Apenas el pasado 16 de agosto la secretaria de Finanzas y Tesorería de Guadalupe, María de Lourdes Martínez Pérez, notificó al secretario de Gobierno municipal, Eleazar Moisés Limones Venegas, del fallo a la licitación CONCESIÓNSERVICIOSPÚBLICOS/001/2022, esa mediante la cual el Ayuntamiento pretende concesionar hasta por 9 años el servicio de recolección de residuos sólidos.
¿La empresa ganadora? Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos SA de CV., la misma cuyo contrato venció el pasado 14 de septiembre y desde entonces se desconoce a quién responsabilizar del pésimo servicio otorgado por el municipio.
Este fallo se da hasta ocho meses después de que diputados de la 63 Legislatura, en sesión ordinaria del 14 de diciembre del 2021, aprobaran por unanimidad de 23 votos el dictamen por el cual se autorizaba al Ayuntamiento de Guadalupe concesionar este servicio hasta por nueve años, con la reserva de la diputada Violeta Cerrillo para que la concesión se sujetara a ratificación del municipio y del Poder Legislativo a la mitad del periodo (es decir, transcurridos cuatro años y medio).
Sin embargo, desde la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal que entonces presidía la diputada Cerrillo Ortiz, el dictamen votado en el pleno ya venía con vicios de origen para favorecer a la empresa que hoy nuevamente se hará cargo del servicio.
En el Considerando Tercero del cuerpo del dictamen se remiten al oficio 1083/2021, de fecha 22 de julio del 2021 y firmado por el entonces tesorero Juan Antonio de Alba Celedón, en el cual se desglosa el costo que implicaría que la administración municipal brindara el servicio directamente.
Este costo, según sus cuentas chinas, ascendería a unos 80 millones 902 mil 466 pesos, mientras que la inversión al concesionar el servicio a la empresa Trash (así se menciona en el dictamen) habría pasado a 39.8 millones en 2019 y 30.1 millones en 2020.
Solo que en el costo para la administración municipal obviaron un detalle que pasaron por alto los 23 diputados que votaron a favor del dictamen: en el desglose se consideraron 57.6 millones de pesos en 32 camiones recolectores de basura, cuyo costo por unidad oscilaría entre 1.8 a 2.2 millones de pesos. Es decir, el costo implicaba la adquisición de nuevas unidades, cuando en realidad se trataba del parque vehicular ya existente.
Si a ello se suman los 20 millones 180 mil pesos como gastos por el corralón para la operación de las unidades (que ya existía), tenemos un total de 77 millones 780 mil pesos que no debieron considerarse en el costo total por brindar el servicio el municipio.
Al final, descontando estos gastos, el costo para el Ayuntamiento debería ser de 2 millones 114 mil 466 pesos por año, más una nómina mensual de 1 millón 8 mil pesos, lo que significaría en realidad un costo de 14 millones 210 mil 466 pesos si el municipio asumiera la responsabilidad del servicio, menos de la mitad del costo que si se concesionara el servicio a la empresa Trash.
No obstante estas cuentas chinas, el dictamen fue aprobado por unanimidad de 23 votos de los diputados y ocho meses después se dio el fallo a la licitación mencionada, la cual reúne todas las características de un proceso simulado.
De inicio, únicamente hubo dos empresas licitantes: Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos SA de CV, que reunió todos los requisitos, así como María Teresa Ortiz González, quien no presentó su cédula de inscripción al padrón de proveedores (requisito indispensable para participar en licitaciones), ni propuesta técnica ni económica.
Prácticamente, la segunda solo firmó como testigo de una licitación amañada para favorecer a Trash con un contrato por 709 millones 471 mil 575.22 pesos pagaderos en un plazo de 464.5 semanas. Eso significaría un gasto de alrededor de 1.5 millones de pesos semanales… a menos que el Cabildo votara en contra del fallo de la licitación. Por cierto, ¿la titular del Órgano Interno de Control, Natalia Daniela del Muro Quiñones, era consciente de lo que estaba aprobando con esa licitación?
¿Adiós a los toros?
Ni un mes tenían de haber presentado el cartel del serial taurino con motivo de la Feria Nacional de Zacatecas 2022, cuando este lunes la jueza segundo de distrito de Zacatecas otorgó la suspensión provisional de los eventos taurinos, en un recurso promovido por COLECNA y el abogado Jorge Rada, apelando a los derechos de protección y bienestar animal vigentes.
Aunque dicha resolución es provisional y la siguiente audiencia se celebrará hasta el 28 de agosto, no hay posibilidades de que el caso se desahogue con una sentencia definitiva antes de que concluya la FENAZA 2022, por lo que el serial taurino programado del 3 al 18 de septiembre prácticamente hay que darlo por muerto.
Raro que este recurso se interpusiera hasta un mes después de presentado el cartel del serial taurino y no desde entonces, señal de que el amparo promovido también pudo tener otra connotación, como el hecho de obstaculizar la celebración de corridas de toros durante la llamada “máxima fiesta de los zacatecanos”.
Sendo problema tiene en puerta el comité organizador, especialmente para los empresarios patrocinadores: el senador Armando Guadiana y el exdirigente nacional de Fuerza x México, Pedro Haces, también presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia.
Ambos son íntimos amigos del senador Ricardo Monreal, a quien han respaldado en su aspiración a lograr la candidatura a la Presidencia de la República en el 2024.
Obviamente, las reacciones de la población no se dejaron esperar y la polarización se centró entre quienes estaban a favor de la llamada “fiesta brava”, como la diputada Marimar de Ávila (quien lamentó el avance de la “cultura prohibicionista”), y los que se mostraban en contra del maltrato animal.
El tema no es cosa menor. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado inconstitucional las corridas de toros y las peleas de gallos como “patrimonio cultural e inmaterial”, a pesar de tener dicho nombramiento en Zacatecas.
Dos cosas son ciertas: el alto costo del boletaje (de 250 a 950 pesos por corrida) desde hace tiempo ha reducido la afluencia de espectadores y amenazaba con extinguir esta actividad (cuyo mayor público se puede permitir ese tipo de gastos), además de que el abogado promovente, Jorge Rada, quizá puede irse despidiendo de su aspiración a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), pues la mayoría de los votos que necesita están a favor de la “fiesta brava”.
