Ni la burla perdonan

Bastante risa (y muchas críticas) generó la iniciativa presentada este miércoles por el diputado Xerardo Ramírez, “el de la bancada estrella”, para autorizar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la firma de un convenio de colaboración con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART).

El objetivo del convenio sería que el sistema público de radio y televisión local transmitiera las sesiones del Poder Legislativo. Sí, así como lo lee. Después del circo tan lamentable en el que se ha convertido el parlamento, pretenden convertir al SIZART en la plataforma para transmitir el “reality show” de lo más bajo de la política zacatecana.

Lo peor no es que la iniciativa se aprobara por unanimidad y en calidad de “urgente y obvia resolución”. Lo más lamentable es evidencian su desconocimiento de los medios de comunicación (públicos o privados) y su funcionamiento.

Porque, de inicio, es bien sabido que la 64 Legislatura si algo le caracteriza es la impuntualidad con la que comienzan sus sesiones (a veces con hasta tres o cuatro horas de retraso) y sería muy cínico pensar que, tan solo por ser el Poder Legislativo, detendrán su programación en espera de que haya quórum legal para iniciar los trabajos en el pleno.

Y no solo eso, porque las sesiones en el Congreso no tienen una duración exacta ni predefinida como para reservar una o dos horas de la programación habitual del SIZART, mucho menos habría las condiciones para desperdiciar valioso tiempo en radio y televisión en diatribas y un pésimo nivel en el debate parlamentario.

Si lo que pretendía el diputado Xerardo Ramírez era otro escaparate para su lucimiento o el de sus homólogos, hubiera sido mejor opción buscar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones alguna convocatoria para el otorgamiento de concesiones y quizá, con suerte, obtener una para “uso público y social” (como el SIZART), sin fines de lucro, tal como ya existe el Canal del Congreso (en el caso federal).

Tampoco es que el sistema público de radio y televisión esté en mejores condiciones que en tiempos de su exdirectora Teresa Velázquez. Hasta donde se sabe, el SIZART fue de los organismos a los que el Poder Legislativo decidió no incrementar su presupuesto; sin embargo, según sus informes financieros, la nueva gobernanza les recortó de un plumazo casi 25 millones de pesos y los dejó en la lona, con apenas 9.5 millones de pesos para su operación este año.

No hay que olvidar que el pasado 25 de abril, en el marco del 38 aniversario de Radio Zacatecas, el propio gobernador David Monreal anunció un monto de 60 millones de pesos que se destinarían al SIZART para “actualización tecnológica”, un recurso que finalmente no llegó.

No es que valiera la pena, hay que decirlo, pues el sistema público de radio y televisión hoy más que nunca se ha convertido en vocería de propaganda oficialista (recuérdese el programa “Nueva Gobernanza”) y la principal vía para atacar desde un aparato del estado a los detractores del actual régimen, alejándose de sus obligaciones establecidas en las cláusulas de la concesión para uso público y social.

Lo terrible es que también en el SIZART que hoy encabeza Hermelio Camarillo Conde se han dado las cuestionadas prácticas de terrorismo laboral. Precisamente, minutos después de que el diputado Xerardo Ramírez presentara su iniciativa ante el pleno, trascendió la denuncia que en redes sociales hiciera la periodista Arazú Tinajero, quien “después de días de acoso y hostigamiento laboral, en un proceso lleno de irregularidades” le fue notificado su despido.

No ha sido el único caso en este primer año de administración. Como ella, con varios años de trabajo en este sistema público de radio y televisión, ha habido otras personas destacadas de quienes la nueva gobernanza prescindió de su experiencia con las mismas prácticas de hostigamiento y acoso. Una situación sobre la cual no se ha pronunciado el actual secretario general del SUTSEMOP, Israel Chávez Leandro. ¿Complicidad?

Rezago legislativo

Como muestra de que ni la burla perdonan en el Poder Legislativo, la sesión ordinaria de este miércoles ofreció algunos ejemplos del rezago entre los 30 diputados que no están en lo que deben estar.

Por ejemplo, la iniciativa presentada por el diputado David González desde el 30 de marzo a fin de exhortar al Ejecutivo estatal para instruir a los titulares de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y la de Obras Públicas y que establezcan “de manera urgente” el abasto de tuberías, bombeo y perforación de nuevos pozos en el municipio de Concepción del Oro.

Pese a haber solicitado que la iniciativa fuera considerada de urgente y obvia resolución, ganó más el pleito que marcó el segundo periodo ordinario y que terminó en los tribunales, y la iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen hasta que finalmente, en la sesión de este miércoles, fue aprobada por unanimidad.

Baste recordar que un par de días después de presentada la iniciativa se registró un ecocidio en el semidesierto con un incendio de grandes magnitudes que, ante la falta de agua en la región, obligó al gobierno a rentar aeronaves incluso en estados vecinos para atender el siniestro que duró varios días.

Otro ejemplo fue la iniciativa presentada desde el pasado 2 de mayo por la diputada Martha Elena Rodríguez Camarillo para reformar la Ley que Regula el Uso del Cubrebocas y modificar las disposiciones para su uso acorde con la etapa de la pandemia en la que nos encontramos, una vez que ya se han aplicado varias dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Pues el dictamen apenas fue leído en la sesión ordinaria de este miércoles, casi cinco meses después de presentada la iniciativa y más de un año después de iniciada la vacunación de la población.

Entre otras curiosidades de la sesión ordinaria, que inició para variar con una hora de retraso, en la síntesis de la correspondencia se incluía la solicitud del Ayuntamiento de Tlaltenango para la autorización de un crédito hasta por 12 millones de pesos que se destinarían a la compra de un camión recolector de basura y una pipa de agua potable. ¿A sobrecosto o por qué tan caro?

Mucho tendrá que explicar el alcalde Salvador Arellano sobre esta solicitud… a menos que ocurra lo que ya vimos con el caso de la concesión del servicio de recolección de basura, hasta por 9 años, a la empresa Trash en Guadalupe.