A reserva de analizar a detalle el contenido de las 320 páginas que conforman el “Primer Informe de Resultados” de la actual administración estatal, la primera impresión no se aleja mucho de la expectativa: mentiras.
Ya en este espacio y en otros medios de comunicación dedicados al periodismo crítico hemos expuesto la incompetencia de quien se dice secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda.
Y no hace falta ser un genio para saber que el puesto le ha quedado grande a quien hoy sigue cobrando en la “nómina secreta” esos recursos que hoy se reparten de forma discrecional mediante la partida de “Estímulos por Responsabilidad en el Cargo”.
Desde la publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 ya se habían detectado múltiples deficiencias en el documento en lo respectivo a las metas correspondientes a esta dependencia. Baste poner un ejemplo: ni siquiera se establece una meta en la generación de empleos formales.
No es novedad que la política de la nueva gobernanza se basa, al igual que el Gobierno federal, en los programas de transferencias de recursos a la población, los cuales están sujetos a reglas de operación, no a procesos de licitación que explicarían el retraso en el ejercicio del recurso público.
Por eso se ha insistido en los subejercicios que existen en el Capítulo 4000, relativo a las transferencias de recursos mediante programas dirigidos a la población, pues en muchos casos las reglas de operación ya se habían publicado desde el primer trimestre del año.
Sin embargo, hoy confirmamos que la nueva gobernanza sigue mintiendo y con total cinismo, pregona “resultados” que son falacias en el primer informe de gobierno.
Según el documento entregado por el gobernador David Monreal el pasado 8 de septiembre ante diputados de la 64 Legislatura, en la página 286 se habla de algunas acciones emprendidas por la Secretaría de Economía en el primer año de actividades, y que a la letra dicen:
“Mediante el Fideicomiso Fondo Plata, se creó el Programa Financiamiento Ágil para la Productividad y Bienestar de Zacatecas, que otorgará 200 créditos a empresas de sectores estratégicos y proyectos de alto impacto, con un enfoque de inclusión que considera prioritariamente a aquellas empresas lideradas por mujeres, jóvenes emprendedores, adultos mayores y otros grupos vulnerables con necesidades de financiamiento”.
El problema es que lo reportado por la dependencia que dice encabezar Rodrigo Castañeda Miranda implica apenas una acción a futuro, que ni siquiera se ha realizado.
Solo basta revisar el suplemento del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, con fecha del 10 de septiembre (dos días después de entregado el Informe de Gobierno a la 64 Legislatura).
Ahí se dan a conocer las Reglas de Operación que rigen el Programa “Financiamiento Ágil para la Productividad y Bienestar de Zacatecas”. Sí, el mismo programa del cual se da cuenta en el primer informe de actividades. Y luego por qué andan insistiendo en que los subejercicios son “mentira, mentira, mentira”.
Los expertos ya tendrán otra opinión sobre la estrategia mediante la cual (según la publicación en el Periódico Oficial) se pretende colocar hasta 15 millones de pesos en créditos a 100 micro, pequeñas y medianas empresas; es decir, 100 créditos menos que lo reportado en el Informe de Gobierno.
Además, como parte de la justificación del programa se establece que estos créditos están encaminados a paliar el impacto a las Mipymes derivado de la pandemia por el COVID-19.
Pero el evidente retraso en la publicación de las Reglas de Operación hace pensar que no es un tema prioritario para la nueva gobernanza ni para Rodrigo Castañeda y que, a estas alturas, más bien deberían enfocarse en paliar los efectos de la inflación y el estancamiento de la economía, sin olvidar los paupérrimos intentos por generar empleos en la entidad.
La incompetencia para ocupar un cargo público también es signo de corrupción en una administración que se precia de combatirla. Es un tema que no debería pasar inadvertido para la “fiscal anticorrupción”, Humbelina Elizabeth López Loera.
Adiós a dependencias
A propósito del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, también el pasado 10 de septiembre se publicaron dos decretos gubernativos por los que se extinguen dos organismos públicos descentralizados: la Agencia de Energía del Estado de Zacatecas (que pasaría a formar parte de la mediocridad en la Secretaría de Economía) y el Patronato Estatal de Promotores Voluntarios (que se integraría al organigrama de la corrupción del Sistema Estatal DIF).
Bien curiosa la forma de justificar la extinción de estos OPD’s, donde se alardea de que “el Plan Estatal Desarrollo 2022-2027, está diseñado para exterminar las viejas prácticas gubernamentales; se busca implementar una nueva forma de Gobernar”. ¡Ah, caray!
Y aún hay más: “para lograr un mayor crecimiento económico en el Estado de Zacatecas, es necesario realizar una inminente reestructuración de su administración pública paraestatal, promoviendo la disolución y liquidación de aquellas que han dado cumplimiento a sus objetivos, que realizan duplicidad de funciones o que carecen de viabilidad económica”.
Por eso, a criterio de la nueva gobernanza, “deben modificarse la forma en que las dependencias de la administración realizan sus actividades y considerar que el eje rector, siempre debe ser la austeridad, disciplina y dirección financiera pues el Estado, ya no se puede permitir el uso desmedido de recursos públicos sin justificación”.
En consecuencia, advierten que “se debe transitar hacia la austeridad republicana optimizando los recursos públicos materiales, humanos, y sobre todo financieros; haciendo necesaria la desincorporación de las entidades paraestatales, agrupadas en algún sector en específico, que no justifiquen su existencia, pues se tiene como propósito atender exigencias de eficiencia y productividad de otros sectores públicos, así como destinar una mayor cantidad de recursos a diferentes áreas estratégicas y prioritarias”.
En definitiva, la extinción de estos OPD’s (que la verdad sea dicha, llevaban años sin reportar resultados tangibles) se justifica no tanto en la ineficiencia e ineficacia, sino en aras de la “austeridad republicana”. Si siendo organismos descentralizados no daban resultados, ¿usted cree que siendo una oficina subordinada y relegada cambiará la situación?, ¿cuántos recursos podrían ahorrarse con la extinción de ambos OPD’s?
Tampoco es que sean los únicos organismos a extinguir. Este martes en sesión ordinaria de la 64 Legislatura también se dio lectura a una iniciativa enviada por el gobernador David Monreal para desaparecer el Instituto de Selección y Capacitación (INSELCAP), con el argumento de que se detectó una duplicidad de funciones, por lo que las tareas de capacitar y profesionalizar a los servidores públicos pasarán a formar parte de la Secretaría de Administración que dice encabezar Verónica Yvette Hernández López de Lara.
De por sí al INSELCAP le habían reducido su presupuesto al mínimo indispensable, ¿cuántos recursos se ahorrarán con su extinción en aras de la cacareada “austeridad republicana”?
¿Y dónde quedó la unidad?
Apenas hace una semana, diputados de casi todos los partidos políticos habían salido en rueda de prensa a declarar “abrazos y no balazos” en la 64 Legislatura a fin de elevar el nivel del debate, en pos de trabajar en unidad y dejando atrás las fricciones que mantuvieron en la parálisis al Poder Legislativo.
Por supuesto que esa pretendida unidad duró apenas un par de horas, pues el 8 de septiembre fue evidente que las negociaciones y acuerdos para este periodo ordinario “se cayeron”.
Lo anterior también quedó de manifiesto en Asuntos Generales de la sesión ordinaria de este martes, cuando la diputada Gaby Basurto hizo varias precisiones en torno al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, en lo relativo a los recursos para Zacatecas.
Y aunque citó los incrementos presupuestales que ya se dieron a conocer este lunes, principalmente en los ramos 28 y 33, de Participaciones y Aportaciones federales (que son recursos que por ley le corresponden a estados y municipios, no es una “graciosa concesión” del Gobierno federal o “gestiones” del gobierno local), también exhibió la mentira sobre la asignación de recursos para el Proyecto de la Presa de Milpillas, que aunque cuenta con registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se asignan recursos para el presupuesto 2023.
Se trata de una gestión que debería encabezar el gobernador David Monreal, al igual que otros proyectos prioritarios como la infraestructura carretera, pero que a la fecha, a un año de gobierno, no se han materializado. Y los números de la SHCP no mienten.
Quien también le puso el cascabel al gato durante la sesión de este martes fue el diputado Xerardo Ramírez, quien exhibió a sus homólogos del bloque oficial por acudir como aplaudidores al Palacio de Convenciones el pasado 8 de septiembre mientras en el pleno de la 64 Legislatura se mantenían en sesión, pretendiendo realizar lo que hubiera sido la rendición de cuentas del gobernador David Monreal ante el Poder Legislativo.
Ante este cuestionamiento, no faltaron los defensores de la nueva gobernanza, como la diputada Violeta Cerrillo, quien mordiéndose la lengua tuvo la audacia de asegurar que el Ejecutivo no tiene por qué subordinarse al Legislativo, al señalar que era más importante el informe ciudadano que rindió el gobernador en Palacio de Convenciones, porque ahí había acudido “el pueblo”, más que escuchar las críticas de los representantes populares, a quienes calificó de “intermediarios”.
A la diputada se le olvidó que de no haber sido por los Servidores de la Nación y otros acarreados, el informe del gobernador hubiera sido ante miles de sillas vacías. Es cuanto.
