Al menos cinco homicidios ocurrieron en los municipios de Luis Moya, Guadalupe y Fresnillo durante la visita de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a este último municipio.
El recuento de cifras fue el mismo que ya ha informado cada lunes el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín: una baja en delitos como homicidio, secuestro, robo a casa habitación, robo a transportistas y hasta la violencia familiar; solo reconoció un alza en delitos como la extorsión y el narcomenudeo.
Más allá de las “cifras alegres”, la secretaria federal anunció tres compromisos con Zacatecas: enviar un cuerpo de inteligencia operativo para combatir el delito de homicidio y que se coordinará con las fiscalías; apoyar en regularizar la certificación de policías municipales y estatales; así como capacitar a las policías municipales para incorporarlas a la Estrategia Nacional de Seguridad.
De estos tres compromisos, solo el primero es novedad, pues los otros dos ya se habían anunciado durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre pasado, cuando se puso en marcha el Plan Zacatecas II. Y baste recordar que, según cifras de la propia SSP, hay un rezago importante en la certificación de policías, con menos del 20% de la meta anual.
Tres datos fueron clave en la intervención de Rosa Icela Rodríguez: por una parte, derivado del Plan Zacatecas II, se ha enviado a la entidad unos 4 mil 799 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, además del compromiso de construir 13 cuarteles de la Guardia Nacional, de los cuales cuatro están en proceso y cinco en planeación para este año; sin olvidar la detención de más de 60 objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia.
Todo lo anterior deja ver que desde la federación sí se ha enviado apoyo y, aparentemente, han estado cumpliendo con su función. Sin embargo, el discurso de la coordinación se diluye cuando continúan los homicidios un día sí y otro también (incluyendo a menores de edad), o cuando la Guardia Nacional debe asumir las funciones de vigilancia en los municipios que aún no cuentan con policías municipales.
Entre líneas, Rosa Icela Rodríguez dejó ver que el estado no está haciendo su parte en delitos que son del fuero común, mientras la federación se concentra en los delitos de su competencia (y aún así, hubo incremento en delitos del fuero federal).
Finalmente, a pesar de que el obispo Sigifredo Noriega Barceló sugiriera realizar un pacto con la delincuencia para reducir la incidencia delictiva, la secretaria de Seguridad fue contundente: no habrá pactos con la delincuencia, pero tampoco habrá cambios en la estrategia de los “abrazos y no balazos”. ¿A qué santo encomendarse con tales declaraciones?
La diputada incómoda
Durante la visita de la secretaria Rosa Icela Rodríguez al municipio de Fresnillo, esta aprovechó para tomar protesta al Consejo Estatal de Seguridad Pública, que será presidido por el gobernador David Monreal.
Dicho consejo tiene entre sus obligaciones la coordinación, planeación, evaluación, supervisión y definición de políticas públicas en materia de seguridad pública.
También es el responsable de dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los detalles sobre los alcances del consejo se establecen en el Artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, en cuya fracción XIV se señala: “Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial del Estado”. Sin embargo, el magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, fue el gran ausente en este evento en materia de seguridad. ¿Será que no fue invitado por la nueva gobernanza?
Pero más allá de las ausencias, hubo presencias incómodas, como la diputada Maribel Galván, presidenta de la comisión legislativa de Justicia, quien rindió protesta como integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pese a que según la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, en su Artículo 22, se establece que formará parte de este organismo el presidente de la comisión de Seguridad Pública del Poder Legislativo, que en este caso es el diputado José Juan Mendoza Maldonado, otro ausente en el evento.
¿Acaso en la nueva gobernanza pensaron que por realizarse el evento en el municipio de Fresnillo debía rendir protesta la diputada representante de dicho distrito? Mucho le pagan a Ricardo Humberto Hernández León como coordinador general Jurídico para cuidar esos detalles legales, ¿o no?
El show de la senadora
Quien ha vuelto a las redes sociales fue la senadora Soledad Luévano Cantú, luego de que el fiscal Francisco Murillo Ruiseco anunciara que de las cuatro denuncias interpuestas en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes, tres ya se habían descartado por falta de elementos y la cuarta podría tener el mismo desenlace.
Si fue ella o su community manager, el diputado Ernesto González Romo, en las redes sociales de la senadora se insistió en su guerra personal contra el priísta, acusando por enésima vez que “robó a manos llenas” y goza de impunidad gracias al fiscal y al exgobernador Alejandro Tello. Y arremetió nuevamente contra Murillo Ruiseco para exigir su renuncia.
La senadora más bien debería considerar la posibilidad de cambiar de asesores, incluyendo al diputado Ernesto González Romo, pues ni en el Senado han prosperado sus iniciativas (como la ley que pretendía regular a los medios de comunicación), mucho menos sus denuncias penales por falta de elementos.
¿Es un acto desesperado buscando la reelección en el 2024? Si es así, desde el 2019 tiene una competencia que hoy ha extendido sus tentáculos en los tres poderes del Estado y que, detentando su posición de poder, ha utilizado a las instituciones a su favor. ¿Ahí no hay corrupción?
