Muy prestos para aprobar llamados a misa… perdón, “iniciativas de punto de acuerdo” de urgente y obvia resolución, diputados de la 64 Legislatura se han hecho de la vista gorda respecto a los temas importantes para Zacatecas e incluso han sido omisos con la Agenda Legislativa que ellos mismos habían acordado para el segundo periodo ordinario de sesiones, el peor en toda la historia del Poder Legislativo.
A prácticamente una semana de que concluya este periodo, la 64 Legislatura aún tiene pendientes varios temas, especialmente el bloque oficial que en abril pasado dio a conocer su Agenda Legislativa para este periodo, el cual termina el próximo 30 de junio.
Entre los temas más relevantes de esta agenda destaca la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como elegir a la nueva presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y al titular del Órgano Interno de Control.
No solo eso, también se ha quedado en buenas intenciones eso de establecer los lineamientos de austeridad y racionalidad en el gasto del Poder Legislativo, la Ley para la promoción y apoyo de la lactancia materna, reformas a la ley que regula el uso del cubrebocas, Ley de Fomento a la gastronomía zacatecana, reformas constitucionales relacionadas con una nueva la ley para la revocación de mandato o una ley reglamentaria del juicio para la protección de los derecho humanos, así como la ley para prevenir el desplazamiento forzado, cuyo dictamen apenas fue presentado este miércoles ante el pleno.
Pendientes también siguen otras iniciativas como reglamentar la sexta circunscripción federal, la credencialización y el voto en el extranjero; actualizar la Ley de Atención a Migrantes y sus familias; la iniciativa para la creación del Instituto de difusión de la fiesta brava en el estado; al igual que la reforma al Código Penal para sancionar la violencia en eventos deportivos.
De esta Agenda Legislativa son muy pocos los temas que ya fueron dictaminados en comisiones y que podrían votarse en la sesión del próximo martes 28 de junio.
De hecho, la sesión de este miércoles incluyó 27 puntos en el orden del día, de los cuales ocho se trataban de lectura de iniciativas que fueron turnadas apenas a comisiones, así como 13 lecturas de dictámenes listos (en teoría) para votarse antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones.
Sobra decir que gran parte del estancamiento en los trabajos legislativos derivó de los intereses por “cargos y oficinas”, las fricciones entre el bloque oficial y el bloque plural ampliado, el reacomodo de fuerzas tras la salida de las diputadas Priscila Benítez e Imelda Mauricio de la bancada de MORENA para adherirse a Nueva Alianza, sin olvidar la polémica por los cambios en la Mesa Directiva y el Órgano de Administración y Finanzas, cuyo titular Armando Delgadillo fue destituido en dos ocasiones por faltas graves al Poder Legislativo; entre muchos otros temas que involucran incluso la presunta intromisión de manos externas en las decisiones de los diputados.
Lo anterior ha derivado en llevar a tribunales las diferencias entre bloques, como la disolución del grupo parlamentario del PES, la destitución de Armando Delgadillo o los cambios en la integración de varias comisiones legislativas, producto de las imposiciones del bloque oficial en octubre del 2021 que impidieron en buena medida que dichas comisiones reunieran quórum para sesionar.
En el fondo, ha sido más el desgaste por aprobar exhortos a diestra y siniestra que por legislar de fondo en torno a leyes, códigos y reglamentos, evitando la simulación en la que han caído algunos diputados que presentan en bloque de tres sus iniciativas (y que la mayoría sirven para maldita la cosa).
Una cosa es cierta: la 64 Legislatura ha transitado sin llegar a acuerdos y mientras unos acusan que “no hay dinero para maicear”, otros se empeñan en señalar la intromisión de agentes externos en las decisiones de un Poder presuntamente autónomo.
Tan solo esta semana el gran tema de temas que revivió otro pendiente en la 64 Legislatura fue la seguridad, pues en el desgaste de 8 horas de discusión de un exhorto (¡otro exhorto!) al presidente Andrés Manuel López Obrador para replantearse la Estrategia Nacional de Seguridad, se incluyó otro exhorto para pedir la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín.
Y el tema permitió recordar que la nueva gobernanza ha quedado a deber con la solicitud de que comparezcan ante el pleno no solo el titular de la SSP, sino también la secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales; de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez; de Educación, Maribel Villalpando; de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, y de Desarrollo Social, Carlos Zúñiga.
El tema no es cosa menor. Hay tantos temas sobre los cuales la nueva gobernanza no ha informado ni ha mostrado la capacidad de resolver, que hasta el diputado José Guadalupe Correa ha presentado una iniciativa con la finalidad de que los secretarios de Estado comparezcan por lo menos dos veces al año ante el Poder Legislativo.
Porque vaya que han crecido los reclamos en torno a la estrategia de seguridad, y aunque la diputada Maribel Galván insista en que se requieren “datos científicos” para evaluar los resultados (porque descarta las mediciones del INEGI sobre la percepción de seguridad al señalar que “solo es percepción y no mide la realidad”), pues si no comparece el gabinete de seguridad no se podrán tomar decisiones que incidan efectivamente en una estrategia de seguridad fortalecida.
Y ahí no queda la parálisis, pues se extiende a la nueva gobernanza, que ya ha demostrado que lo suyo, lo suyo, es retrasar o vetar la publicación de decretos y acuerdos del Poder Legislativo, como ocurrió en el caso de las reformas donde se avala el matrimonio igualitario.
Habrá que recordar que apenas la semana pasada se aprobó una iniciativa para exhortar a la Secretaría de Educación de Zacatecas, encabezada por Maribel Villalpando, para que considere realizar adecuaciones al calendario escolar a fin de que las clases concluyan el próximo 15 de julio y no hasta el día 31.
Porque muchos padres de familia siguen en la idea de que este cambio en el calendario escolar ya es un hecho, cuando la realidad es que el Poder Legislativo únicamente exhortó (¡válgame con tanto exhorto!) a la dependencia correspondiente a que valorara esta adecuación y hasta que no se publique en el Periódico Oficial, nada nuevo hay bajo el sol. Así la transformación prometida por la nueva gobernanza…
