Ignacio Sánchez González bien podría ser llamado “el hombre solo”, porque solo dejaron al director del Issstezac durante su comparecencia con motivo de la glosa del informe.
A diferencia de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, que ahora salió con la dominguera de que sí acudió a su cita en la sede legislativa, pero solo estuvo en el estacionamiento (y nuevamente fue desmentida por el presidente de la Mesa Directiva de la 64 Legislatura, Ernesto González Romo), Sánchez González llegó al recinto legislativo a pie, caminando, y a su paso soportó las consignas de jubilados, pensionados y trabajadores en activo que exigían su renuncia.
El director del Issstezac no rehuyó a la cita para rendir cuentas ante el Poder Legislativo, pese a que decenas de jubilados y pensionados protestaban en galerías por la falta del pago del aguinaldo 2021 y los constantes retrasos en el pago de sus pensiones, mientras agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), encabezados por su líder Alejandro Rivera Nieto, exigían su desincorporación del Instituto y la devolución de sus cuotas.
A gritos y sombrerazos, la comparecencia por momentos estuvo en peligro de ser suspendida y enviada a comisiones a puerta cerrada. Las protestas solo calmaron su tono una vez que los manifestantes entendieron que al suspender la comparecencia ante el pleno solo le “hacían un favor” a la nueva gobernanza.
Tampoco es que hubiera novedades en el discurso del director del Issstezac, recurriendo a las “herencias malditas” y escudándose en la auditoría especial que realizara la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el periodo 2010-2020 y de la cual se derivaron 62 recomendaciones y 63 procedimientos de responsabilidad administrativa.
El mensaje de Ignacio Sánchez básicamente se centró en explicar cómo ha sobrevivido el Instituto en el último año, al cerrar las áreas comerciales menos rentables, un ínfimo recorte de personal que generó minúsculos ahorros en la nómina del Instituto, sin olvidar la pequeña reducción del gasto operativo o la imposibilidad de convertir la reserva técnica a flujos en efectivo para el pago de la nómina de pensionados y jubilados, que mes a mes asciende a más de 89 millones de pesos.
Tan solo dejaron al director del Issstezac que, en la ronda de preguntas, ni siquiera se notó la ausencia de la secta y del resto de los diputados, se trató más de una pérdida de tiempo escuchando una y otra vez los mismos cuestionamientos y las mismas respuestas a temas que ya se habían expuesto desde el mensaje inicial del director.
Lo cierto es que no hubo una cifra específica relativa al desfalco del Instituto, tampoco se ofrecieron nombres de los presuntos responsables o si ya hay denuncias interpuestas por estos hechos. Pese al cambio de gobierno, el discurso es el mismo: echarse la bolita entre el director, la Junta de Gobierno, la ASE, el Poder Legislativo y hasta el Ejecutivo estatal. Y nadie asume su responsabilidad.
En el fondo, Ignacio Sánchez dejó en claro que el aguinaldo a jubilados y pensionados no se pagará (escudándose en una “recomendación” de la ASE) hasta no tener una sentencia definitiva de los tribunales federales, pero no aclaró los criterios por los cuales se retuvieron 111 pensiones que superan los 50 mil pesos mensuales ni dio respuesta a quienes solicitan su desincorporación y la devolución de sus cuotas.
A lo más, se limitó a señalar que hay más de 2 mil 300 trabajadores en condiciones de jubilarse, de los cuales poco más de 400 están en espera de que se autorice su trámite porque el Instituto no cuenta con liquidez.
La conclusión en la que coincidieron el director y buena parte de los diputados es que la única solución para “salvar” al Instituto es una reforma a la Ley del Issstezac, que contemple aumentar la edad para jubilarse, los años de cotización, las cuotas de aportaciones (tanto de trabajadores como de la parte patronal) y pasar de la cotización en veces salario mínimo a Unidad de Medida de Actualización. No hay Plan B.
Al final, Ignacio Sánchez dejó “la solución” en manos de la 64 Legislatura, donde los enemigos de la secta hoy tendrían la mayoría para aprobar dicha reforma. De los responsables del desfalco, ni un solo nombre.
Con mejor suerte corrió el (ahora sí) secretario del Zacatecano Migrante, Iván Reyes Millán, quien fungió como encargado del despacho de marzo a mayo de este año y quien solo fue cuestionado por los representantes de los grupos parlamentarios, no de forma individual, con lo que se ahorraron un tiempo perdido en preguntas repetitivas.
Reyes Millán despertó muy poco interés de los diputados. De hecho, hubiera sido apropiado que alguien solicitara al funcionario que se presentara, pues apenas se le conoce.
Justificó la eliminación de las representaciones de Zacatecas en California, Texas y Tijuana, a partir de la política de “austeridad republicana”, pero no se tomó en consideración las necesidades de los migrantes y se trasladó la responsabilidad a los consulados. Así se “ahorraron” la grandiosa cantidad de 3 millones de pesos, pro obstaculizaron a la comunidad migrante el acceso a sus derechos.
Más allá del retraso en la ejecución de obras del Programa 2×1, con dos paquetes de proyectos ya aprobados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM), el titular de la SEZAMI dio muestra de una dependencia paralizada y con reducido margen de actuación, con programas suspendidos o que no se han podido ejecutar por múltiples razones.
Y aún no concluye la glosa del informe…
¡Fuera máscaras!
Y a propósito de la glosa del informe, las diputadas Violeta Cerrillo y Lorena Oliva, representantes de los distritos 3 y 4 con cabecera en Guadalupe, llegaron tarde a la comparecencia del director del Issstezac porque andaban en otros asuntos mucho muy importantes: las vendettas del alcalde Julio César Chávez Padilla.
Tampoco es que su presencia en el pleno sea muy notoria. Es sabido que mientras se desarrollan las comparecencias, aprovechan para continuar sus “gestiones” de calentadores solares y tinacos con la secretaria del Bienestar Social en Guadalupe, Diana Galaviz Tinajero. Pero, pues, cada quién…
Lo importante es que se cumplió lo que ya advertíamos desde el fin de semana: se citó a los trabajadores en el Auditorio de la Presidencia Municipal para una supuesta “reunión informativa” sobre el presunto desfalco por la retención del ISR y cuotas del IMSS que no fueron enteradas en su momento y que, según las cifras alegres del “Chafa-Iron-Man” de Guadalupe, ascienden a unos 307 millones de pesos.
A qué grado llegó su desesperación que los trabajadores fueron amenazados: o firmaban la denuncia redactada por el equipo jurídico del alcalde, o sufrirían las consecuencias con el cambio de área de trabajo o la retención (ilegal) de sus salarios.
Posterior a la “reunión informativa”, hubo a quienes llevaron en camiones propiedad del Ayuntamiento a la Fiscalía General de Justicia del Estado a presentar su denuncia dirigida al fiscal Anticorrupción, Salvador Villa, y amenazan con seguir llevando a más trabajadores en los próximos días para que lleven su formato pre-elaborado en el que únicamente se hace referencia a las cuotas del IMSS no enteradas a la Tesorería de la Federación, pero cuyos montos no corresponden con lo que ya reportaba la Auditoría Superior del Estado.
La cuestión es que las denuncias por “abuso de autoridad, fraude y los que resulten” en contra de los exalcaldes Enrique Flores y Samuel Díaz debieron presentarse desde hace cuatro años, no ahora que están a punto de sobreseer los casos. ¿A qué responde este circo de vendettas personales en este momento?
Bien raro que cuando la hoy diputada morenista Violeta Cerrillo fue regidora por el PRI en la administración de Enrique Flores nunca protestó, pese a ser parte de la comisión edilicia de Hacienda. Y la hoy diputada morenista Lorena Oliva tampoco se quejó de los apoyos recibidos como líder priísta en el polígono de las Piedreras y luego como trabajadora del Ayuntamiento.
Y casualmente el pasado 15 de octubre, cuando retrasaron el pago de la quincena a más de 1 mil 800 trabajadores, se publicó en el suplemento del Periódico Oficial del Gobierno del Estado el “Contrato de la concesión parcial para la prestación del servicio público de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas”. Una “joyita” de más de 700 millones de pesos en el municipio de las “finanzas en quiebra”. Farsantes…
