El sonar de sirenas y ambulancias todos los días hoy ya forma parte de la cotidianidad de los zacatecanos. La violencia que se ha implantado entre la sociedad, y no ha llegado por fortuna a su “normalización” o indiferencia, ha hecho que la nota roja esté en el centro del interés público.
Hace mucho se dejó de creer que cada homicidio era porque había vínculos con grupos del crimen organizado. Cada vez son más frecuentes la historias de quienes perdieron a algún familiar, menores de edad, sacerdotes, indígenas y hasta policías en el desempeño de su labor (o en su día franco).
Ni qué decir de las víctimas de otros delitos como la privación ilegal de la libertad, el secuestro, la extorsión, entre muchos otros que incluyen el desplazamiento forzado en las comunidades.
La danza de “cifras alegres” tampoco abona mucho a recobrar la credibilidad de las instituciones y autoridades. Ya desde octubre del año pasado el gobierno federal había anunciado un cambio en el registro de incidencia delictiva desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el propio INEGI dio cuenta de 309 homicidios que no contabilizó la autoridad en 2021 para el caso de Zacatecas. Y si a ello se suma la presunta “fabricación de delitos” desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), difícil escenario vive el estado.
El hecho de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá advirtieran a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a Zacatecas no es algo nuevo, pero sí cada vez más recurrente, aunque hoy se trate de una advertencia que minimicen las autoridades federales y estatales.
Las manifestaciones de violencia en días pasados en estados como Chihuahua, Jalisco, Baja California o Guanajuato se resumieron en “una respuesta al golpe contra el crimen organizado” y la detención de más de 160 personas armadas en el estado de Michoacán tampoco generó el impacto que el gobierno esperaba.
Se trataba de un grupo de “autodefensas” que habían privado de la libertad a 25 elementos de la Guardia Nacional, los cuales fueron liberados luego de la detención de civiles armados a quienes algunos llamaron “integrantes de grupos del crimen organizado”, cuando se sabe que las autodefensas surgieron en respuesta al vacío de la autoridad ante la ola de violencia que azota a comunidades del sur. No es legal, pero sí es consecuencia de las omisiones de la autoridad. ¿O acaso se informó que entre lo incautado hubiera drogas?
Pero volvamos al caso de Zacatecas, donde el fin de semana circuló un video en una cuenta de Twitter donde un grupo de personas armadas (y encapuchadas) acusa a diversos funcionarios de encubrir a miembros de un grupo antagónico del crimen organizado: Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo; Adolfo Marín, secretario de Seguridad Pública; Osvaldo Cerrillo, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; así como Arturo López Bazán, exsecretario de Seguridad en el estado; y a la alcaldesa de Apulco, Yaneth Morales, al igual que su secretario particular.
Y advierten al gobernador David Monreal de poner atención a estos servidores públicos, a quienes atribuyen la protección de quienes mantienen a Zacatecas en un mar de violencia.
No es la primera vez que el apellido Monreal figura en temas de la delincuencia organizada. Ya en 2020, cuando aún era coordinador general de Ganadería en la SADER, el propio David Monreal había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por unas “mantas” donde se le vinculaba con cierto grupo delictivo, grupo que hoy le acusa de apoyar a un bando contrario.
Curiosa la postura de la autoridad estatal. Mientras el secretario Adolfo Marín llamó a no desestimar las advertencias, insistiendo en que “se está trabajando” en blindar al estado (¿para que no entren los delincuentes o para que no salgan de Zacatecas?), el gobernador David Monreal afirmó que el tema “no debe desdeñarse, sino atenderse”. Declaraciones que de forma indirecta refuerzan la veracidad de las acusaciones en el video citado.
Eso sí: no faltó el llamado a que la gente visite Zacatecas, que todo está tranquilo, que no hay qué temer, que se está blindando al estado, máxime cuando están en puerta la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) y la Feria Nacional de Fresnillo. No cabe duda de que en el país de la nueva gobernanza, “todo marcha bien”.
Y rodó su cabeza
Las plegarias de quienes vivieron bajo su yugo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT) parece que dieron frutos. Al parecer, este fin de semana fue cesado del cargo Néstor Michel Santacruz Márquez como subsecretario de Vivienda, en respuesta a las múltiples quejas del personal de dicha subsecretaría.
Hace un par de semanas ya habían trascendido las denuncias del personal de la Subsecretaría de Vivienda, quienes acusaban al titular de acoso, hostigamiento, malos tratos y abuso de poder, conductas que se intensificaron una vez que se dio a conocer la denuncia.
Lo anterior derivó en fricciones entre la nueva gobernanza y la familia Santacruz Márquez, y así se evidenció en el momento que la diputada local Zulema Yunuén Santacruz Márquez presentó ante la 64 Legislatura una iniciativa con la que pretendía desaparecer la SEDUVOT, distribuyendo en otras dependencias al personal de las tres subsecretarías, pero eliminando la figura de la actual secretaria, Laura Elvia Bermúdez. Así protegería en el cargo a su hermano Néstor Santacruz.
Pero finalmente no prosperó la “iniciativa Santacruz”, y parece que al hoy exsubsecretario de Vivienda tampoco le funcionó su estrategia de hacerse la víctima. A qué grado llegarían las cosas que el cesado incluso cerró su cuenta de Facebook durante el fin de semana y este lunes el personal de la Subsecretaría de Vivienda se mostraba “feliz, feliz, feliz”. Solo falta que lo contraten como asesor en la 64 Legislatura, al fin que ya se le conoce como el “diputado 31”.
