¿Y la solución para el Issstezac?

En junio de 2021, hace exactamente un año, el entonces gobernador Alejandro Tello envió a la 63 Legislatura un proyecto de reforma a la Ley del Issstezac que generó ámpulas y manifestaciones a diestra y siniestra.

Inicialmente se pretendió vender la reforma como un primer paso hacia una posible solución al tremendo bache en el que ha caído el instituto, pero con el tiempo se descubrió que dicha reforma planteaba abusos escandalosos en el cobro de pensiones.

Entre los principales puntos destacaba un incremento gradual en las aportaciones hasta que a partir del 2025 el porcentaje fuera del 16%, cuando hoy no rebasa el 12 por ciento. Además, se incorporaría al sueldo básico de cotización el concepto de aguinaldo o equivalentes, pero se reduciría la cantidad que perciben de 60 a solo 30 días.

Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos era aplicar la complementariedad de las pensiones del Issstezac y del IMSS, para que entre las dos dieran como resultado el 100% del sueldo regulador.

En ese entonces se argumentó que así se lograría la recuperación gradual del instituto y, en teoría, generaría las condiciones de viabilidad para dar soporte al sistema de pensiones.

No obstante, la iniciativa de reforma nació muerta, pues desde el inicio no contaba con el consenso de la base trabajadora, mucho menos de pensionados y jubilados. Por el contrario, generó inconformidad que después se manifestaría en múltiples protestas. Los afectados, finalmente, serían 25 mil derechohabientes y no era cosa menor.

Muchos recordarán que diputados de MORENA y sus aliados (que en ese entonces tampoco eran mayoría en la 63 Legislatura) pretendieron sesionar a puerta cerrada para dar un albazo y aprobar la reforma sí o sí. Incluso buscaron cambiar la sede al Museo Manuel Felguérez para aprobar la iniciativa en fast track.

Ese mero acto confirmó las sospechas de que la iniciativa se trataba de otro pacto entre Alejandro Tello y David Monreal para ceder la gubernatura a la 4T. Al exgobernador únicamente le correspondía enviar la iniciativa al Poder Legislativo, pero a la entonces oposición le tocaba cabildear y aprobar, cosa que no lograron (ni han logrado hasta la fecha) gracias a las protestas de sindicatos como el SITTEZ, el SUPDACOBAEZ y del SNTE Sección 58, sin olvidar el más reciente Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac.

Al parecer, la propuesta era solo un pretexto para delegar las pensiones al IMSS y despresurizar las finanzas del instituto, que hace tiempo se encuentran en números rojos, pero no era la solución real ni hacía justicia a los derechohabientes.

Desde entonces la iniciativa ha permanecido en la congeladora legislativa, al igual que la propuesta de reforma planteada en su momento por la diputada Alma Gloria Dávila, quien utilizando los recursos de las llamadas “herramientas legislativas” contrató a un despacho para realizar una auditoría externa de la cual pudiera surgir una alternativa de solución al Instituto, sin afectar a los derechohabientes.

Pero llegó la nueva gobernanza y, con ella, el estancamiento del Issstezac. Fue hasta el 6 de octubre que se nombró a José Ignacio Sánchez González como director del Instituto ante la presión por la falta de pago de las pensiones, que en su momento se atribuyó a la falta de recursos, cuando la realidad es que todo se debió a la falta de director y a que no se había instalado la Junta de Gobierno.

Las mentiras han continuado desde entonces, desde la presunta quiebra del Instituto cuando en realidad tenían subejercicio, hasta aplicar arbitrariamente una recomendación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para no pagar el aguinaldo a pensionados y jubilados, sin atender a otras más de 60 observaciones en la auditoría especial realizada al periodo 2010-2020.

Ese hecho motivó una serie de amparos (más de 400 promovidos por más de mil jubilados y pensionados) que hoy ya han sido ganados y que obligan a la autoridad a pagar sí o sí, una sentencia que no han acatado en los plazos que dieron los tribunales y que podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales para el director José Ignacio Sánchez y para el gobernador David Monreal.

Para dimensionar: se trató de 141 millones de pesos que no se pagaron en diciembre de 2021 y enero de 2022 por concepto de aguinaldos, y así consta en las notas a los Informes financieros del instituto, pese a que hoy los tribunales han dado la razón a pensionados y jubilados.

Pero no solo eso, con la nueva gobernanza se han retenido los recursos para las llamadas “pensiones doradas” hasta que se determine si se otorgaron de manera legal o ilegal e incluso Sánchez González ya ha amenazado con hacer un recálculo de pensiones tan solo porque a los ojos de la “austeridad republicana” de la nueva gobernanza resultan obscenas y hasta ofensivas. Ojalá así pensaran de la “nómina secreta” de la cual la Función Pública no ha dicho ni pío…

Lo anterior ha derivado en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) que tampoco ha sido atendida y que obligó a la ombudsperson Ma. de la Luz Domínguez Campos a enviar hace unos días una solicitud a la 64 Legislatura para citar a comparecer al director del Issstezac por no atender a la recomendación, considerando que se vulneran los derechos de pensionados y jubilados.

En el fondo, la principal pregunta sigue siendo: ¿dónde están los millones del desfalco y dónde están los responsables? De ahí la reciente manifestación del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac para presionar al auditor Raúl Brito Berumen y que actúe en contra de quien o quienes fueron responsables de llevar a la quiebra al Instituto, y de paso continuar exigiendo que se cumpla la sentencia de los tribunales para recibir los recursos que por derecho les corresponden.

¿Optará la nueva gobernanza por declarar en quiebra al Issstezac o buscará alternativas reales de solución?