Para la nueva gobernanza, prácticamente se acabó el tiempo y poco o nada podrá incluir en el primer informe de gobierno, cuyo corte de información se realiza normalmente en el mes de junio, a menos que la Coordinación Estatal de Planeación que encabeza Ruth Angélica Contreras Rodríguez haga milagros en tiempo récord para “inflar de logros” el documento.
Más allá de que David Monreal tenga récord histórico en manifestaciones en apenas su primer año de gobierno, la parálisis ha sido el emblema de su administración, y por mucho que aún reniegue de las “herencias malditas”, son esas ”herencias” (y saludar con sombrero ajeno) las que le han dado material para decir que en los primeros meses ha hecho algo.
Atrás quedó el programa “100 días, 100 acciones” con el que pretendía arrancar su administración y muchos aún recuerdan aquel banderazo de arranque a las obras de pavimentación en la comunidad de Guadalupe de Trujillo, en Fresnillo, una obra que terminó por inaugurarse siete meses después de su arranque.
En su momento, el columnista Gabriel Contreras, en su portal Agenda Política, dio a conocer sendos vacíos en torno a la realización de la obra y que hacían sospechar sobre su legalidad. Hoy sabemos que se trató de una obra plagada de irregularidades.
De acuerdo con el portal Obra Transparente, de la Secretaría de la Función Pública, se sabe que la obra se adjudicó de manera directa, bajo el número de contrato SOP-ESTATAL-002-2021, a la empresa Triturados Santo Niño SA de CV representada legalmente por Jesús Manuel Rivera Bejarano, por un monto de 15 millones 893 mil 62.10 pesos (recurso 100% estatal), lo que a todas luces supera el monto máximo para adjudicaciones directas.
No es gratuito que el contrato no haya sido cargado a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) como parte de las obligaciones en la materia de la Secretaría de Obras Públicas y haberlo omitido hace sospechar aún más de la obra emblemática con la que inició el sexenio de la nueva gobernanza.
El contrato fue firmado el 14 de octubre del 2021, apenas cinco días después de que Guillermo Carrillo Pasillas fuera nombrado secretario de Obras Públicas y un mes después de que David Monreal diera el banderazo de arranque a las obras.
Además, en la cláusula tercera se establecía que la empresa contratista tendría 75 días naturales para la entrega de la obra, contados a partir de la firma del contrato; es decir, los trabajos debieron terminar a más tardar el 28 de diciembre, pero la obra fue inaugurada por el gobernador hasta el 22 de abril de este año. Incluso la SFP, en el portal de Obra Transparente, tenía como plazo límite el 28 de febrero y no se cumplió.
De la fianza de cumplimiento o la fianza de vicios ocultos, la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, no ha dicho una sola palabra. A menos que se trate de otra “artimaña” para hacerse de recursos, como ya ocurrió en Guadalupe con el retraso en el inicio de operaciones de la empresa Trash para la recolección de basura y la “multa” correspondiente (que nadie sabe, nadie supo a dónde ingresó el recurso).
Sin embargo, si de obra pública se trata, la nueva gobernanza ha dado muestras de que eso de mentir y saludar con sombrero ajeno se le da muy bien.
La última muestra la dio el gobernador David Monreal el pasado 23 de mayo durante una gira al municipio de Fresnillo, donde anunció una inversión superior a los mil millones de pesos para mejorar la infraestructura escolar en el estado.
Solo que el Programa Estatal de Obra 2022 (aprobado el 31 de marzo) únicamente tiene etiquetados poco más de 150 millones de pesos para el Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas (INZACE) que hoy encabeza José Luis de la Peña Alonso. ¿Será que el resto llegará desde la Federación a través del programa La Escuela Es Nuestra, ese que hoy se opera sin “intermediarios” que quieran colgarse el mérito?
Por si fuera poco, en la misma gira, el mandatario hizo entrega de diversas obras en la escuela primaria “Francisco Goitia” atribuyéndose la acción, cuando se trató de obras correspondientes aún al quinquenio de Alejandro Tello.
Se trata del contrato por licitación marcado con el número INZACE-932045994-E28-2021, con el que se benefició a Elpidia Vargas Chávez por un monto de 1 millón 751 mil 894.42 pesos y cuya firma se realizó el 19 de julio del año pasado.
La obra consistía en la rehabilitación de servicios sanitarios y cuatro aulas, cuya entrega debía realizarse a más tardar el 21 de enero de este año. Nuevamente, un retraso de meses en la entrega de las obras (incluso de las que correspondían a la administración anterior).
Un caso similar es la relocalización de un pozo en la comunidad de Santa Rita, en Vetagrande, cuya obra consta en el contrato por licitación marcado con el número PROAGUA-10-932075967-E24-2021, firmado el 9 de agosto del 2021 (aún en el periodo de Alejandro Tello) y asignado a GRUPO 13E S.A DE C.V, representada por Emilio Allan Nava Ruelas.
La obra, cuyo costo fue de 2 millones 471 mil 6.18 pesos, debía realizarse entre el 11 de agosto y el 18 de diciembre del 2021, como señala la cláusula cuarta del contrato; sin embargo, el pozo fue inaugurado formalmente por el gobernador David Monreal hasta el 8 de mayo de este año, es decir, cinco meses después de vencido el plazo.
El gran problema es que el gobernador tampoco pone de su parte y mucho se le podría atribuir el estancamiento de la obra pública en Zacatecas. Pongamos como ejemplo el arranque de los trabajos de ampliación y modernización en el libramiento Chaparrosa, en Villa de Cos.
La obra fue adjudicada de manera directa a SETECS Servicios Técnicos en Electromecánica, SA de CV, representada por María Josefina Pinales Sierra, bajo el contrato SOP-FEDERAL-015-2021 y con una inversión de 9 millones 402 mil 496.8 pesos provenientes del Fondo Minero.
El contrato fue firmado desde el 27 de diciembre del 2021 y los trabajos debían iniciar a partir del día siguiente; sin embargo, David Monreal decidió que el banderazo podía esperar hasta el 15 de enero del 2022.
Algo similar ocurrió en el caso de la ampliación y modernización de la carretera en la comunidad de El Machucado, en Pinos. El contrato SOP-FEDERAL-016-2021 se adjudicó de manera directa a Francisco Javier Ocampo Barragán, por un monto de 13 millones 841 mil 365.01 pesos, también del Fondo Minero.
El contrato fue firmado el 27 de diciembre del 2021 y los trabajos debían iniciar al día siguiente. El gobernador David Monreal nuevamente decidió que su agenda estaba muy ocupada y las obras arrancaron hasta el 17 de enero.
Lo curioso es que en ambos contratos los montos rebasan el tope máximo para adjudicaciones directas…
Muchas, bastantes, son las obras que aún quedan en la opacidad, ya sea porque no consta su registro en el portal de Obra Transparente de la SFP, o porque los contratos no figuran en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, sabemos de ellos por los comunicados de prensa cotidianos de la nueva gobernanza. Y apenas rascamos por encimita…
