados bajo la Ley del Issstezac de 1986 y los pensionados de transición con la ley del año 2015.
Sin embargo, fueron más de 400 demandas interpuestas por más de mil pensionados y gran parte ya han sido ganadas desde entonces, donde los tribunales federales les han dado la razón y el Instituto se ha visto obligado a pagar los recursos retenidos, so pena de incurrir en delitos penales.
Solo que las cuentas no cuadran y las mentiras de Sánchez González tampoco, pues siguiendo con las notas al estado de las actividades, se demuestra que al cierre del año pasado había ingresos por recuperar a corto plazo por 429.3 millones de pesos, correspondientes principalmente a cuotas y aportaciones de organismos incorporados al régimen del instituto, recursos que se pretendía recuperar durante el primer trimestre del 2022, pero que dan cuenta de que entes como el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y municipios no enteraron sus cuotas y aportaciones como debían.
Eso sí: el Issstezac siguió siendo la caja chica, como en gobiernos anteriores, pues los flujos de efectivo se redujeron drásticamente al mínimo disponible, mientras aumentaba el gasto en servicios personales y en gasto corriente, pese a que la propia Ley del Issstezac prohíbe destinar recursos del fondo de pensiones para estos conceptos. ¿A dónde se fugó el recurso en la administración que “no miente, no roba y no traiciona”?
Lo cierto es que con estos manejos financieros tan cuestionables, la vida del Instituto tiene los días contados y no hay visos de que se apruebe una nueva reforma a la Ley del Issstezac, esa que hubiera podido pasar sin problemas teniendo una mayoría oficialista en la 64 Legislatura.
En la Legislatura, ¿culpa manifiesta?
A propósito de la 64 Legislatura, diputados del bloque oficial insistieron por enésima vez que el “bloque plural ampliado” (no es broma) hizo cambios en las comisiones legislativas y en los órganos de gobierno para revivir las herramientas legislativas.
Y no conformes, porque su mentira se cae fácilmente, advirtieron que podría haber otra “estafa legislativa” porque las principales posiciones quedaron en manos del “bloque plural ampliado”: Enrique Laviada en la Mesa Directiva; Xerardo Ramírez en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y Priscila Benítez en el órgano de Administración y Finanzas. Como quien dice: los “indeseables” para cierto personaje federal.
Entre sus acusaciones, los diputados Maribel Galván, Armando Delgadillo, Violeta Cerrillo, Roxana Muñoz, Analí Infante y Nieves Medellín advirtieron que el “bloque plural ampliado” tiene todas las condiciones para incurrir en una nueva “estafa legislativa” mediante las adquisiciones, ante la posibilidad de inflar facturas para desviar recursos.
Parecen conocer muy bien ese esquema, sobre todo la diputada Roxana Muñoz que repite curul pese a estar embarrada en el cochinero que destapó meses atrás el diputado Ernesto González. Y eso que son de la misma bancada… Con razón tan ausente en la conferencia de prensa. Lo bueno es que el bloque oficial no está peleando por cargos ni por recursos, ¿verdad?
Solo que en sus acusaciones, se pueden llevar a varios de su equipo entre las patas. Habrá que recordar que en el primer periodo ordinario, la diputada Susana Barragán era presidenta de la Mesa Directiva, Manuel Gallardo presidía la entonces Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas (PPF) y tanto Imelda Mauricio como Maribel Galván presidieron la entonces Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP).
Luego, en el segundo periodo, presidía la Mesa Directiva el diputado Xerardo Ramírez, mientras José Guadalupe Correa presidía la ahora JUCOPO y el diputado Armando Delgadillo en el órgano de Administración y Finanzas.
Nada más que, sin importar quiénes hayan presidido todas esas posiciones, se han facturado gastos que a todos involucran y de los cuales hoy se hacen de la vista gorda, como ya lo ha demostrado el periodista Andrés Vera en su portal Periómetro en diversas ocasiones.
Por lo pronto, el diputado Enrique Laviada, a nombre del llamado “bloque plural ampliado”, anunció lo que será la agenda legislativa “común” para el resto del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año constitucional.
Entre los temas a abordar destacan la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley para prevenir el desplazamiento forzado, la Ley de revocación de mandato (uno de los temas que reavivará varias fricciones), sin olvidar reformas a la Ley del uso obligatorio del cubrebocas, la convocatoria para renovar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y, al parecer, también la designación del órgano interno de control.
Entre los temas tampoco podría faltar la comparecencia de los titulares de Seguridad Pública, Secretaría General de Gobierno, de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, pues al parecer ya habría acuerdos avanzados e incluso se habría tenido respuesta positiva de varios funcionarios para rendir cuentas ante el Poder Legislativo, a reserva de que junto a la JUCOPO se acuerde el calendario para llevar a cabo las comparecencias. Aunque dicen que del plato a la boca se cae la sopa…
La deuda pendiente por el 17 de mayo
Si algo tiene a favor la 64 Legislatura es que aprobó la reforma al Código Familiar que permite los llamados “matrimonios igualitarios”, además de tipificar los crímenes de odio en el Código Penal, dos de las deudas pendientes con la comunidad de la diversidad sexual en Zacatecas.
Pero a propósito del 17 de Mayo, Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, aún hay tareas pendientes que no se deben dejar de lado, pues dentro y fuera de la comunidad lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual, queer y demás (LGBT+) parece prevalecer una especie de gerontofobia en el caso de la diversidad sexual y la agenda legislativa, política y social se ha concentrado en temas que atañen principalmente a las juventudes, dejando de lado a las necesidades de los adultos mayores, otro sector altamente vulnerable dentro de la diversidad sexual que ha sido estigmatizado y discriminado.
Tarea pendiente para legisladores y activistas.
