Si algo nos dejó el proceso electoral 2020-2021 fue el primer antecedente de un Registro Nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género, luego de diversas reformas y nuevos lineamientos para la participación política en nuestro país.
A la par de las denominadas “cuotas afirmativas”, fue uno de los últimos grandes avances en la vida democrática de México y desde el inicio sentó un precedente indiscutible, con 236 personas hasta el momento en dicho listado del Instituto Nacional Electoral (INE): 198 hombres y 38 mujeres.
Entre las personas sancionadas están 46 presidentes municipales, 43 ciudadanos, 34 regidores, 21 periodistas, 18 autoridades de los sistemas normativos internos, 16 servidores públicos, 15 candidatos, 13 funcionarios de partidos políticos, 7 tesoreros municipales, 5 directores de comunicación social, 5 síndicos, 3 integrantes de medios de comunicación, 2 locutores, 3 militantes, 1 aspirante a un cargo, 1 diputado federal, 1 diputado local, 1 encargado de la coordinación delegados de concejo municipal y 1 secretario de concejo municipal
Y aunque de Zacatecas no existe una sola persona inscrita en dicho listado de personas sancionadas, el proceso electoral 2020-2021 fue una muestra de que en esta entidad los tribunales electorales están al servicio de un grupúsculo que hoy promueve el llamado “3 de 3 contra la violencia”.
Como se recordará, desde diciembre de 2020 el INE aprobó el acuerdo de declaración “3 de 3 contra la violencia de género” para que las personas que hubieran violentado a las mujeres no ocuparan cargos de elección popular o al interior de un partido político.
Por eso, previo a la sesión de la Comisión Permanente de este martes, diputados de MORENA, PES, PANAL y PVEM anunciaron que presentarían una reforma constitucional para que los generadores de violencia y deudores alimentarios no pudieran participar en adelante en procesos de elección popular.
Dicha iniciativa sería presentada minutos más tarde en la sesión de la Permanente y consta básicamente en impedir que una persona ocupe un cargo como gobernador, diputado, alcalde, síndico o regidor si no reúne alguna de las tres condiciones propuestas:
- No haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar, política o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
- No haber sido condenado, o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
- No estar inscrito o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa que atente contra las obligaciones alimentarias, ya sea en el Estado de Zacatecas o en cualquier otra entidad, salvo que acredite estar al corriente del pago.
La iniciativa no es nueva, se promovió en varias entidades durante el pasado proceso electoral. Sin embargo, sí resulta llamativa en el caso de Zacatecas, un estado donde la violencia política en razón de género ha sido la principal herramienta para un grupo que hoy detenta el poder y que en pasados procesos electorales recurrió a esta figura para quitarse del camino a sus enemigos políticos. O mejor dicho: los enemigos políticos de la mano que mece la cuna y toma las decisiones en Zacatecas.
Muchos recordarán el tortuoso proceso que debieron enfrentar figuras como Ulises Mejía Haro, Iván de Santiago, Nancy Flores y otros actores acusados de violencia política en razón de género, en vergonzosos episodios protagonizados por magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) y de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… hasta que la Sala Superior (como en muchos otros casos) les corrigió la plana y dejó a salvo sus derechos político electorales.
Tampoco se olvida que fueron esos mismos magistrados quienes determinaron sobreseer el Procedimiento Especial Sancionador en contra de quien hoy se dice gobernador de Zacatecas, por el lamentable episodio de violencia sexual en contra de una candidata durante el pasado proceso electoral. ¿El motivo? Dicho procedimiento debe ser iniciado por la víctima directa, que en este caso se negó a denunciar, pero hoy ocupa una presidencia municipal por el mismo grupo político.
Y aunque la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” presentada en la 64 Legislatura se trate de una medida loable en su esencia, tomando en cuenta que surgió de los trabajos en la Comisión de Igualdad de Género de la 64 Legislatura (presidida por la diputada Imelda Mauricio) a solicitud del Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), no hay mucha expectativa en que esta herramienta sea utilizada para dicho propósito, considerando los antecedentes en Zacatecas.
Según se dijo en la rueda de prensa, la iniciativa es respaldada por las 15 diputadas de la 64 Legislatura; sin embargo, únicamente lleva la firma de las promoventes: Maribel Galván, Zulema Santacruz, Imelda Mauricio, Susana Barragán, Georgia Fernanda Miranda, Violeta Cerrillo, Roxana Muñoz y Analí Infante.
En palabras de la coordinadora de los diputados de MORENA, Maribel Galván, la iniciativa “no tiene otro objetivo que erradicar la violencia y elegir a mejores candidatos que puedan llegar a gobernar nuestro estado de manera adecuada, siempre en busca de oportunidades iguales para mujeres y hombres”.
La cuestión es que se trata de una iniciativa de doble filo, pues así como puede ser utilizada por el grupo que hoy detenta el poder en contra de sus enemigos políticos, también puede aplicárseles a ellos mismos.
Por si no fuera suficiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acaba de promover una acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas a mediados de julio por el gobierno de Yucatán para evitar que los deudores alimentarios puedan ocupar cargos públicos.
En dicha entidad ya se había promovido el mismo “3 de 3 contra la violencia”, aunque la CNDH únicamente impugnó los impedimentos para los deudores alimentarios al considerar que se trata de una medida excluyente que debe analizarse por separado. ¿Quién asegura que no ocurrirá lo mismo en el caso de Zacatecas y otras entidades?
Finalmente, muchos quisiéramos creer en las buenas intenciones del bloque oficial para garantizar la participación política de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, pero el hecho de que pasen por alto lamentables episodios en la nueva gobernanza solo habla de un falso discurso que huele a amenaza en los próximos procesos electorales. En fin, la hipocresía…
