Que en el preámbulo de su quinto año de gobierno (el segundo de su segundo periodo consecutivo como alcalde de Guadalupe) siga echándole la culpa de su incapacidad a sus antecesores habla más del propio Julio César Chávez Padilla que de Enrique Flores Mendoza o de Samuel Díaz.
Este fin de semana el alcalde de la “honestidad y las acciones firmes” recurrió nuevamente a su gastado discurso de casi declarar en quiebra al municipio para justificar su pésimo manejo de la administración pública y así tener un pretexto para retrasar el pago de la quincena a más de 1 mil 800 trabajadores, a quienes aún amaga con volver a retrasar el pago de su salario por vendettas personales.
El conflicto creció de tono debido a la presión social (a la cual contribuimos con una sencilla transmisión en vivo en redes sociales para exhibir “las mentiras de Julio César Chávez”), a tal grado que este domingo se pronunció en un videomensaje para repetir las mentiras que una y otra vez ha utilizado en su gastado discurso y que, ante los numerosos señalamientos de corrupción por la contratación de la empresa Trash, han perdido impacto.
En su videomensaje, el alcalde de Guadalupe nuevamente se refirió a un presunto adeudo de más de 300 millones de pesos por retenciones del ISR y cuotas del IMSS no enteradas en el periodo 2017-2018, atribuidos a un supuesto desfalco en la administración que le antecedió.
Pero miente una y otra vez. Por ejemplo, en el caso específico del ISR, menciona que de mayo de 2017 y hasta agosto de 2018 “los exalcaldes de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza y Samuel Díaz Soto, realizaron retenciones de ISR al salario de los trabajadores del Ayuntamiento, sin reportar dicho recurso al Servicio de Administración Tributaria (SAT), generando una deuda para el municipio de Guadalupe de 142 millones 600 mil pesos”.
Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado (ASE) dice otra cosa. En el “Informe General Ejecutivo” de la revisión a la Cuenta Pública 2018, el ente fiscalizador determina la integración del expediente de investigación RP-18/16-032-01 para determinar si la conducta de los servidores públicos señalados constituye responsabilidades administrativas.
Dicho análisis se refiere específicamente a la revisión a la cuenta 2117-02-01-001 ISR sobre sueldos, que al 15 de septiembre de 2018 tenía un saldo de 43 millones 976 mil 632.76 pesos no enterados a la Tesorería de la Federación, observación similar a la ya hecha en la revisión a la Cuenta Pública 2017.
Sin embargo, también se señala que en el periodo sujeto a revisión (2019), dicha cuenta tuvo un incremento de más de 22.5 millones de pesos no enterados a la Tesorería de la Federación, y ese monto ya correspondía a la administración que encabezaba Julio César Chávez Padilla.
De hecho, en el “Informe individual sobre la revisión de la cuenta pública municipal 2018 de Guadalupe, Zacatecas”, se informa que al cierre de ese ejercicio fiscal el municipio tenía un saldo de 91.3 millones de pesos por concepto de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, una muestra de que el hoy alcalde dejó crecer el problema desde el inicio de su gestión.
De sus “cuentas alegres” sobre el adeudo al IMSS, ya en otras ocasiones lo hemos desmentido. Basta consultar el mismo Informe Individual de 2018, en el que al cierre del ejercicio fiscal se tenía un monto de 38.6 millones de pesos por concepto de servicios personales por pagar a corto plazo, mientras que en los anexos a la Cuenta Pública 2021 del Gobierno del Estado de Zacatecas se informa de los municipios con mayor adeudo ante el IMSS, de los cuales Guadalupe reporta poco más de 170 millones de pesos, con corte al mes de octubre de 2021. ¿Quién dejó crecer el problema?
Lo más interesante de todo es que el pasado 28 de septiembre, el Cabildo de Guadalupe autorizó al municipio para que a través del alcalde Julio César Chávez Padilla y la síndico María de la Luz Muñoz Morales se solicitara y obtuviera del Gobierno del Estado un anticipo de participaciones federales, del ejercicio fiscal 2022, hasta por 60 millones de pesos.
Dicho monto, según reza el dictamen del Punto de Acuerdo, se destinaría al entero del Impuesto sobre la Renta (ISR) retenido a los sueldos y salarios devengados, a las actividades profesionales y arrendamientos por los periodos comprendidos de los meses de mayo a diciembre de 2017 y de enero a agosto de 2018, así como al pago de las cargas financieras que se generen por los accesorios causados desde el momento de la obligación del entero y hasta la fecha del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Además, el dictamen aprobado por el Cabildo señala que “el pago de las cantidades recibidas, con las cargas financieras que se generen, se paguen de manera mensual en los meses de octubre del ejercicio fiscal 2022 a junio del ejercicio fiscal 2023, al Estado de Zacatecas, autorizándole retenerlas con cargo a Participaciones Federales que corresponden al Municipio”.
Todo esto lo pudo haber hecho Chávez Padilla desde que inició la administración 2018-2021, reduciendo la carga financiera por multas y recargos, tomando en cuenta que los recursos del ISR se retornan a los contribuyentes. Pero en su afán de venganza, y para seguir el guión de la pretendida lucha anticorrupción, dejó crecer el problema.
¿De qué otra forma se explica que decidiera no adherirse al esquema de regularización de adeudos ante el IMSS cuando hubo la posibilidad en 2020? Porque en el caso de Fresnillo, el alcalde Saúl Monreal se adhirió al convenio y concluyó el pago de su adeudo mucho antes que el plazo de 48 meses.
Y el hecho de haber zanjado el problema desde un inicio tampoco le impedía iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa que pudieran derivar en el inicio de acciones penales en contra de los presuntos responsables, pues la propia ASE indica en su revisión a las cuentas públicas del municipio que ese tipo de acciones no corresponden al ente fiscalizador, pero sí se pueden realizar de manera independiente.
Al final, parece que Chávez Padilla tendrá mayores cuentas por aclarar que sus antecesores…
Las mentiras de la secta
Hay que tener tantita para mentir como lo hicieron los diputados de la secta el pasado viernes, cuando se tenía programada la comparecencia de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, quien finalmente no acudió al recinto legislativo.
Mediante un oficio (sin membrete, sin número de oficio y sin sello de la dependencia), la titular de la SEDUZAC informó al Poder Legislativo que acudió a las 10:00 de la mañana a su comparecencia, pero que a las 10:25 de la mañana decidió retirarse porque no había quórum para sesionar.
Solo que el oficio (si es que se le puede llamar así) tenía sello de recibido a las 11:01 de la mañana; sin embargo, la primera sesión (donde aún no se declaraba quórum) comenzó minutos antes de las 11 de la mañana. La funcionaria no podía alegar falta de quórum si todavía no se instalaba el pleno.
No hay que olvidar que únicamente la Mesa Directiva puede declarar si existe o no el quórum legal para sesionar. Entonces, si apenas se estaba instalando el pleno cuando supuestamente la funcionaria entregaba el ¿oficio? en Oficialía de Partes, ¿se adelantó a la notificación de la Mesa Directiva?
Más allá de estas “pequeñas minucias”, el propio presidente de la Mesa Directiva, Ernesto González Romo, exhibió las mentiras de la secta al publicar los videos de las cámaras de seguridad en el horario que, según diputados del bloque oficial, había acudido la funcionaria al recinto legislativo y donde se muestra que en ningún momento pisó la sede del Poder Legislativo.
Eso sí, el oficialismo legislativo repetía una y otra vez (hasta con capturas de pantalla de grupos de WhatsApp) que el resto de los diputados pretendía extorsionar a cambio de una comparecencia “tersa” e incluso demoraron su presencia en el pleno para retrasar el acto de rendición de cuentas.
Al final, la verdad salió a la luz y no hubo evidencia de que Maribel Villalpando acudiera a comparecer, en las dos ocasiones que se le citó el mismo viernes, y por mucho que los peones de la secta insistieran en que se aplicara la misma regla que aplicó en el caso de la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera sí se encontraba en el recinto legislativo cuando se declaró que no había quórum legal para sesionar, una circunstancia que no aplicó para la titular de la SEDUZAC.
¿Son o se hacen como el tío Lolo?
