Tres semanas de periodo vacacional no fueron suficientes para bajar “el tema de temas” de la agenda mediática: la inseguridad. Y aunque el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, se empeñe en leer su guión de “cifras alegres” cada lunes, la percepción en las calles dista mucho de la burbuja de la nueva gobernanza.
No es para menos. Se nos ha hecho creer que, parafraseando al fiscal Francisco José Murillo Ruiseco en su comparecencia ante la 64 Legislatura, “ahora sí existe coordinación” entre los tres niveles de gobierno mediante las Mesas de Abrazos y No Balazos, pero crece cada día más la sospecha de que toda la estrategia de seguridad se trata de mera simulación.
Deben estar muy cansados en la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (aún acéfala) o en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (en la misma condición) de recibir cada vez más quejas por violaciones a los derechos humanos de las víctimas e incluso de presuntos victimarios procesados por algún delito. ¿El motivo?
Según numerosos testimonios de jueces, litigantes, víctimas y procesados, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) que dice encabezar Murillo Ruiseco tienen “instrucciones superiores” de forzar los delitos en las carpetas de investigación para que estas lleguen con delitos más graves ante los juzgados.
De esa manera tan burda, la mano que mece la cuna y toma las decisiones en Zacatecas pretende lavarle la cara a la nueva gobernanza intentando cambiar la percepción ciudadana en materia de inseguridad. ¿Alguien se atrevería a cuestionar las Mesas de Abrazos y No Balazos cuando periódicamente se informa de la detención de “N” personas por delitos que impactan en el tejido social?
Pero según los testimonios, la realidad es muy distinta. “Por instrucciones superiores”, casos que inicialmente podrían corresponder a violencia familiar, lesiones, robo, entre otros delitos con penas mínimas, de pronto se convierten en tentativas de homicidio o feminicidio, secuestros, extorsiones… con sentencias por varios, muchos años en la cárcel. En consecuencia, las ya de por sí cuestionables “cifras alegres” de incidencia delictiva tendrían aún menos credibilidad con estas sospechas.
Lo peor, quizás, es que ante este tipo de delitos la nueva gobernanza ha recurrido a la salida fácil: declarar vínculos con grupos criminales. Y en los Ayuntamientos se replica la “estrategia”.
Sin embargo, la credibilidad en las instituciones se viene a menos cuando la propia ciudadanía exige dejar de revictimizar a las víctimas y hablar con la verdad, porque no son pocos los casos donde las víctimas nada tenían que ver con dichos grupos criminales.
Así lo dejaron en claro los socios de Esquilax Tattoo luego del homicidio de una persona en dicho estudio, en pleno Centro Histórico de Zacatecas, el pasado 2 de agosto.
Mediante un desplegado, condenaron que la autoridad otorgara información falsa sobre los presuntos responsables (y que esta se “viralizara” en redes sociales), además de su prejuicio hacia las personas tatuadas y la evidente discriminación durante el proceso de investigación.
En el mismo desplegado, refieren que a raíz del caso han circulado múltiples denuncias en redes sociales donde comerciantes del primer cuadro de la ciudad señalan ser víctimas de cobro de piso, de los mil hasta los 8 mil pesos, so pena de atacar al personal, incendiar los locales o “dejar charcos de sangre”.
¿Esto a qué podría conducir? A que, “por instrucciones superiores”, se fabriquen “chivos expiatorios” falsificando información, evidencias y hasta forzando la comisión de delitos en las carpetas de investigación con tal de que se diga que “la autoridad está trabajando”. Y los verdaderos responsables seguirán impunes, sin que se les toque con el pétalo de un abrazo.
Pero no es la única irregularidad entre las instituciones encargadas de la procuración de justicia, pues cada vez son más frecuentes las quejas en el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, que depende de la Secretaría General de Gobierno que dice encabezar Gabriela Pinedo Morales y es operado por la Secretaría de Seguridad Pública, donde dice trabajar Adolfo Marín.
Padres de menores privados de su libertad purgando una condena han denunciado no solo la pésima calidad de los alimentos que les proporcionan, los maltratos o distintas violaciones a sus derechos.
Hasta hace poco comenzaron los casos donde a menores a punto de concluir su sentencia se les abre una nueva carpeta de investigación en la Fiscalía del estado, por otro delito que debió ser juzgado en su momento, pero se realiza hasta cinco años después; es decir, cuando concluye el plazo máximo para privar de la libertad a un menor de edad, según consta en el Artículo 151 de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Zacatecas.
Lo anterior no solo afecta su proceso de reinserción social, sino que también su expectativa de salir se derrumba ante la posibilidad se permanecer otros cinco años privados de su libertad por la corrupción del sistema de justicia.
En todo este escenario: ¿las víctimas podrían denunciar ante la Fiscalía las violaciones de las que son objeto por parte de la misma Fiscalía? Porque en la nueva gobernanza ha quedado claro que la justicia es pronta y expedita cuando se trata de quienes detentan el poder, forzando las leyes y violando procedimientos. Esa es la idea de justicia de quien toma las decisiones en Zacatecas.
Un mes para el primer informe
Queda exactamente un mes para que el gobernador David Monreal Ávila presente su informe de labores ante la 64 Legislatura, según lo establece el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Pero la expectativa es baja considerando los magros resultados de la nueva gobernanza, en una danza de “cifras alegres” que poco logran maquillar la parálisis de la administración.
Ya era un secreto a voces que el senador Ricardo Monreal había llamado la atención al gobernador David Monreal y a parte de su gabinete por los más de 2 mil millones de pesos en subejercicio que contribuían a esta parálisis.
Solo que el jalón de orejas parece no haber servido cuando hoy se sabe que, según los informes financieros del segundo trimestre del 2022, este subejercicio se disparó a más de 3 mil 770 millones de pesos y muchas dependencias no han tenido más de un 30% de avance en varias de sus metas anuales, ni siquiera una variación significativa respecto al primer trimestre del año.
Lo anterior daría pie al cambio de algunas figuras en el gabinete pasado el informe de gobierno: Gabriela Pinedo Morales sería relevada en la Secretaría General de Gobierno; Uswaldo Pinedo Barrios dejaría la titularidad de la Secretaría de Salud y continuaría como líder sindical; Maribel Villalpando Haro diría adiós a la Secretaría de Educación de Zacatecas; mientras Humbelina Elizabeth López Loera se retiraría de la Secretaría de la Función Pública y estaría en veremos la continuidad de Rodrigo Castañeda Miranda al frente de la Secretaría de Economía de Zacatecas, toda vez que en agosto concluye su licencia en la UAZ, además de Carlos Alberto Zúñiga Rivera al frente de la Secretaría de Desarrollo Social ante sus nulos resultados. Solo por mencionar las cabezas.
A alguien no agradó el proceso interno en MORENA y la intervención (como ya se esperaba) de manos externas para imponer perfiles a modo que impactarían en la integración de los consejos partidistas.
Alguien olvidó que la estructura de los Servidores de la Nación responde a un solo mando y que los yerros del pasado proceso interno en MORENA podrían motivar un relevo en la Delegación de Programas para el Desarrollo, lo que podría inclinar la balanza hacia quien lo decidan en Palacio Nacional. Y ahí vienen las encuestas, esas con las que se toman las decisiones, no las “cuchareadas” en las que de un mes para otro todos los gobernadores de MORENA aparecen en las primeras posiciones.
Se dice que en Zacatecas ya existen esas “benditas encuestas” y no figura con buenos números la delegada Verónica Díaz Robles. De tenerlos, ¿usted cree que se contendrían en gritarlo a los cuatro vientos?
