Sorpresivamente, el pasado viernes fueron bajados del orden del día cuatro puntos que serían abordados en sesión de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de los expedientes SM-JDC-67/2022, SM-JDC-68/2022, SM-JDC-40/2022 y SM-JDC-41/2022. Todos, relativos a Zacatecas, específicamente a la 64 Legislatura, promovidos por el bloque plural en contra de las decisiones tomadas por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) y que interfirieron en la autonomía del Poder Legislativo.
Como se recordará, en sesión del 26 de mayo, y en apenas 15 minutos, los magistrados del TRIJEZ Yuen Reyes, Gloria Esparza, Rocío Posadas y Teresa Rodríguez resolvieron tres juicios, todos favoreciendo a MORENA y sus aliados de manera ilegal.
Por un lado, resolvieron revocar el acuerdo #100 para restituir al diputado Armando Delgadillo en la presidencia del Órgano de Administración y Finanzas hasta que concluya el periodo el próximo 7 de septiembre.
Por el otro, resolvieron revocar el acuerdo #108 en el que se realizaban cambios en la integración de comisiones y determinaron que estas se mantengan tal como las aprobaron MORENA y sus aliados de forma arbitraria en octubre del 2021.
Y también desecharon el juicio interpuesto por el bloque plural para inconformarse por la retención de recursos al Poder Legislativo, y todo porque se confirmó que la ministración correspondiente al mes de mayo ya se había pagado en su totalidad (casualmente, el mismo día que sesionó el Tribunal).
Sin embargo, al mismo tiempo que el TRIJEZ contribuía a la parálisis legislativa, el mismo día 26 de mayo en la Sala Monterrey del TEPJF se resolvía el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano marcado con el expediente SM-JDC-52/2022, y que representa un caso idéntico al de Zacatecas.
Al parecer, en el Congreso del Estado de Tamaulipas, un diputado decidió cambiar de grupo parlamentario y esto se tradujo en un cambio en la integración de comisiones, tal como ocurrió cuando en Zacatecas, la diputada Priscila Benítez decidió abandonar el grupo parlamentario de MORENA y sumarse a la bancada de Nueva Alianza.
En el juicio relativo a Tamaulipas, los magistrados Claudia Valle Aguilasocho y Ernesto Camacho Ochoa, así como la magistrada en funciones Elena Ponce Aguilar, resolvieron confirmar la resolución del Tribunal local en la que se determinaba que no se trataba de un asunto concerniente al derecho electoral, porque no se afectaban los derechos político electorales de un ciudadano ni le impedía su representatividad al interior del Poder Legislativo, sino que formaba parte del derecho parlamentario, donde el propio Poder Legislativo se rige por sus leyes y reglamentos para estas decisiones internas en las que no pueden intervenir otros órganos.
De hecho, en la misma resolución se mencionan casos similares en el último año, como los juicios SUP-JE-281/2021 y sus acumulados; SUP-REC-49/2022 e incluso la Jurisprudencia 2/2022, donde se distingue entre asuntos que son competencia del derecho parlamentario y en los que sí se vulnera algún derecho político electoral y competen, valga la redundancia, al derecho electoral.
Solo que en este último caso, para ser competencia del derecho electoral, un diputado o diputada tendría que haber sido excluido de una votación para formar parte de la Comisión Permanente o que se le impidiera formar una fracción parlamentaria al interior del Congreso. Y ninguna de estas condiciones se reúne para el caso de Zacatecas.
Así lo ha dejado en claro la Sala Superior del TEPJF respecto a los actos de índole parlamentaria: “estos serán competencia del ámbito electoral cuando involucren o se alegue la vulneración del derecho de las y los impugnantes a ser votadas, en la vertiente del ejercicio del cargo, cuando consideren que fueron indebidamente excluidas de formar o tomar parte de la toma de decisiones de las cuales la Ley les confiere ese derecho y ese se vincula directamente con el ejercicio del cargo legislativo, ya sea el caso, como lo determinó la Sala Superior, cuando se excluye a una fuerza política de formar parte de la Comisión Permanente o se le impida formar una fracción parlamentaria al interior del Congreso”.
Todos estos fundamentos jurídicos ya los había expuesto en diversas ocasiones el diputado Jehú Salas, tanto en ruedas de prensa como en el pleno de la 64 Legislatura, y hoy que el caso vuelve a figurar en los asuntos de la Sala Monterrey, todo indica que los magistrados deberán resolver en el mismo sentido, dándole la razón al bloque plural.
Solo que la decisión del Tribunal llegará muy tarde para destrabar la parálisis legislativa, que al menos se estancó en mayo y junio, cuando el bloque de MORENA y sus aliados decidió emprender una ruta judicial para obstaculizar el trabajo del Poder Legislativo, aún sabiendo que no tenían la razón.
Queda claro que para el bloque oficial, lo suyo no es la autonomía del Poder Legislativo, sino abrirle la puerta a intereses externos para intervenir en las decisiones de los diputados. Ya se había demostrado con la solicitud de vetar la reforma constitucional que permitiría a los legisladores entregar “ayudas sociales”, pese a que la reforma contó con el voto de 27 diputados (incluyendo del bloque oficial) y ahora con la intervención del Tribunal Electoral donde no tenía competencia.
Con esta nueva derrota anticipada para el bloque oficial, no se espera un cierre de periodo ordinario muy terso, y es probable que se ponga en riesgo la elección de la nueva presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y del titular del Órgano Interno de Control, a menos que quienes dicen no ir “por cargos ni oficinas” (y que, efectivamente, van “por cargos y oficinas”) muestren altura de miras y empiecen por ceder a la congruencia y la legalidad y no se sigan aferrando a la necedad de la nueva gobernanza.
Se juntaron las corcholatas
Luego de berrear y casi casi publicar otro capítulo de “La Infamia” versión 4T, el senador Ricardo Monreal fue invitado a otra ronda de actos anticipados de campaña… perdón, “asambleas informativas” en el estado de Coahuila junto a otras corcholatas… perdón, aspirantes a la candidatura a la Presidencia en el 2024.
Dichas asambleas iniciaron hace dos semanas en el Estado de México y continuaron en Coahuila, dos entidades que casualmente renovarán sus gubernaturas en el 2023. En la primera se busca impulsar la candidatura del senador Higinio Martínez y el Grupo Texcoco, mientras en la segunda se pretende llevar a la gubernatura al senador Armando Guadiana.
Sobra decir que el primero no lleva una relación tersa con Monreal Ávila, mientras el segundo prácticamente destapó al zacatecano como presidenciable en un evento realizado en Saltillo, Coahuila, desde mayo del 2021 y por supuesto, no podía faltar en el evento de las corcholatas este fin de semana.
En la “asamblea informativa” realizada en Coahuila estuvieron Claudia Sheinbaum, ya recuperada del COVID-19 y acompañada por el dirigente nacional del partido, Mario Delgado; Adán Augusto, quien se impuso con buen músculo, así como Ricardo Monreal, arropado por el senador Armando Guadiana y acarreados de la Secretaría de Administración que encabeza Verónica Yvette Hernández López de Lara. Solo se ausentó Marcelo Ebrard.
Pese a la insistencia en los llamados a la unidad, fue claro quién se decantó por hablar de las divisiones y la exclusión, además de reconsiderar los estatutos del partido para la elección de candidatos. Solo que cuestionar lo que dicen los documentos básicos amerita un procedimiento de la Comisión de Honestidad y Justicia que debería terminar en la expulsión del partido. ¿Se prestarán en MORENA a otro juego de victimización?
