Una vez que diputados de la 64 Legislatura aprobaron el dictamen para autorizar al Ayuntamiento de Guadalupe a celebrar un contrato de prestación de servicios hasta por 9 años con Trash Recolección de Residuos Sólidos, tiro por viaje el municipio ha recibido montones de quejas por el pésimo servicio que brinda la empresa.
Ya en Lalalá News hemos aportado evidencias suficientes del tremendo cochinero no solo en la contratación de dicha empresa, sino también las irregularidades que le rodean y los antecedentes negativos que arrastran sus socios en varias entidades.
No se trata de un asunto menor, pues con el apoyo de la diputada local expriísta neomorenista Violeta Cerrillo (quien ya levantó la mano para llegar a la presidencia municipal), se aprobó el dictamen de autorización para dicho contrato plurianual que sin duda tendrá un impacto a las finanzas del municipio durante las próximas tres administraciones.
Tampoco es que se le pueda atribuir a la diputada local el desastre que hoy vive el Ayuntamiento de Guadalupe no solo en materia de servicios públicos. El propio alcalde Julio César Chávez Padilla, quien fue reelecto para un segundo periodo pese a contravenir los principios de la 4T, se ha encargado de meterse la pata solito, sin ayuda de nadie, y mucho se ha debido a su corta memoria y mala pericia para sortear los problemas del municipio con el mayor crecimiento poblacional en la última década.
Lo que en un principio nos vendieron en campaña como “tierra de progreso y bienestar” (o alguna mafufada así), no se está reflejando en sus finanzas y así lo demuestran los informes financieros del segundo trimestre de este año.
De acuerdo con el Informe sobre el Estado de Actividades, en los primeros seis meses de este año apenas habrían tenido ingresos por 215.2 millones de pesos, una cifra mucho menor a los 491.8 millones recaudados en el mismo periodo del 2021.
Esta disminución no solo se deriva de una enorme baja en la recaudación de ingresos propios, sino también en recortes de participaciones y aportaciones, lo que sin duda ha obligado a ajustarse el cinturón y aplicar esa cosa macuarra que han denominado “austeridad franciscana”.
Tan solo en egresos, de enero a junio de este año el municipio reporta hasta 174.5 millones de pesos, casi la mitad de los 326.9 millones reportados en el mismo periodo del 2021.
Sin embargo, eso no ha evitado que el alcalde Julio César Chávez Padilla busque alternativas para sacar adelante al municipio, como aquella campaña contra la administración 2016-2018 por no haber pagado las cuotas del IMSS o impuestos como el ISR, aunque omitió decir que también su administración (en las dos gestiones que ha encabezado) ha incurrido en la misma práctica. Y hablamos de un adeudo que ronda los 85 millones de pesos.
No solo eso. También buscó cancelar el contrato por más de 200 millones de pesos con la empresa Pounce Consulting para la renovación de más de 15 mil luminarias en el municipio, pero el caso continúa en tribunales y sin visos de que sea destrabado en el corto plazo.
Por si no fuera suficiente, hoy se sabe que el Ayuntamiento y el propio alcalde enfrentan problemas legales con Bansi, el banco con el cual se contrató un empréstito por 180 millones de pesos durante la administración 2013-2016, entonces encabezada por Roberto Luévano Ruiz y en la que Julio César Chávez Padilla fungió como secretario de Gobierno.
Hasta donde se sabe, dicho empréstito fue contratado con un periodo de gracia y los primeros pagos debieron realizarse hasta la administración que encabezó Enrique Flores Mendoza, con pagos leoninos que comprometían seriamente las finanzas del municipio.
No obstante, el contrato tenía una trampa en sus cláusulas: salía más caro cancelar el empréstito y reestructurar la deuda con otra institución bancaria que saldarlo hasta su término con Bansi… o al menos hasta el 2021, una vez cumplido el plazo de 5 años para no cancelar el adeudo.
El problema, al parecer, es que el Ayuntamiento de Guadalupe intentó reestructurar el adeudo antes de que se cumpliera el plazo, lo que habría derivado en un proceso legal que implicará un serio impacto a las finanzas del municipio en caso de perderlo, como seguramente ocurrirá.
Lo más grave es que la falta de pericia del alcalde y su propio gabinete les ha llevado a solicitar en mayo de este año ante la 64 Legislatura el refinanciamiento de su deuda pública, pese a que el entorno económico recomienda todo lo contrario: ante la inflación y el incremento en las tasas de interés, evitar el endeudamiento.
Actualmente, Guadalupe es el municipio con la mayor deuda pública de largo plazo, con 126.8 millones de pesos con corte al primer trimestre de este año y aunque en un par de semanas más se conocerán los avances del segundo trimestre, es el municipio que menos ha reducido su nivel de endeudamiento.
Eso sí: pese a la crisis en las finanzas, al pueblo pan y circo. ¿Disfrutaron el “Festival de Julio”? Por mucho, estuvo mejor que el cartel de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA)… y fue gratis.
El Salvador transparente
Aunque en los últimos días el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) ha entregado reconocimientos a diestra y siniestra a diversos sujetos obligados que dicen cumplir al 100% con sus obligaciones en la materia, no se puede medir con el mismo rasero a todos.
Es el caso del Ayuntamiento de El Salvador, que este miércoles recibió dicho reconocimiento, aunque su caso es destacable debido a que en aquella región del semidesierto la conectividad a internet es muy complicada, por decir lo menos.
Y es que en la primera etapa de la evaluación en el cumplimiento de estas obligaciones, el Ayuntamiento ya había cumplido con el 87.28%, pero en un plazo de 20 días se pusieron al corriente hasta cumplir con el 100% de la información a la que estaban obligados, correspondiente al cuarto trimestre del 2021 y el primero del 2022 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Esto ha implicado un enorme esfuerzo del personal que labora en la Unidad de Transparencia debido a que se han tenido que trasladar al municipio de Concepción del Oro para la carga de información ante la falta de conectividad a internet en El Salvador (pese al anuncio del gobernador David Monreal de que se instalarían 900 puntos de internet en todo el estado).
La prueba de que este reconocimiento es bien merecido está en que el municipio no ha recibido recursos de revisión en los últimos dos años en los que ha respondido de manera satisfactoria a las 54 solicitudes de información que han registrado.
Lástima que no se puede decir lo mismo del resto de los sujetos obligados a nivel estatal y municipal, pues muchos con frecuencia continúan ocultando información de interés público y por ello acumulan un mayor número de solicitudes de información, así como recursos de revisión. Ojalá que los comisionados del IZAI evaluaran con mayor pertinencia este factor para entregar sus reconocimientos.
