En medio del desastre que ha sido el primer año de la nueva gobernanza, no sería sorpresa que el documento del primer informe de gobierno estuviera lleno de fotografías con la imagen del gobernador David Monreal, considerando que ha sido una administración centrada en la imagen y la percepción, aunque no haya dado resultados.
Tampoco sería novedad que el informe se inflara con las cifras de inversiones y beneficiarios de los Programas del Bienestar: pensiones para adultos mayores, becas educativas y para personas con discapacidad y hasta becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro.
El cinismo podría llegar al grado de presumir obras y acciones que ya se habían contemplado desde la administración que encabezó Alejandro Tello, como ya hemos demostrado en varias ocasiones con obras carreteras o de infraestructura hidráulica, sin olvidar los uniformes escolares que se reparten hasta un año después de licitados.
Pero si hubiera algo que destacar entre las cosas positivas del último año tal vez sería el trabajo realizado en la Secretaría de Finanzas que dice encabezar Ricardo Olivares Sánchez.
Desde su llegada al cargo a principios del 2021, la deuda pública ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los años previos y se ha mantenido en niveles sostenibles, sin contratar deuda a corto plazo.
Muchos cuestionarán por qué destacar el adecuado manejo de la deuda pública si al final sigue siendo deuda para el estado. La realidad es que esos más de 6.9 mil millones de pesos representan poco más del 50% de las participaciones que recibirá el estado para este ejercicio fiscal, y en la medida en que la deuda (y el costo de la deuda) se incremente, en esa dimensión se verán comprometidas las finanzas públicas.
No se puede dejar de lado el problema del déficit en la nómina educativa y aunque se había planteado su federalización, en el corto plazo se ve como algo imposible, lo que no ha evitado que mediante gestiones del Programa U080 se obtengan recursos extraordinarios por más de 600 millones de pesos para solventar ese déficit que asciende a más de 2 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, la Secretaría de Finanzas no ha estado exenta de problemas. De acuerdo con los anexos a los informes financieros y los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el exgobernador Alejandro Tello heredó a la nueva gobernanza pasivos con proveedores en el corto plazo por un monto de 538 millones 436 mil 480 pesos.
El monto no disminuyó en los siguientes seis meses, por el contrario. Entre octubre y diciembre del año pasado los pasivos con proveedores se incrementaron en 99 millones 607 mil 6 pesos; y entre enero y marzo de este año, en 3 millones 610 mil 581 pesos.
Fue hasta el segundo trimestre del 2022, entre abril y junio, que la cuenta de pasivos con proveedores en el corto plazo comenzó a disminuir, con una reducción de 246 millones 323 mil 821 pesos, que representan menos de la mitad del monto heredado por el “gobierno diferente”.
Pero estos pasivos a corto plazo con proveedores no fue la única “herencia maldita” que le heredaron a la nueva gobernanza, también algunas prácticas que juraban desterrar, como la extorsión hoy comúnmente conocida como “moches”.
Recientemente, algunos proveedores han alzado la voz ante este tipo de prácticas que lesionan sus finanzas, como el caso de la empresa Alternativas Estratégicas, a la que el gobierno debía desde la administración pasada hasta 15 millones de pesos. Solo que al intentar recuperar su dinero, ya en la nueva gobernanza se topó con un problema: la subsecretaria de Egresos, Silvia Saavedra Juárez.
Según testimonios, fue hasta este año que la funcionaria habría planteado un acuerdo a la empresa para saldar el adeudo: con el pretexto del “no hay, no hay, no hay”, habría propuesto pagar poco más de 7 millones de pesos del pasivo heredado (no los 15 millones facturados), a cambio de entregarle 900 mil pesos en efectivo a la subsecretaria de Egresos. Y los documentos obran en poder de Lalalá News.
Evidentemente, ante las pérdidas por la pandemia y el entorno económico adverso, la empresa habría accedido a la propuesta con tal de recuperar aunque fuera una parte del recurso que el gobierno le debía, pues hoy puede más la necesidad.
La empresa habría optado por no denunciar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), considerando la parcialidad en su actuar; sin embargo, hoy alza la voz con la esperanza de que no se repita la situación con otras empresas a las que adeuda el gobierno.
Siguiendo con los testimonios, estos “moches” pagaderos en efectivo una vez realizada la transferencia electrónica habrían rondado entre el 6.5% y el 10% de algunas de las facturas pagadas durante el periodo de abril a junio de 2022. Eso representaría entre 22.7 millones y 35 millones de pesos tan solo en un trimestre, si es que se aplicara a los 246 millones de pesos que se redujeron en la cuenta de pasivos con proveedores a corto plazo.
Corresponderá a quien se dice titular de la SFP, Humbelina Elizabeth López Loera, abrir un expediente de investigación a la subsecretaria de Egresos, Silvia Saavedra Juárez, por la presunta comisión de estas prácticas y en caso de encontrarla responsable, actuar en consecuencia… a menos que pese más el conflicto de interés al anteponer la amistad entre ambas funcionarias, que a la institucionalidad en la nueva gobernanza. ¿O esas no son “herencias malditas”?
Mosqueados
En su conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su próxima visita a Zacatecas el viernes 9 de septiembre (un día después del primer informe de gobierno de David Monreal), donde encabezará una reunión de seguridad, a propósito de los recientes hechos de violencia en el estado.
Lo que llamó la atención es que la versión del presidente sobre lo acontecido el fin de semana fuera muy diferente a lo informado por el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, y por el propio gobernador. ¿Quién miente? En el reino de la 4T, nunca el Presidente.
Al mismo tiempo, este martes en el Senado de la República, el senador fresnillense Ricardo Monreal Ávila (quien insiste en ser una de las “corcholatas” presidenciales) fue desairado por casi todos los secretarios de Estado en la Plenaria del grupo parlamentario de MORENA. A la cita únicamente acudieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.
Tal vez al de Puebla del Palmar ya lo desamparó el Santo Niño de Atocha, pues en la Plenaria recibió fuertes críticas de sus homólogos de MORENA, como César Craviotto, quien aseguró que este desaire fue un “menaje político” que evidencia la ruptura de Monreal Ávila con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque para los obradoristas, una cosa es la separación de poderes (como alega el fresnillense) y otra, desde esa autonomía defender un proyecto de nación que hoy encabeza el Ejecutivo.
Ante este escenario, la visita del Presidente a Zacatecas se entiende más como un acto de presencia para reforzar su legitimidad y aceptación y, quizá, para obligar al gobernador David Monreal a que defina sus lealtades. Como quien dice: “o estás conmigo o estás contra mí”.
No es que el gobernador se encuentre en posición de negociar. En un estado azotado por la violencia, las tres “corcholatas” oficialmente reconocidas ya han programado su agenda de giras por todo el país en lo que resta del año… excepto Zacatecas.
Hoy David Monreal es el gobernador peor calificado en diversos indicadores por varias casas encuestadoras que, en el pasado proceso electoral, lo ponían a la cabeza de las preferencias.
Esos negativos parece que también ha afectado a otras figuras de las que se ha rodeado, como la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, quien en la más reciente encuesta de Massive Caller sobre los aspirantes al Senado se encuentra en el sótano de las preferencias junto a Nanis Romo, pues apenas reúne un raquítico 7.4 por ciento.
Con mejores números en MORENA se encuentran el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal (27.2%); el exalcalde capitalino, Ulises Mejía (22.1%); el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez (11.1%); y hasta la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río (9.2%).
La cuestión es que las candidaturas al Senado no las define la dirigencia estatal del partido, sino la cúpula nacional y si la ruptura del Presidente con el apellido Monreal Ávila se intensifica en los próximos meses, la aspiración del alcalde fresnillense también estaría en riesgo. El 9 de septiembre ya se verán los pronósticos.
