Cada vez son más las voces que exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador replantear la Estrategia Nacional de Seguridad, esa que desde hace casi cuatro años se conoce como la política de los “abrazos, no balazos”.
Se parte de la hipótesis de que la pobreza y la desigualdad son factores determinantes en el incremento de la violencia y la delincuencia. De ahí se explica la enorme inversión en los llamados programas del Bienestar.
Y aunque en la teoría estos programas podrían contribuir a una mejora abatiendo las brechas de desigualdad y marginación, no hay que olvidar que los intermediarios, hoy llamados comúnmente como “súperdelegados”, operan su entrega mediante estructuras encaminadas a la compra de votos y menos a la gran meta resumida en la expresión: “por el bien de todos, primero los pobres”.
Pese a estas deficiencias en la operación de los programas del Bienestar, y que quedan demostradas en los análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), todo indica que el Presidente se mantiene empecinado en su Estrategia Nacional de Seguridad y a quien se ha atrevido a cuestionarla, no ha quedado inmune a las consecuencias.
Baste recordar que hace apenas unos días la Fiscalía General de Justicia Militar, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), citó en calidad de indiciado al general en retiro Mauricio Ávila Medina para que comparezca el próximo 7 de julio por la indagatoria CI/FGJM/SC/229/2022-2.
¿El motivo? Atreverse a cuestionar la Estrategia Nacional de Seguridad ante los elevados indicadores de violencia y las erradas estrategias para combatirlo. La gravedad del asunto es que a la comparecencia el general en retiro deberá ir acompañado de un abogado, porque para la justicia militar, sus actos ameritarían una severa sanción al generar tensiones entre las filas castrenses por su desacuerdo con las decisiones federales y estatales.
Por eso no es gratuito que el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, opte por seguir el guión de los “abrazos, no balazos” para evitar contradecir a la autoridad federal y enfrentarse, como Ávila Medina, a la justicia castrense.
Porque habrá que recordar que Adolfo Marín también es general en retiro y cuenta con una larga trayectoria de 45 años en la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque sus conocimientos hoy no se pongan en práctica ante la crítica situación que vive Zacatecas.
Así se entiende la danza de cifras alegres en su conferencia de prensa de este lunes, en la que “presumió” una baja del 40% en los homicidios dolosos respecto al 2021, pese a que hubo un incremento entre mayo y junio de este año, al pasar de 71 a 113 homicidios dolosos de un mes a otro. Pero todo es “percepción”.
En cambio, en el vecino estado de Aguascalientes se permiten diferir de la Estrategia Nacional de Seguridad y tomar las riendas del problema. Baste señalar que este domingo dos personas fueron asesinadas en su domicilio en la comunidad La Rinconada y al parecer los presuntos responsables del homicidio huyeron hacia Zacatecas.
De inmediato se instruyó reforzar la vigilancia en los límites con nuestra entidad con recorridos por tierra y aire de diferentes corporaciones, abarcando comunidades como La Rinconada, Ojo de Agua, Media Luna, Jaltiche y hasta la Presa los Serna.
Además, el propio secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz, anunció que en breve tendrá un encuentro con su homóloga de Zacatecas, Gabriela Pinedo, para integrar una estrategia de seguridad que blinde la zona limítrofe, especialmente en los tres meses que restan para la transición gubernamental en el vecino estado.
Solo que en la reunión únicamente se espera llegar a acuerdos en la estrategia con el Ejército y la Guardia Nacional; ahí no se incluye a las corporaciones estatales. ¿Por qué será? Tal vez se deba a que Morán Faz cuestionó duramente el número de homicidios dolosos que cada fin de semana van en aumento en Zacatecas, esos que solo son “invitaciones, llamados de atención, advertencias de la delincuencia, percepción”.
¿Ventana para la exportación pecuaria?
Se espera que este martes autoridades de Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas firmen un convenio de coordinación administrativa en materia de tuberculosis bovina con la finalidad de recuperar la acreditación de la región Centro-Occidente para exportar ganado de pie a Estados Unidos.
Sin embargo, no se augura un encuentro grato entre las entidades involucradas en la firma del convenio. Como se recordará, desde marzo del 2021 la unión americana detectó un caso de brucelosis en ganado proveniente de México, lo que llevó al Departamento de Agricultura a reclasificar el estatus zoosanitario en tuberculosis bovina para 10 entidades, incluyendo a Zacatecas, y retirarles la acreditación y certificación en sanidad animal.
La medida entró en vigor el pasado 16 de abril del 2021 y desde entonces no ha tenido variaciones sustantivas, una noticia no muy grata para los ganaderos zacatecanos, quienes en aquel entonces ya atribuían a David Monreal la responsabilidad del problema ante los pocos controles sanitarios para la movilidad animal.
Recuérdese el cochinero del Crédito Ganadero a la Palabra y las múltiples observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión a la Cuenta Pública 2019, observaciones entre las que se enlistaba la entrega de ganado enfermo, sin las condiciones zoosanitarias exigidas por los lineamientos del programa.
En esta red de complicidades también se involucraba a Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y se advertía sobre el riesgo de no cambiar la situación mientras no se destinara un presupuesto suficiente para sanidad animal.
De esto ya advertía la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión a la Cuenta Pública 2020, específicamente en la Auditoría de Cumplimiento 323-DE, relativa a la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente: Campañas Fitozoosanitarias.
Ahí se identificó que mediante Cuentas por Liquidar Certificadas fueron transferidos 1 mil 380 millones 983.7 mil pesos a los Fideicomisos de Fomento Agropecuario de los Estados (FOFAE) y a las Instancias Ejecutoras de las entidades de Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas, para la operación del Componente Campañas Fitozoosanitarias.
Al parecer, la recepción de los recursos se acreditó con recibos por un importe de 1 mil 377 millones 995.5 mil pesos, así como con reintegros de recursos que realizaron las Instancias Ejecutoras de los estados de Tlaxcala por 532.2 miles de pesos y Zacatecas por 2 millones 456 mil pesos.
Sin embargo, en el Pliego de Observaciones 2020-5-08B00-19-0323-06-001 se determinó un probable daño a la hacienda pública federal por un monto de 66 millones 629 mil pesos del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria debido a que los gobiernos de San Luis Potosí y de Zacatecas no comprobaron su recepción mediante Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
De ese monto, 27 millones 399.8 mil pesos corresponderían al Gobierno de Zacatecas. Nadie sabe dónde quedó el recurso y desde entonces nadie ha dado la cara ante los productores afectados. ¿Herencias malditas?
Impugnarán sentencia
Mientras el bloque oficial se dijo conforme con la resolución de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el bloque plural ampliado anunció que recurrirán ante la Sala Superior para que delibere sobre el caso de la integración de las comisiones legislativas. La controversia sería presentada en los próximos tres días.
Según el bloque plural ampliado, los magistrados de la Sala Monterrey contradijeron una decisión similar tomada por ellos mismos hace tres semanas respecto al Congreso de Tamaulipas, por eso confían en que el órgano máximo les dé la razón.
Sin embargo, asegura que esta controversia no afectará las decisiones que se tomen en este periodo en las comisiones legislativas, por lo que se tendrá certeza y legalidad en ese sentido, mientras resuelve la Sala Superior. Ahora solo falta que desquiten su dieta y se pongan a trabajar.
