Este miércoles, el pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) determinó que la 64 Legislatura está obligada a responder a una solicitud de información muy peculiar.
Aunque se trata de una obligación en materia de transparencia, al parecer ocultó información respecto al área de adscripción, superior jerárquico, fechas de inicio y terminación de los contratos de 118 presuntos trabajadores del Poder Legislativo.
Y es que, a solicitud de un ciudadano mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Poder Legislativo respondió mediante un enlace de consulta de los datos que, efectivamente, no funciona. Pero además reservó la información referente a la fecha y monto de los contratos, una reserva que no fue confirmada por el Comité de Transparencia.
Lo único que se sabe, según la exposición de los comisionados del IZAI, es que no se acreditó que existiera algún daño si se entregaba la información pública reservada, pues el único argumento esgrimido fue que se encontraba en un proceso inconcluso de auditoría… pero tampoco presentó el acta de inicio.
Por eso los comisionados Fabiola Torres, Nubia Barrios y Samuel Montoya determinaron que el Poder Legislativo cuenta con un plazo máximo de cinco días hábiles para entregar la información requerida en la solicitud ciudadana.
La cuestión es que dicha solicitud sigue de manera pública en la PNT, y en la respuesta se advierte que el Poder Legislativo especificó que los 118 contratos solicitados corresponden al periodo del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2021; es decir, cuando ya estaba en funciones la 64 Legislatura.
Solo que dicha información habría sido declarada como reservada el pasado 22 de febrero por el Comité de Transparencia debido a un proceso de auditoría. El contenido del acta 08/II/2022, que sí puede consultarse en la PNT, ya había sido publicado con anterioridad por algunos medios de comunicación como La Jornada Zacatecas.
Ahí se señalaba una solicitud del entonces director de Administración y Finanzas, Álvaro Puente Ruvalcaba, para reservar dichos datos (luego de nueve solicitudes de información relacionadas entre sí) hasta que concluyera el proceso de investigación de la Auditoría Superior del Estado marcado con el expediente ASE-INV-036/2022, relativo a la revisión del ejercicio financiero 2021, luego de una denuncia que podría tener consecuencias administrativas e incluso penales.
La cuestión es que la PNT no es la única vía para acceder a la información de carácter público y la evidencia encontrada hasta el momento sugiere que también en la 64 Legislatura hubo una “estafa legislativa” con la contratación de servicios profesionales para auxiliares de los diputados.
Por ejemplo, en el portal de consulta pública de datos abiertos únicamente figuran cinco trabajadores en el Poder Legislativo en la modalidad de contrato por honorarios firmados a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2021. Ninguno corresponde con alguno de los 118 nombres que se mencionan en la solicitud de información disponible en la PNT.
Sin embargo, en el listado de declaraciones patrimoniales del cuarto trimestre del 2021, aunque abundan las declaraciones iniciales, únicamente aparecen las declaraciones de conclusión de los exdiputados de la 63 Legislatura.
Ya en el listado de declaraciones del primer trimestre del 2022, existen 23 registros de personas que hicieron su declaración inicial y de conclusión entre febrero y marzo (¿una contratación muy breve?), en la mayoría de los casos con apenas un día de diferencia en ambas declaraciones:
- Juan Pablo Murillo Paniagua (1 de marzo 2022 / 2 de marzo 2022)
- Leonardo Misael Chávez Carreón (8 de febrero 2022 / 8 de febrero 2022)
- María Alejandra González Martínez (25 de febrero 2022 / 22 de marzo 2022)
- Maricela García Padilla (1 de marzo 2022 / 2 de marzo 2022)
- Mireya Sandoval Hernández (1 de marzo 2022 / 2 de marzo 2022)
- Néstor Raymundo Lozano López (17 de febrero 2022 / 9 de marzo 2022)
- Reyes Guillermo Medina Carrillo (1 de marzo 2022 / 9 de marzo 2022)
- Silvia Ericka Rendón Rosales (1 de marzo 2022 / 2 de marzo 2022)
- Valeria Jocelyne Ponce Delgado (10 de marzo 2022 / 22 de marzo 2022)
- Yasmín del Rosario Santana García (1 de marzo 2022 / 2 de marzo 2022)
- Adán García Ramírez (2 de marzo 2022 / 2 de marzo 2022)
- Agustín Domínguez Estrada (11 de marzo 2022 / 11 de marzo 2022)
- Alma Delia Alvarado Campos (1 de marzo 2022 / 2 de marzo 2022)
- Ángel Fernando Moreno Silva (11 de marzo 2202 / 11 de marzo 2022)
- Arturo Velásquez Ramírez (1 de marzo 2022 / 2 de marzo 2022)
- Carlos Moral Pérez (25 de febrero 2022 / 22 de marzo 2022)
- Diego Alejandro Huitrón Félix (16 de febrero 2022 / 9 de marzo 2022)
- Guadalupe Jimena Martínez Reyes (2 de marzo 2022 / 2 de marzo 2022)
- Héctor Camacho Macías (8 de febrero 2022 / 8 de febrero 2022)
- Hugo Eduardo Acuña Campuzano (16 de febrero 2022 / 9 de marzo 2022)
- Jacinto Mendoza Cerceda (15 de marzo 2022 / 15 de marzo 2022)
- Javier González Salas (17 de febrero 2022 / 9 de marzo 2022)
- José Ortiz Martínez (11 de marzo 2022 / 11 de marzo 2022)
Curiosamente, de estas 23 personas no es posible encontrar su contrato, aunque sus nombres figuran entre los 118 trabajadores contratados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre del 2021, que en un breve periodo habrían devengado $49,239.76 pesos cada uno en ese lapso.
Sin embargo, fuentes al interior del Poder Legislativo han sugerido que se trataba de prestanombres, pues sus cheques habrían sido cobrados por la misma persona en la misma fecha. Y al menos 10 de estos nombres corresponden a auxiliares que laboraron al servicio del diputado Ernesto González Romo.
Y no hay que olvidar que para el cuarto trimestre del 2021, el Poder Legislativo aún disponía de poco más de 6 millones de pesos para la contratación de servicios profesionales.
¿Por qué Álvaro Puente Ruvalcaba habría solicitado reservar únicamente la información de las contrataciones correspondientes a la 64 Legislatura? Ya lo dirá el resultado de la investigación que realiza la ASE.
El desastre legislativo
Una vez más, y como se esperaba, la sesión legislativa de este miércoles fue un desastre. Más allá de iniciar tarde los trabajos como ya es costumbre, la polémica se generó desde el momento en que se ponía a discusión el orden del día, pues el bloque plural ampliado propuso incluir un punto en el que se ordenaba la destitución inmediata del diputado Armando Delgadillo Ruvalcaba como presidente del Órgano de Administración y Finanzas, por presunta “pérdida de confianza” luego de actuar de manera lesiva en contra del Poder Legislativo y a título personal.
Como el bloque oficial ya no es mayoría, por supuesto que el punto fue aprobado (aunque enviado a comisiones para su estudio y dictamen), lo que derivó en su enojo que se manifestó minutos después en el capricho de dar lectura a las sentencias del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) donde se instruía revocar dos acuerdos y restituir no solo al diputado en el OAF, sino la integración de las comisiones legislativas.
Y así procedió la diputada Marimar de Ávila, quien entre sarcasmo y burla, dio lectura a una sola de las sentencias antes de que el pleno se convirtiera en un pleito de mercado, principalmente motivado por las diputadas Roxana Muñoz (para variar) y Zulema Santacruz, hasta que el bloque plural insistió en que se violaba la normatividad, pues dicho punto solo se trataba de la lectura de una síntesis de la correspondencia, no de una lectura completa de los documentos.
Fue tal el enojo de la bancada oficial, que avanzada la sesión rompieron el quórum al salir del recinto legislativo haciendo berrinches porque la nueva mayoría otra vez los había sometido.
Solo que a este ritmo, quienes dijeron que no van “por cargos ni oficinas” son quienes más obstaculizan el trabajo legislativo por su berrinche de obtener “cargos y oficinas”.
