De poco o nada servirá la nueva solicitud que haga la 64 Legislatura para que acuda a comparecer ante el pleno el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, y explique la intervención de dicho organismo “autónomo” en el caso de Jorge Iván, un joven de 19 años que fue víctima de una brutal agresión y tres meses después falleció.
Los hechos se registraron en la madrugada del 2 de julio y no pasó mucho tiempo para que se interpusiera la denuncia correspondiente. Sin embargo, el caso se agrava una vez que la víctima ha fallecido presuntamente como consecuencia de las lesiones que sufrió.
Tres meses pasaron y solo hasta el lamentable deceso de la víctima, la Fiscalía del estado emitió un comunicado donde refiere que existen tres carpetas de investigación abiertas por este caso: dos relativas a la agresión del pasado 2 de julio y una más por el deceso de la víctima, tres meses después, en un centro hospitalario.
Según el comunicado de la Fiscalía, en este lapso se han realizado “entrevistas a testigos, dictámenes médicos, dictámenes psicológicos realizados a los involucrados, inspecciones de lugar, análisis de videograbaciones, entre otras”. Y solo hasta ayer se informó a familiares de la víctima sobre el avance en las investigaciones.
La gravedad del caso motivó una manifestación de jóvenes estudiantes que exigen justicia para Jorge, pues entre los testimonios se señala que participaron al menos siete personas en la brutal agresión y se señala una presunta relación con “grupos de poder” desde el momento en que también intervinieron elementos policiales el día de la agresión… para proteger a los agresores.
Bien raro que por casos con visos políticos de supuesta violencia política en razón de género, de inmediato se dictan medidas cautelares por presunta violencia física y psicológica, pero en este caso no se informa si se dictaron medidas cautelares o incluso prisión preventiva, pues hoy con el lamentable deceso de Jorge Iván, cambia el estatus jurídico para los agresores, quienes ahora podrían enfrentar cargos por homicidio.
No obstante, quedan aún muchas preguntas en el aire, desde el motivo de la agresión; la participación de elementos policiales para proteger a los agresores; el “tortuguismo” de la Fiscalía en las indagatorias; la falta de medidas cautelares o prisión preventiva (considerando una potencial evasión de la justicia); las omisiones del establecimiento donde se registraron los hechos; la probable complicidad del secretario de Seguridad, Adolfo Marín, considerando que la SSP está obligada a conocer dónde y en qué horario se encuentran los elementos policiales en el desempeño de sus funciones (¿se han revisado las bitácoras?); qué protección brindó el Estado a la víctima, sus familiares y testigos del hecho; así como las medidas para la “reparación del daño”.
Por encima de todo, indignan los tres meses de silencio de las autoridades, incluyendo al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, así como la discriminación jurídica de la que es víctima la juventud actual y que comienza a ser cada vez más visible. Al final solo queda una pregunta: ¿justicia para quién?
¿Retraso de transferencias a municipios?
Este fin de semana, en el Suplemento del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se publicó el “Acuerdo mediante el cual se dan a conocer los montos transferidos a los 58 municipios de la entidad en el Tercer Trimestre del Ejercicio 2022, por concepto de recursos del Fondo Único de Participaciones, del Fondo de Estabilización Financiera, del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, del Fondo del Impuesto Sobre la Renta por la enajenación de bienes inmuebles y del Fondo del Impuesto Sobre Nóminas”.
En dicho acuerdo también consta un informe sobre los recursos transferidos a los municipios en los tres primeros trimestres del año, una suma que asciende a 2 mil 767 millones 838 mil 776 pesos en el periodo de enero a septiembre por los diferentes conceptos que ya se señalaron.
Sin embargo, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2022 aprobado por la 64 Legislatura, para este ejercicio fiscal se contemplaban transferencias a los 58 municipios por al menos 5 mil 694 millones 348 mil 415 pesos.
Lo anterior significa que aún quedarían pendientes por transferir entre octubre y diciembre de este año unos 2 mil 762 millones 144 mil 427 pesos, que representan el 48.5% de los recursos contemplados en el Presupuesto de Egresos 2022. Es decir, en 9 meses apenas se habrían transferido poco más de la mitad de los recursos programados.
A reserva de corroborar posibles afectaciones a la baja en los montos transferidos por recortes de la Federación, este retraso en la ministración de recursos a los municipios bien podría coincidir con las múltiples quejas de alcaldes que han denunciado en los últimos meses un retraso “inexplicable” en las transferencias de recursos.
¿Ahora la nueva gobernanza traslada su incapacidad a los municipios para que ellos también incurran en subejercicios? Bonita cosa…
