Para variar, en la sesión de este martes en la Comisión Permanente de la 64 Legislatura no podían faltar exhortos y más exhortos, como la insistencia en una visita de verificación a la Casa Hogar de Jóvenes de Zacatecas ante denuncias de maltratos; para garantizar la seguridad durante la FENAZA; para la generación de empleos y para empatar las vacaciones de la burocracia con el ciclo escolar, ante la indolencia de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, para acortar el periodo de clases.
Más allá de la iniciativa con la que se busca crear la Ley de Lactancia Materna en el estado, mucha polémica generó una iniciativa enviada por la diputada Zulema Santacruz con la que se pretende reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. ¿El motivo? La desaparición de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT).
Y es que en estos primeros 10 meses de la nueva gobernanza, más se ha especulado sobre la posible desaparición de dependencias como la Secretaría del Zacatecano Migrante (SEZAMI) que a la fecha sigue sin un titular en forma (hoy está como encargado del despacho Iván Reyes Millán), el Instituto de la Juventud de Zacatecas, el Instituto para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, el Instituto de Selección y Capacitación, entre muchas otras, mientras en el caso de la SEDUVOT, únicamente se esperaba la desaparición de algunas subsecretarías.
Por supuesto que la iniciativa tomó por sorpresa a varios, incluyendo a diputados del bloque oficial como Ernesto González Romo, quien solo alcanzó a señalar que la iniciativa es arriesgada y deberá ser analizada puntualmente, mientras otros legisladores como Xerardo Ramírez abiertamente declararon que rechazarán la iniciativa.
Con una pobre justificación, sustentada únicamente en la pretendida “austeridad republicana” y que regresen los recursos a “los que más lo necesitan”, la iniciativa contempla que las funciones de la SEDUVOT se distribuyan entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Coordinación General Jurídica.
Básicamente, los temas relacionados con el desarrollo de vivienda se trasladarían a la SEDESOL; la planeación, desarrollo urbano y movilidad pasarían a manos de la SOP y los temas jurídicos relacionados con la tenencia de la tierra, entre otros, quedarían a cargo de la Coordinación General Jurídica.
De hecho, en los transitorios de la iniciativa se especifica que una vez aprobada, esta surtirá efectos a partir del 1 de enero del 2023. Sin embargo, si al 31 de diciembre del 2022 quedaran expedientes o trámites pendientes de concluir, estos serán turnados a la SEDESOL, la SOP y a la Coordinación General Jurídica para que continúen su proceso.
¿Pero qué pasará con el personal que labora en esta dependencia? Los que estarían en vilo serían los funcionarios con nivel de secretarios, directores, subdirectores, secretarios técnicos, coordinadores, jefes de departamento y otros análogos de confianza que no estén dentro de las subsecretarías, pues sus nombramientos perderían vigencia con la entrada en vigor del decreto correspondiente de la reforma.
En algunos casos (solo en algunos casos) quedarían a disposición de la Secretaría de Administración para ser reubicados a otras subsecretarías afines a las funciones que desempeñaban, más o menos una disposición similar para los trabajadores de base que no formen parte de las subsecretarías, pero es bien sabido que hoy pretextos sobran para hacer recortes de personal en la nueva gobernanza…
Eso sí, los nombramientos de confianza de las subsecretarías mantendrían su vigencia en la administración pública, aunque estarían sujetos a la ratificación del gobernador David Monreal, tal como la llamada “nómina secreta” que se reparte mediante “Estímulos por Responsabilidad en el Cargo” aprobados específicamente por el gobernador o la secretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández.
Y por último, los trabajadores de base de las subsecretarías pasarían a formar parte de otras dependencias de la administración pública, sin que se les afecten sus derechos laborales.
En términos llanos: la iniciativa poco incidiría en el ahorro de recursos, pero sí abonaría a complicar los trámites que lleva la SEDUVOT y que ahora se distribuirían en tres dependencias, sin olvidar que no desaparecerían las tres subsecretarías que hoy existen en la Secretaría de Desarrollo Urbano, únicamente le dirían adiós a la titular, Laura Elvia Bermúdez.
Lo anterior hace pensar que la iniciativa enviada por la diputada Zulema Santacruz es más un chantaje para mantener en el cargo a su hermano Néstor Santacruz, actual subsecretario de Vivienda y quien desde hace meses acumula quejas y más quejas sobre su desempeño en el servicio público, sin mencionar que ya se le conoce como el “diputado 31” porque pasa más tiempo en el Poder Legislativo que en su oficina de Ciudad administrativa.
Sobra decir que la iniciativa no tendrá el respaldo requerido para su aprobación, pero sí pone sobre la mesa la cabeza de los hermanos Santacruz Márquez. ¿Seguirá perdiendo aliados la bancada oficial en la 64 Legislatura?
Más empréstitos
En la misma sesión de la Comisión Permanente, también llamó la atención la lectura de la síntesis de la correspondencia, pues se incluyeron dos solicitudes de los Ayuntamientos de Río Grande y de Sombrerete para la contratación de créditos que se destinarían a inversión pública.
En el caso de Río Grande, hoy presidido por el alcalde Mario Córdova, remitió un expediente técnico donde solicita la autorización para contratar un crédito simple hasta por 15 millones de pesos que se destinarían a la construcción de la primera etapa de una Central de Autobuses, una sala de velación, la Casa de la Mujer y un Albergue Canino.
Respecto al municipio de Sombrerete, presidido por el alcalde Alan Murillo, serían dos créditos, uno por 21 millones 880 mil pesos para construir un drenaje sanitario, y otro por 24 millones de pesos para la adquisición de paneles solares para pozos de agua.
Será que los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal son insuficientes para el desarrollo de los municipios, o que la nueva gobernanza les hincó el colmillo a través de dicho fondo y no les permiten disponer del recurso…
