Tal parece que en Zacatecas se ha vuelto una situación recurrente que el terror de la violencia se desate cada fin de semana, y pese a las cifras alegres que cada lunes ofrezca el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, o que el secretario de Turismo, Le Roy Barragán, se esfuerce por promover al estado, difícilmente prosperará cualquier campaña promocional para cambiar la imagen de “Zacatecas Deslumbrante” en lo inmediato.
Fue el diputado federal de MORENA y cantante de la Banda Jerez, Marco Flores, quien a través de un comunicado se encargó de llevar al plano nacional la situación que hoy se vive en Zacatecas, luego de lamentar el asesinato de cinco personas en un bar del municipio de Fresnillo el pasado sábado, incluyendo al chofer del autobús de la Banda Jerez, Jesús Gaytán.
Pero el terror no terminó ahí. El mismo sábado, en Fresnillo, hubo otras tres agresiones que arrojaron como saldo dos personas muertas y tres personas heridas, entre ellas una menor de 10 años de edad.
Mientras El Mineral vivía este episodio de violencia, había quien pretendía concentrar la atención en la “foto política” entre el alcalde Saúl Monreal, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anticipando escenarios electorales para los Monreal y Movimiento Ciudadano.
El domingo, el Pueblo Mágico de Jerez donde dice gobernar un tal Humberto Salazar también fue escenario de hechos delictivos, entre el incendio de vehículos (incluyendo camionetas del INEGI) que movilizaron a diversas corporaciones, así como el homicidio de una mujer.
Además, en estos días de terror se reportó una agresión a un grupo de docentes wixárikas que fueron atacados por un grupo armado entre Monte Escobedo y Huejuquilla el Alto, en Jalisco.
A ellos, a punta de pistola, les quitaron su camioneta en la que viajaban, sus pertenencias, documentos escolares y hasta las quincenas de varios profesores que aún esperaban su pago. Obligados a meterse a una alcantarilla junto a la carretera, lamentablemente, ya no pudieron llegar al torneo de futbol al que se dirigían a Guadalajara.
Esto ha obligado al Centro Universitario del Norte, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, a suspender sus labores de trabajo social en esta zona entre Zacatecas y Jalisco.
Por estos hechos que el diputado federal Marco Flores calificó como “terrorismo”, pidió en su comunicado al presidente Andrés Manuel López Obrador dar con los responsables de estos crímenes y revisar (nuevamente) la estrategia de seguridad.
Pero al preguntar “¿hasta cuándo van a parar las masacres?”, también debió dirigir el cuestionamiento al gobernador David Monreal y al secretario de Seguridad, Adolfo Marín. Porque no es desconocido su abierto apoyo el entonces candidato a gobernador, mucho menos su propuesta de armar a la población como respuesta ante la inseguridad.
Será que esta violencia, como ha insistido la nueva gobernanza, “solo es percepción” y la percepción, según la diputada de MORENA, Maribel Galván, no lleva un rigor científico para ser evaluada.
Y quedaron tablas
A propósito de diputados, por fin el pasado viernes 1 de julio sesionaron los magistrados de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, contrario al resultado que se esperaba, dieron la razón a ambos bloques de la 64 Legislatura.
Se trata de cuatro asuntos que han mantenido al Poder Legislativo en la parálisis y que, luego de dos meses de fricciones, hoy se acerca más a un desenlace.
De acuerdo con las sentencias de la Sala Monterrey, por una parte, se declaró inválida la elección del diputado Enrique Laviada como presidente de la Mesa Directiva, la redistribución en la integración de las comisiones legislativas, así como la designación del diputado Xerardo Ramírez al frente de la Junta de Coordinación Política; en todos los casos, al considerar que se vulneraron los derechos político electorales de otros diputados y ahí sí podía intervenir el tribunal electoral.
En cambio, sí dieron la razón a la diputada Priscila Benítez al reclamar la presidencia del Órgano de Administración y Finanzas, al considerar que su designación se ciñó al derecho parlamentario por ser una decisión administrativa en la que no se vulneraron derechos político electorales de otros legisladores como Armando Delgadillo, quien fue removido de la presidencia de dicho órgano al comprobarse faltas graves en el desempeño del cargo.
¿El capítulo infame terminará ahí? Eso solo lo saben los diputados de ambos bloques, que este lunes ofrecerán ruedas de prensa por separado para informar lo que ha determinado cada grupo. De optar por acatar las sentencias, bien podría ser el inicio de otra etapa en el Poder Legislativo donde, ahora sí, se pongan a desquitar la dieta y no se desgasten en berrinches y pleitos inútiles que en nada abonan a la gobernabilidad en Zacatecas. Si deciden llevar los casos a la Sala Superior, hay que prepararse para otro periodo ordinario peleando por los “cargos y oficinas”.
También hubo “herencias benditas”
Siguiendo con la 64 Legislatura, durante la última sesión del periodo ordinario, en asuntos generales, tal parece que nadie puso atención al posicionamiento de la diputada Gaby Basurto, o al menos en lo que realmente debía importar.
Además de referirse a las comparecencias fallidas y cuestionar la falta de acuerdos en el Poder Legislativo, la coordinadora de la bancada del PRI habló de “herencias benditas” de las que nadie en la nueva gobernanza ha hablado.
Cada semana los mexicanos y zacatecanos ven cómo sube el precio de la canasta básica, de las gasolinas y de diferentes productos y servicios. El dinero rinde menos y por todos lados se escucha la palabra “inflación”.
Mientras el Gobierno federal ha optado por subsidiar al menos el precio de las gasolinas para contener un poco la escalada inflacionaria (que luego se traduciría en un alza desmedida en el precio de productos y servicios), en lo local también se impulsaron acciones para contener el impacto de la inflación.
Sería en diciembre del 2020, durante el primer año de la pandemia por el COVID-19, cuando la 63 Legislatura autorizó al Ejecutivo estatal la contratación y/o reestructura de los Contratos de Intercambio de Tasas de Interés (SWAPS), considerando que en ese periodo había un área de oportunidad para bajar la tasa de interés de la megadeuda de Zacatecas y así contar con mayor disponibilidad de recursos.
Gracias a esa decisión de contratar seguros para la deuda, hoy que la inflación ronda el 7.75%, la deuda pública de Zacatecas que oscila en 6 mil 97 millones de pesos está protegida por seguros tipo SWAP y paga una tasa de interés de 5.74%, lo que significa que mensualmente el estado deja de pagar unos 40 millones de pesos en lugar de incrementar el costo de la deuda.
De ahí la importancia del posicionamiento de la diputada Gaby Basurto: son “herencias benditas” de las cuales no se quiere hablar, porque sería reconocer un acierto de gobiernos anteriores (más allá del enorme negativo de tener deuda pública tan alta).
Y ya lo advirtió en tribuna la legisladora priísta: en próximos meses el bloque oficial buscará que se apruebe un refinanciamiento de la deuda o incluso incrementar el monto, con el argumento de buscar mejores condiciones para la deuda pública.
Sin embargo, en un escenario de escalada inflacionaria (que se avizora peor en los próximos meses), no habrá institución bancaria que ofrezca mejores tasas de interés que las ya protegidas desde el 2020 con los seguros para la deuda contratados. Y lo más importante: hoy Zacatecas es el único estado con ese tipo de seguros.
