Con la cacareada bandera de la pretendida “austeridad republicana”, diputados locales aprobaron en diciembre pasado lo que sería el Presupuesto de Egresos 2022, con severos recortes no solo en dependencias del Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo y Judicial.
Ya en su momento el magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, cuestionó la arbitraria decisión de disminuir en más de 50 millones de pesos un presupuesto irreductible, sin olvidar la falta de palabra de la nueva gobernanza.
¿Qué hizo frente a los recortes? Apretarse el cinturón, ajustarse al presupuesto aprobado y eliminar las percepciones adicionales de magistrados y mandos medios y altos que laboran en el Poder Judicial. También cancelar cualquier posibilidad de dar mantenimiento a los juzgados en los 18 distritos judiciales, o la adquisición de vehículos para los notificadores, o la renovación de los equipos de cómputo para transitar a los juicios en línea. Y aun así los recursos siguen faltando.
Sin embargo, hubo otras áreas en la cadena de procuración e impartición de justicia que se pasaron por el arco del triunfo las disposiciones en materia de “austeridad republicana”, tal como hizo la nueva gobernanza.
Es el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) que dice encabezar Francisco Murillo Ruiseco. A este organismo “autónomo” le habían autorizado un presupuesto de 670 millones 558 mil 102 pesos para este año.
A pesar del recorte presupuestal por más de 46 millones de pesos respecto al 2021, y una ampliación presupuestal de 15 millones de pesos durante el primer trimestre del año, el personal de la Fiscalía siguió gozando de “prebendas”.
Porque también en la Fiscalía existe una “nómina secreta” disfrazada de “Estímulos por responsabilidad en el cargo”. En su momento lo dimos a conocer en Lalalá News, demostrando con evidencias consultables en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que por este concepto se erogaban 1 millón 23 mil pesos mensuales en 36 servidores públicos beneficiados con estos “estímulos”, con base en el Tabulador vigente desde el 2020.
Pues bien, el pasado 3 de septiembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el “Tabulador 2022 de Sueldos para el personal de base, contrato, confianza, mando medios y superiores de la FGJEZ”. Y sí: nuevamente figuran los “Estímulos por responsabilidad en el cargo. Concepto 7-4”. Tal como en el Tabulador del Poder Ejecutivo.
Según dicho Tabulador, este estímulo “se otorgará al personal de conformidad con lo establecido en el artículo 18 Fracción XXIV de la Ley Orgánica de la FGJE, según las funciones y responsabilidades, pagadero de manera quincenal. El rango de esta percepción va de $0.00 a $79,000.00 mensuales”.
Y sí, adivinó: la facultad de otorgarlos recae en el fiscal general, que se otorga a sí mismo un “estímulo por responsabilidad en el cargo” y que según el último Tabulador, será de 79 mil pesos mensuales.
No es el único cargo beneficiado con esta “nómina secreta”, pues también figuran cargos como el vicefiscal con 31 mil pesos mensuales; subsecretarios con 30 mil pesos; además de fiscales especializados, directores generales y titular el OIC que recibirían 27 mil pesos mensuales.
A ellos se suman algunos mandos medios, como quienes ocupan una plaza de directores y se beneficiarían con 21 mil 900 pesos mensuales “por su responsabilidad en el cargo”, sin olvidar a los puestos de confianza y operativos, como los comisarios e inspectores en jefe que recibirían 30 mil 700 pesos.
Haciendo cuentas, esta “nómina secreta” podría representar hasta 12.2 millones de pesos al año que se erogarían para solo 36 servidores públicos de la Fiscalía y que bien pudieron haberse invertido en fortalecer las labores de procuración de justicia, más en el contexto que actualmente vive Zacatecas.
No quisiéramos pensar que esos “Estímulos por responsabilidad en el cargo”, autorizados por el fiscal Francisco Murillo, son más bien un “premio” por dictar medidas cautelares en contra de enemigos e “incómodos” a la nueva gobernanza, o por la ardua tarea de agravar los delitos en las carpetas de investigación que se turnan al Poder Judicial “por instrucciones superiores”.
Arranque de trabajos legislativos
Se llegó la fecha y luego de un año perdido en los tribunales electorales por “ambiciones vulgares”, este miércoles se espera la instalación de la nueva Mesa Directiva para inaugurar los trabajos del primer periodo ordinario del segundo año constitucional de la 64 Legislatura.
Ya desde el pasado lunes integrantes de las principales bancadas (no hay que olvidar las ausencias del PRD, MC y PES) anunciaron que dejarán atrás los rencores y fricciones en pos de sacar adelante las iniciativas que no fueron prioritarias durante el primer año de trabajos legislativos.
Todo indica que también se dejarán atrás otros temas prioritarios como la “Estafa legislativa” (porque para eso premiarán al “zar anticorrupción” con la presidencia de la Mesa Directiva), la fuga de recursos mediante la contratación simulada de asesores legislativos, el dispendio de recursos en comidas y obsequios con cargo al Poder Legislativo, sin olvidar la incertidumbre para los más de 200 trabajadores que ya no saben para dónde hacerse ni a cuál de sus 30 jefes responder.
Tal vez este 8 de septiembre se cumplan las condiciones para que el gobernador David Monreal presente su primer informe de gobierno sin numeritos de diputados reclamando la pésima gestión de la nueva gobernanza, pero la “sumisión” y aparente unidad del Poder Legislativo es muy endeble y podría fracturarse como castillo de naipes una vez que se discuta el reparto de comisiones y se den cuenta que no tendrán ampliación presupuestal. ¿Chamaqueados?
