Sin decir “agua va”, en el Sistema Estatal DIF que dice encabezar Humberto de la Torre decidieron subir el costo de las cuotas de recuperación de sus programas alimentarios, alegando que debido al entorno inflacionario se han encarecido diversos insumos.
No es que la empresa Comercializadora Don Cacahuato S de RL de CV, ganadora de la última licitación para el abasto de paquetes alimenticios por casi 193 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), esté acusada de inflar el costo de los productos en más del 70 por ciento.
Nada de eso. Lo que pasa es que para el SEDIF, “a través de los años los programas alimentarios han ido evolucionando, y la población objetiva y atendida ha ido incrementando de manera gradual, así como también se han incrementado el costo de los productos alimentarios. Como consecuencia, el recurso asignado para la operación de los programas, resulta insuficiente para atender las necesidades alimentarias”.
Por ello es que consideraron que se requieren “acciones para incrementar los recursos disponibles” con tal de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”.
Porque en este tipo de estrategias también se fomenta el “desarrollo de mecanismos de corresponsabilidad por parte de los beneficiarios”, que en el caso de los programas alimentarios se reflejan en “una aportación económica denominada cuota de recuperación y cuyo objetivo es fortalecer los programas que le dan origen, ya sea incrementando su cobertura o a través de acciones complementarias de orientación alimentaria”.
Así justifica el SEDIF la “Adenda Modificatoria a los Lineamientos para la Captación y Aplicación de Cuotas de Recuperación de Programas Alimentarios”, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el pasado 3 de septiembre de este año.
De acuerdo con la publicación, la cuota de recuperación para los desayunos escolares en la modalidad frío pasará de 1 a 2 pesos; en la modalidad caliente, de 8 a 10 pesos; lo mismo que en la modalidad de asistencia alimentaria a personas de atención prioritaria; mientras que las modalidades del programa 1000 días de vida y de atención a personas en situación de vulnerabilidad, se mantendrán de manera gratuita.
Estas modificaciones en las cuotas de recuperación se dan a conocer luego de que la Auditoría Superior de la Federación realizara la Auditoría de Cumplimiento 2021-A-32000-19-1998-2022 relativa a los recursos del FAM, en la que se detectó que 50 municipios tuvieron retrasos en la entrega de los apoyos.
Sin embargo, en el caso de municipios como Trancoso, El Salvador, Villa Hidalgo y Mazapil, estos recuperaron los apoyos hasta con ocho meses de retraso y no se presentó evidencia de la entrega de alimentos a los beneficiarios por 12 millones 696 mil 300 pesos.
No hay que olvidar tampoco el contrato firmado a principios de este año, también con Comercializadora Don Cacahuato, por la cantidad de 5 millones 370 mil 213.55 pesos para adquirir 25 mil 987 despensas a repartir entre beneficiarios de 38 municipios, pero cuya entrega correspondía a diciembre del 2021, no hasta febrero del 2022.
Por donde le vean, en el SEDIF no han hecho por resolver el cochinero de sus programas alimentarios y así se podría reflejar en la revisión a la Cuenta Pública 2022… a menos que se repita la votación del pasado viernes en la 64 Legislatura para la Cuenta Pública 2020 del Gobierno del Estado.
¡Cuánta unidad!
Como si fueran la pura verdad, coordinadores de los principales grupos parlamentarios ofrecieron rueda de prensa para anunciar que, luego de un año desperdiciado de trabajos legislativos, ahora sí (¡pero ahora sí, en serio, de veritas!) se pusieron de acuerdo en el Poder Legislativo y trabajarán en unidad por el bien de Zacatecas.
En un burdo intento de emular lo que en su momento logró Ricardo Monreal en el Senado, los diputados Maribel Galván (MORENA), Georgia Miranda (PVEM), Gabriela Basurto (PRI), Karla Valdez (PAN), Martha Elena Rodríguez (PANAL), Xerardo Ramírez (PT) y José Luis Figueroa (Independiente) aseguraron que priorizarán una agenda legislativa en común, ya anunciada desde mayo pasado por el diputado Enrique Laviada (MC), quien “casualmente” no asistió a la rueda de prensa.
De hecho su ausencia no fue la única. También se notó el enorme vacío de los diputados Gerardo Pinedo (PRD) y Zulema Santacruz (PES). ¿Señales de que la cacaraqueada unidad no es tal?
Pues bien, los diputados que sí participaron de la rueda de prensa juraron y perjuraron que ahora sí sacarán los temas pendientes que se quedaron atorados en el primer año de trabajos legislativos por los pleitos que ya todos conocemos.
En la lista de temas, claro, dijeron que se incluirán la elección de la nueva presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, aunque nada se dijo del Órgano Interno de Control. También se abordarán iniciativas como la despenalización del aborto, la revocación de mandato, la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, así como la aprobación del Paquete Económico 2023.
Bien raro que al cuestionarles sobre los subejercicios en la nueva gobernanza, la diputada Maribel Galván se mantuvo en su guión para repetir que “no hay subejercicios porque no ha concluido el ejercicio fiscal”, mientras la diputada Gaby Basurto pelaba los ojos y se quedaba callada para no desmentirla, pues no hay que olvidar que fue la primera en llevar el tema a la tribuna legislativa y exhibir el pésimo manejo de las finanzas en la actual administración.
Será que ahora sí se ha conformado la bancada del “PRIMOR” y que todo está planchado para que el gobernador David Monreal acuda el próximo jueves 8 de septiembre al recinto legislativo a montar su circo de que está “reconstruyendo Zacatecas”, sin una oposición que le desmienta. Ah, pero es que ¿cuándo hemos tenido oposición en la 64 Legislatura?
