Concentrados en medir la “superioridad moral” de cada bloque, a los diputados de la 64 Legislatura les pasó de noche la importancia de la iniciativa que aprobaron en sesión ordinaria de este jueves, la última del segundo periodo ordinario del primer año constitucional.
Se trata de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, la cual tenía más de dos décadas vigente sin que se hubiera armonizado con otros ordenamientos de carácter federal y estatal.
Para dimensionar: en los últimos 20 años no solo se ha transformado el sistema de justicia mexicano, al pasar del sistema penal acusatorio al sistema penal adversarial de juicios orales y procedimientos abreviados. También ha implicado la derogación de 53 de los 129 artículos (y otros más) que se han reformado o adicionado, lo que ha derivado en numerosas lagunas legales en el Poder Judicial que inciden directamente en garantizar una justicia pronta y expedita.
La reforma aprobada tampoco es cosa menor, en el fondo se trató de una muestra del nivel político que debería prevalecer en Zacatecas, pues la iniciativa presentada por el magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no solo fue consensuada y trabajada con magistrados, jueces, proyectistas y demás personal del Poder Judicial, sino que también llevaba el respaldo del gobernador David Monreal como jefe del Ejecutivo, y de los diputados de la 64 Legislatura. ¿Cuándo se había visto una iniciativa con el respaldo de los tres Poderes del Estado?
Tampoco es que la expectativa fuera alta, considerando el nivel de debate al que están acostumbrados los diputados de la 64 Legislatura. Sin embargo, esta reforma (aprobada en cinco minutos sin entrar en discusión ni posicionamientos, como quien pasa lista de asistencia) implica cambios significativos para la modernización del Poder Judicial.
Se trata de una reforma integral con principios fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la no discriminación, la autonomía e independencia, legalidad, imparcialidad, honradez, capacitación y actualización constante, ingreso, permanencia y ascenso por mérito, disciplina, eficiencia, eficacia e integridad.
Además, no es cosa menor que entre las reformas se fortaleciera y transparentara la carrera judicial, cerrando cualquier posibilidad de nepotismo y estableciendo reglas claras para la promoción y escalafón de los trabajadores del Poder Judicial.
Queda claro que en el pleno del Poder Legislativo actualmente ni siquiera dimensionan lo que someten a consideración de la asamblea cuando dedican más de ocho horas a la discusión de un exhorto (que ni siquiera ha tenido consecuencias), pero aprueban en menos de cinco minutos una de las reformas más importantes en al menos las últimas siete Legislaturas.
Clausuran periodo ordinario
Entre lágrimas y risas, buenos deseos y mensajes de optimismo, así despidieron los diputados locales el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año constitucional, un día antes de que la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva sobre cuatro expedientes del Poder Legislativo que darían certeza y legalidad a las decisiones tomadas en los últimos seis meses.
Fue evidente que a estas alturas los diputados de la 64 Legislatura se encuentran desgastados por las rencillas internas entre el bloque oficial y el bloque plural ampliado. Incluso varios se abstuvieron de intervenir en tribuna para seguirle echando leña al fuego.
Y mientras de uno y otro lado insistían en dejar de lado las diferencias político partidistas (o los pleitos personales) y poner por encima de todo el interés de los zacatecanos, no faltaron diputados como Violeta Cerrillo que seguían enfrascados en la discusión de los “cargos y oficinas”.
Mientras la diputada Gaby Basurto señalaba en tribuna que actualmente al Poder Legislativo “nadie le hace caso” e insistía en el llamado a “hacerse respetar” porque “para los pleitos se necesitan dos partes”, la neomorenista Cerrillo Ortiz volvía a sacar el desgastado tema de la violencia política en razón de género y los agravios en contra de la diputada Zulema Santacruz, al ser excluida de las decisiones en la Junta de Coordinación Política pese a que, dijo, los zacatecanos habían votado por ella. Se le olvidó que Santacruz Márquez llegó por la vía plurinominal.
Por eso fue contundente la respuesta de Gaby Basurto: “hay a quien le interesan más los derechos político electorales, a mí me interesan más los derechos humanos”, tras recordar la negativa a la comparecencia de la Junta Directiva del Issstezac para que explicara la negativa a acatar una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (cuya presidencia sigue acéfala por la falta de consensos).
Siguiendo con el orden del día, la diputada Susana Barragán aprovechó para subir a tribuna, por segunda ocasión, las quejas de la ciudadanía en torno al trato recibido en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Antonio Viesca, y se aprobó exhortarlo a que informara en un término de 15 días (¿hábiles?, ¿naturales?) el total de citas procedentes para tramitar la expedición del pasaporte y cuántas habían sido improcedentes (y el motivo), del 1 de enero a la fecha.
Aunque la iniciativa tuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios y fue aprobada de urgente y obvia resolución, sobra decir que no prosperará (e incluso hubiera sido más rápida una solicitud de información vía transparencia), pues la solicitud debió dirigirse al canciller Marcelo Ebrard, ya que el Poder Legislativo estatal no tiene injerencia respecto a un delegado de otro nivel de gobierno.
En la misma sesión también se eligió a quienes integrarán la Comisión Permanente, la cual quedó conformada por Gerardo Pinedo como presidente, las diputadas Imelda Mauricio y Cuquita Ávalos como secretarias, así como Armando Delgadillo, Marimar de Ávila, Herminio Briones, Martha Elena Rodríguez, José Juan Estrada, Xerardo Ramírez, Ernesto González Romo y Fernanda Miranda como vocales.
Ya hacia el cierre de la sesión, en asuntos generales, el diputado David González enlistó una serie de virtudes observadas entre diputados de la 64 Legislatura, de quienes dijo les faltó voluntad para privilegiar el diálogo y el consenso.
El remate de la sesión fue un jalón de orejas: “no gana más el que grita más; no asusta más el que amenaza más”. Así las cosas en el Poder Legislativo. Es cuanto.
