Este martes continuará la toma de instalaciones del Hospital de la Mujer en Fresnillo, así como en el polígono de Ciudad Administrativa, en protesta por el próximo arranque del proyecto IMSSS-Bienestar en el nosocomio ubicado en El Mineral, sin dar certeza laboral a la base trabajadora.
Sin embargo, el problema parece ir mucho más allá y todo indica que no se resolverá en lo inmediato.
Mal hizo el gobernador David Monreal en comprometer con Zoé Robledo, director general del IMSS, el bien inmueble sin tener certeza jurídica sobre su posesión.
Resulta que desde el 3 de julio del 2017 se había formalizado un contrato de permuta entre María Guadalupe y María de los Ángeles Falcón Buenrostro y los Servicios de Salud de Zacatecas, entonces representados por Gilberto Breña Cantú, a fin de contar con el terreno donde se construiría el Hospital de la Mujer.
Solo que dicho contrato de permuta tenía cláusulas condicionadas y una especialmente que no se cumplió: el dotar de servicios básicos (sobre todo el drenaje y alcantarillado) suficientes para atender la demanda de los dos predios considerados en la permutación.
Y aunque en el inventario de bienes inmuebles de los SSZ (no del Gobierno del Estado) consultable en la Plataforma Nacional de Transparencia sí consta el Hospital de la Mujer en Fresnillo, en calidad de permuta, aún no había condiciones para proceder a ejecutar el proyecto IMSS-Bienestar hasta que se cumpliera con la cláusula condicionada.
Por ello, desde el 2021 el gobierno enfrenta acciones legales que obran en el expediente 215/2021 ante el Juzgado segundo del ramo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, por un Juicio Civil Ordinario de Cumplimiento de Contrato de Permuta, ante la negativa del Gobierno del Estado de llevar a cabo la ejecución y construcción del alcantarillado establecido en la cláusula condicionada.
Y no es que dicha obra se pueda realizar en un día para que el hospital híbrido IMSS-Bienestar pueda arrancar este 1 de junio, pero imaginemos que sí. En todo caso, el actual titular de los SSZ, Uswaldo Pinedo Barrios, aún tendría que enfrentar otro procedimiento legal: la solicitud a la 64 Legislatura para que autorizara la donación del inmueble al IMSS. Y así como están de empantanadas las cosas, es utópico pensar que esta donación será autorizada en “fast track”.
Pero supongamos que sí, que en un solo día se construye el alcantarillado requerido para tener certeza jurídica sobre el nosocomio, y que en el mismo día la 64 Legislatura aprueba la solicitud de donación, y que en el mismo día se formaliza el convenio para echar a andar el proyecto IMSS-Bienestar y se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el Diario Oficial de la Federación.
Aún así Pinedo Barrios se enfrentaría a la falta de claridad sobre los criterios para la integración del personal que laborará en el Hospital de la Mujer en Fresnillo y que, finalmente, fue el motivo de la manifestación de agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA) Sección 39, que lidera Norma Castorena.
Solo que el tema le estalló en las manos al secretario de Salud y su primera reacción, como juez y parte (ya que a conveniencia también firma como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección 29), fue alentar a agremiadas a su sindicato para motivar la confronta y desalojar a los manifestantes.
Eso de darle certeza jurídica al proyecto no parece estar entre los temas urgentes para Pinedo Barrios ni para la nueva gobernanza, que desde ayer mismo emprendieron una campaña de desprestigio en contra de agremiados al SNTSA y su líder sindical, a quien sí se podría cuestionar por qué hasta hoy se manifiesta (previo a la renovación de la dirigencia sindical) y no desde el 24 de noviembre, cuando se dio a conocer el proyecto. ¿En más de seis meses no tuvo capacidad de reacción?, ¿o utiliza al sindicato para sus propios intereses?
Y siguen las mentiras en la obra pública
Después de rascarle un poco a los contratos de obra pública de la nueva gobernanza, no solo ha surgido el cochinero que ya dimos a conocer el pasado lunes en este espacio, sino que hay otras observaciones a un gobierno que un día dice una cosa, y en los hechos demuestra lo contrarios.
Veamos por ejemplo el Programa Estatal de Obra, que en el 2021 contemplaba una inversión de 1 mil 781 millones 939 mil 113.69 pesos, mientras en 2022 se contemplan 1 mil 100 millones 135 mil 329.95 pesos. Es decir, la nueva gobernanza aplicó un recorte de 681 millones 803 mil 783.74 pesos, cuando en el discurso se ha dicho que se invertirá más a la obra pública.
¿Y qué cree? La obra emblemática con la que arrancó el sexenio, la pavimentación de la carretera Valparaíso-Guadalupe de Trujillo, en Fresnillo, ya estaba contemplada desde marzo del año pasado durante la administración de Alejandro Tello. ¡Qué cosas!
Pero si comparamos el PEO de uno y otro año, también se advierte cuáles son las prioridades de la nueva gobernanza. Por ejemplo, el año pasado la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) tenía considerada una inversión de 79.6 millones de pesos para 30 obras y este año serán 145 millones para solo 19 proyectos, en ninguno de los cuales se contempla la construcción de un nuevo relleno sanitario en Tlaltenango (a propósito de la supuesta clausura del tiradero en Cicacalco).
La propia Secretaría de Obras Públicas planteaba una inversión de 519.6 millones de pesos el año pasado para 45 obras de infraestructura, mientras este año la inversión aumentó a 597.8 millones para solo 23 obras, entre las cuales se engloban varias etapas de mantenimiento carretero en todo el estado.
Recorte habría sufrido el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, que pasaría de una inversión de 190.3 millones de pesos y 364 proyectos el año pasado, a 150 millones para 177 proyectos de infraestructura educativa. Lo bueno es que la educación es una prioridad.
También habría sufrido un severo recorte la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUVOT), que habría pasado de una inversión de 191 millones de pesos y 17 obras, a 47.2 millones para 46 proyectos.
Una situación similar estaría en el Instituto de Cultura Física y Deporte (INCUFIDEZ), que habría pasado de una inversión de 186.3 millones para 10 obras deportivas a solo 30 millones para dos proyectos. Solo que en este caso el presupuesto de la dependencia establece una partida de únicamente 20 millones de pesos para infraestructura deportiva este año.
Si usted creía que la seguridad estaba en las prioridades de la nueva gobernanza, los números dicen todo lo contrario, pues el año pasado se contemplaba una inversión de 46.5 millones de pesos en 15 proyectos para la Fiscalía General de Justicia del Estado y este año solo se consideraron 16.5 millones para 12 proyectos.
Y mientras el año pasado se planteaban 131.5 millones de pesos para 5 proyectos en otras dependencias relacionadas con la estrategia de seguridad, este año solo se consideran 21.1 millones de pesos para 20 proyectos.
En medio de estos números, quien sale ganando es la Secretaría de Desarrollo Social, que el año pasado tenía prevista una inversión de 39 millones para 77 proyectos y este año se contemplan 92.3 millones para 15 proyectos.
Por supuesto que los montos de inversión aún están sujetos a cambios, dependiendo de las circunstancias y el flujo de recursos, pero al menos desde ahorita ya nos damos una idea de las prioridades de la nueva gobernanza y, con la experiencia exhibida, también que la opacidad será un sello característico. ¿Dónde está la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, para poner orden? Ah, inflando las inhabilitaciones para tener algo que incluir en el informe de gobierno.
