No bastaron los 793 homicidios dolosos y las 538 personas desaparecidas y no localizadas que se han documentado desde que David Monreal es gobernador.
El senador zacatecano Ricardo Monreal primero exhortó al presidente Andrés Manuel López Obrador a replantearse la estrategia nacional de seguridad luego del asesinato de dos sacerdotes jesuitas ocurrido en la sierra de Chihuahua, antes que llamar la atención sobre lo que pasa en Zacatecas desde hace meses.
Sin embargo, lo ocurrido en la sesión ordinaria de este martes en la 64 Legislatura también es digno de análisis, al ser la primera ocasión en la que se recurre al voto de calidad del presidente de la Mesa Directiva para resolver un empate en la votación de una iniciativa.
Fue la diputada Cuquita Ávalos quien hace unas semanas había presentado una iniciativa para que las autoridades se replantearan la estrategia de seguridad en el estado y, ante la insistencia del diputado Ernesto González Romo, la propuesta fue modificada con la finalidad de que tuviera el respaldo de los 30 legisladores y así se enviara un mensaje en unidad hacia la Federación.
La iniciativa modificada fue aprobada este martes, luego de ocho horas de discusión en las que al final se agregó una reserva propuesta por el diputado Enrique Laviada para también exhortar al secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, a renunciar a su cargo y al Ejecutivo estatal, para que le aceptara la renuncia de inmediato y nombrara a otro responsable.
Y mientras diputados del bloque oficial defendían la iniciativa lograda por consenso entre los 30 diputados para dirigir el exhorto únicamente al Presidente de la República, el bloque plural ampliado insistía en cada intervención en exigir la renuncia del titular de la SSP, lo que derivó en la larga discusión que amenazaba con romper el acuerdo de unidad luego de la reserva presentada por Laviada Cirerol.
Lo dijo muy claro la diputada Gaby Basurto: “el exhorto fue aprobado por los 30 diputados porque no va dirigido a David Monreal, sino al Presidente, porque si se dirigiera al gobernador, no lo aprobaban”.
Sin querer, queriendo, el diputado José Luis Figueroa recordó que Adolfo Marín ya había presentado en tres ocasiones su renuncia al cargo en un lapso de siete meses, un tema que retomó la oposición para insistir en la reserva, aunado a lo dicho por la diputada Priscila Benítez, quien señaló que desde su llegada al cargo los municipios han reclamado la presencia del secretario a tal grado que muchos alcaldes ni siquiera lo conocen, mucho menos ha habido la coordinación que tanto presume la nueva gobernanza, sin olvidar que no hace mucho ya enfrentó una importante manifestación de policías estatales.
Y en general, diputados de ambos bloques recordaron que a pesar de insistir en la comparecencia del secretario, este se ha negado a atender la solicitud del Poder Legislativo, lo que impide saber qué ha faltado en la SSP para que la estrategia de seguridad funcione o si dicha estrategia requiere modificaciones en las que pueda intervenir la Legislatura.
Tampoco se pueden dejar de lado las palabras del diputado Armando Delgadillo, quien recordó el caso del exsecretario Jesús Pinto, a quien en el 2015 pidieron su renuncia y en el quinquenio de Alejandro Tello hubo otros tres secretarios en la misma circunstancia, mientras los homicidios se han mantenido a la alza.
Otros más señalaron que Adolfo Marín ni siquiera es de Zacatecas para conocer el escenario que se vive en el estado; sin embargo, al menos los últimos cuatro secretarios de Seguridad Pública han sido foráneos, ninguno originario de Zacatecas.
Finalmente, y a pesar del rechazo del bloque oficial, el exhorto fue aprobado junto con la reserva presentada y llevará la firma de los 30 diputados, aunque muchos prevén que tenga las mismas consecuencias que otros exhortos: ninguna.
Habrá que recordar que Adolfo Marín ni siquiera fue designado por el gobernador, es un perfil impuesto directamente desde la Federación, y este exhorto podría conducir a una nueva ruptura con Palacio Nacional… si es que todavía hay alguna relación.
Un detalle también llama la atención: ¿por qué la diputada Cuquita Ávalos votó en el sentido del bloque oficial y no respaldó a su propia bancada con la reserva presentada?, ¿ya cambiaron sus convicciones o le llegaron al precio?
Revés para Zulema Santacruz
Mientras esto ocurría en el pleno de la 64 Legislatura, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) resolvían sobre el Procedimiento Especial Sancionador TRIJEZ-PES-004/2022, presentado por la diputada Zulema Santacruz en contra del dirigente del Partido Encuentro Solidario Zacatecas, Nicolás Castañeda, por violencia política en razón de género.
Como se recordará, desde el pasado 9 de febrero el dirigente del partido había remitido al Poder Legislativo una solicitud para disolver la bancada del PES debido a que el partido había perdido su registro a nivel nacional y local; solicitud que derivó en un acuerdo de la Junta de Coordinación Política sometido a la consideración del pleno en sesión del 11 de mayo.
Sin embargo, aunque en dicha sesión se aprobó inicialmente disolver la bancada del PES, también se aprobó con 29 votos a favor una reserva presentada por la diputada Georgia Miranda para que las diputadas Zulema Santacruz y Roxana Muñoz (ambas integrantes de la bancada del PES) fueran reintegradas a la JUCOPO y al Órgano de Administración y Finanzas.
Hasta ahí todavía se mantenía el grupo parlamentario, pero fue sobre esta solicitud del dirigente partidista que Santacruz Márquez había solicitado el Procedimiento Especial Sancionador argumentando que había sido víctima de violencia política en razón de género (¿le suena el argumento recurrente del bloque oficial?), al considerar que con esta acción se pretendía limitar, anular o menoscabar sus derechos político electorales.
Solo que el pleno del TRIJEZ no le dio la razón, pues en su resolución determinaron la inexistencia de la infracción debido a que la solicitud de Nicolás Castañeda no se realizó por su condición de mujer ni reprodujo ningún estereotipo de género.
Con este antecedente, por supuesto que tampoco procedería un recurso similar en contra de José Manuel Balderas Castañeda y José Leonardo Ramos Valdez, secretario de Organización y coordinador de Administración y Finanzas del PES Zacatecas, respectivamente, quienes el pasado 3 de mayo habían presentado ante la 64 Legislatura una solicitud similar a la de Nicolás Castañeda para disolver la bancada del PES, solicitud que se tradujo en una iniciativa aprobada por el pleno el 14 de junio, aunque aún no se ha determinado la exclusión de la JUCOPO y del OAF de las diputadas que integraban la bancada.
Luego de esta controversia, hay quien cuestiona por qué no se han aplicado los mismos criterios para desintegrar la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), considerando que solo uno de sus miembros (la diputada Georgia Miranda) está afiliada al partido y no basta para conformar una bancada. El argumento podría ser válido, de no ser porque la dirigencia del Partido Verde no lo ha solicitado, como sí ocurrió con el PES Zacatecas.
Así pierde el tiempo la 64 Legislatura, que aún tiene pendiente por sacar adelante la designación de la nueva presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y del titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo antes de que concluya el segundo periodo ordinario el próximo 31 de julio.
