En segunda sesión ordinaria de este jueves, los diputados Analí Infante (MORENA), Roxana Muñoz (PES) y Nieves Medellín (PVEM) presentaron una iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, en materia de violencia digital y mediática.
Al dar lectura a la exposición de motivos, la diputada Roxana Muñoz señaló que “es una necesidad legislativa construir un marco normativo que contemple las formas de violencia de las que las mujeres y niñas son víctimas, por ejemplo, la violencia digital y/o mediática que representa para este sector social un obstáculo para su acceso y uso de las tecnologías, comunicación e información digital y (tiene) consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas limitando el pleno ejercicio de sus derechos humanos”.
Por tal motivo, insistió que con la iniciativa “se busca que a nivel local se hagan los cambios normativos necesarios a fin de actualizar la norma y se ejecuten sanciones a quien o quienes reproduzcan estas conductas en detrimento de las mujeres de Zacatecas”.
Además, la iniciativa incluye un artículo 14 Quinquies “para establecer que tratándose de violencia digital o mediática para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o el juez, ordenarán de manera inmediata, las medidas de protección necesarias”.
Y no solo eso, pues dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección, se deberá celebrar la audiencia en la que la o el juez de control podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas, considerando la información disponible, así como la irreparabilidad del daño. Y las penas estarán sujetas a lo que ya dispone el Código Penal del Estado de Zacatecas.
La iniciativa, muy necesaria, fue suscrita por todos los grupos parlamentarios antes de que fuera turnada a comisiones para su estudio y dictamen. Hasta ahí todo bien si pensamos que se trata de una iniciativa progresista enfocada en proteger los derechos de las víctimas, adecuando la normatividad a una era digital donde mujeres y niñas han sido las principales víctimas de violencia digital y mediática (aunque no las únicas).
Sin embargo, analizando el contexto, se trata nada más y nada menos que del marco jurídico que requería la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, para interponer el pasado 4 de marzo la querella 1889/2022 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, donde acusó ser víctima de violencia política de género por parte de un medio de comunicación local y diversos periodistas.
Como se recordará, el pasado 11 de abril (demostrando que la justicia es pronta y expedita cuando se detenta el poder, más allá de una cuestión de género), Adriana Berenice Méndez Cortez, fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, habría dictado el acuerdo de medidas de protección número 905/2022.
Tales medidas, que tendrán vigencia durante 60 días, consistían en la “prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionadas con ellos”. Este acuerdo lo determinó en su momento la fiscal Méndez Cortez al considerar que “existe la necesidad de salvaguardar su integridad física e incluso su vida, derivado de la violencia física y psicológica que recibió”.
Con este ejemplo reciente, surge la sospecha sobre las “buenas intenciones” de los diputados promoventes Roxana Muñoz, Analí Infante y Nieves Medellín (todos, del bloque oficial en la 64 Legislatura), pues fueron los primeros en defender a la delegada federal en el caso citado, aun sin contar con el marco normativo adecuado al caso.
Y aunque la iniciativa es muy necesaria para proteger los derechos de quienes sí han sido víctimas de este tipo de delitos, también es el marco jurídico ideal para que la delegada de Programas para el Desarrollo, ahora sí, se convierta en una figura “intocable”, luego de que quedara evidenciada la parcialidad con la que actúan las instituciones procuradoras de justicia en Zacatecas.
La cuestión es que, si de aplicar la justicia se trata, este marco jurídico bien hubiera servido a la hoy alcaldesa de Juchipila, quien fue víctima de violencia digital y mediática luego del lamentable episodio ocurrido durante el pasado proceso electoral 2020-2021, mejor conocido como “el manoseo”.
También en este marco se insertan las agresiones de las que fue víctima la senadora Soledad Luévano cuando se atrevió a cuestionar el actuar del fiscal Francisco Murillo Ruiseco ante la ola de violencia e inseguridad que se vive en la entidad, más específicamente a raíz del homicidio del menor Caleb en el municipio de Fresnillo. Y nadie olvida que la delegada Verónica Díaz Robles formó parte de quienes promovieron estas agresiones.
Tampoco se pueden pasar de lado las agresiones promovidas en la virtualidad a manos de los “voceros oficiosos” en contra de figuras como las diputadas Priscila Benítez y Karla Valdez, o la líder sindical Norma Castorena, o incluso mujeres dedicadas al periodismo como Verónica Trujillo.
Olvidábamos que para el grupo promovente de la iniciativa, la justicia es selectiva y el marco jurídico puede ser forzado “a modo” con tal de seguir usando leyes e instituciones en favor de quienes detentan el poder. Nada ha cambiado desde el régimen priísta, en ese sentido. Lo bueno es que no son lo mismo, ni los mismos…
Fin de semana electoral
Este domingo 5 de junio se llevarán a cabo elecciones en seis estados del país donde renovarán gubernaturas. Y aunque son diversas las mediciones y encuestas realizadas, con resultados muy variados entre sí, hay al menos tres escenarios probables.
El primero, donde MORENA y sus aliados ganan cuatro de seis gubernaturas, exceptuando Aguascalientes y Durango.
El segundo, donde MORENA y sus aliados ganan las seis gubernaturas en disputa, incluyendo Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo.
El tercero (y para muchos, el más probable), donde MORENA y sus aliados ganan solo en Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, mientras la coalición PRI-PAN-PRD se queda con Aguascalientes, Durango e Hidalgo.
El resultado ya se verá el próximo lunes 6 de junio y hasta entonces se confirmará si Porfirio Muñoz Ledo tenía razón cuando aseguró esta semana que existía una alianza del gobierno en turno con el narcotráfico y la posibilidad de que este intervenga en la elección. Hasta entonces.
