Sin duda, la seguridad será el “tema de temas” en el primer informe de gobierno de David Monreal y por más intentos de “maquillar” las “cifras alegres” (de las cuales también hay que desconfiar de su veracidad), difícilmente se logrará generar una percepción positiva entre la población.
La clara muestra del estado que guardan las cosas en la materia es la terrible cifra de 34 policías (en activo o retirados) que han sido asesinados en lo que va del año, una mala señal de que ni siquiera las fuerzas del orden están exentas de la ola de violencia que desde hace tiempo azota al estado y que, sí, puede ser una “herencia maldita” a la que hoy se ha sacado la vuelta con pretextos, auspiciados por la política de “Abrazos, no Balazos”.
Pero entender el ostracismo desde la Secretaría de Seguridad Pública que dice encabezar Adolfo Marín Marín requiere remitirse a los informes financieros de dicha dependencia para conocer cómo se está utilizando el recurso en la cuarta dependencia con mayor presupuesto para este año, y también la cuarta con mayor incremento presupuestal respecto al 2021.
Por ejemplo, en el primer semestre de este año la dependencia tuvo una ampliación presupuestal por más de 55.6 millones de pesos respecto al recurso ya aprobado a finales del 2021, principalmente en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, bienes e inversión pública, con reducciones únicamente en el capítulo 4000, relativo a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Pero la realidad es muy diferente si se analiza capítulo por capítulo en el desglose del gasto. Veamos el capítulo 1000, de servicios personales, donde se tuvo una ampliación de más de 47 millones de pesos en las remuneraciones del personal permanente.
Y aunque inicialmente se habían etiquetado solo 53 mil 562 pesos para personal eventual, se autorizó una ampliación presupuestal de más de 20.1 millones de pesos para personal transitorio. Pero aún con los incrementos, se ha devengado menos del 50% del presupuesto modificado en ambos casos, lo que muestra un rezago en el pago al personal.
Llama la atención que en la partida 1300, de las remuneraciones adicionales y especiales, les hayan recortado más de 3 millones de pesos, mientras en la partida 1400 relativa a la seguridad social les hayan disminuido más de 41 millones de su presupuesto.
Lo anterior sugiere que aunque habría incremento de personal en la SSP, no todos tendrían cobertura de seguridad social y más que estimular el trabajo del personal, se les recortan los estímulos.
La parte fundamental para que los policías cumplan con su labor también está en proporcionarles las herramientas adecuadas para su desempeño. Sin embargo, los informes financieros demuestran que no se habían etiquetado recursos para la compra de vehículos y equipo de transporte o para la adquisición de maquinaria, equipo y otras herramientas. Sería hasta finales del segundo trimestre cuando se autorizaría una ampliación presupuestal de más de 37.8 millones para el primer caso y de más de 10 millones para el segundo.
Un caso similar está en la partida 2800, de materiales y suministros para seguridad, una partida en la que originalmente se habían etiquetado solo 498 mil 875 pesos y durante el segundo trimestre tuvo una ampliación de más de 28.4 millones de pesos, aunque hasta el 30 de junio no se había devengado un solo peso, lo mismo que en las últimas dos partidas mencionadas.
Por encima de todo, dos cosas sobresalen en los informes financieros de la SSP. Por una parte, la partida 3300 relativa a la contratación de servicios profesionales, pues aunque tuvo una reducción de más de 2.1 millones de pesos, ya se habría devengado más del 40% de los 100.5 millones destinados a este concepto y que es el mismo al que se ha recurrido en la 64 Legislatura para la simulación de contrataciones y el presunto desvío de recursos.
Por otra parte, siendo la seguridad un tema crucial para Zacatecas, no se explica el recorte de casi 17 millones de pesos para la partida 2600, relativo al uso de combustibles, y aunque el presupuesto modificado ronda los 60.6 millones de pesos, en los primeros seis meses del año apenas se devengaron 18.4 millones; es decir, ni el 50 por ciento. ¿Mandaron a los policías a los cuarteles?, ¿o quién realiza efectivamente los rondines de seguridad en el estado?
Los informes programáticos también son muy reveladores, pues al cierre del primer semestre del año apenas se había renovado el 12.14% de los más de 3 mil registros de portación de armas en el estado, además de que solo se tenía un avance del 16.99% en las tareas de investigación de presuntos infractores.
Ni qué decir del resto de las metas anuales, que dejan ver la deficiente labor que ha encabezado Adolfo Marín al frente de la SSP. Con razón tantos exigen su renuncia…
Urge sacudida en SEDESOL
Los informes financieros de la nueva gobernanza también muestran la parálisis en otras dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que dice encabezar el community manager de cuarta, Carlos Zúñiga Rivera.
Inicialmente a esta dependencia le habían autorizado un presupuesto de 501.7 millones de pesos, con una ampliación de 38.4 millones durante el primer semestre del año. Sin embargo, al corte del 30 de junio, esta dependencia únicamente había devengado 35.3 millones (ni el 10% de su presupuesto anual), de los cuales 30.7 millones de pesos fueron únicamente de gastos de nómina.
En el capítulo 4000, donde se encuentran los recursos para los diferentes programas que opera esta dependencia, de los más de 306.7 millones de pesos etiquetados únicamente se habían devengado 514 mil 659 pesos en el primer semestre del año.
Con estas cuentas, ¿será de utilidad tener tantos millones ahí guardados?, ¿o será más bien que los están reservando para otra finalidad?, ¿otra prueba de que se están colgando de los programas sociales de la federación?
