En temas de coyuntura, la 64 Legislatura ha demostrado que es más blof que hechos concretos. La prueba más reciente la dieron ayer en sesión ordinaria, en la que fue presentada una iniciativa exigiendo la remoción del cargo de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando.
Fue la diputada Cuquita Ávalos quien dio lectura a la iniciativa firmada por ella misma y los diputados Gaby Basurto, Herminio Briones, Manolo Gallardo, José Juan Estrada, Jehú Salas, David González, Ernesto González Romo, Priscila Benítez, Lupe Correa, Marimar de Ávila, Karla Valdez, Gerardo Pinedo, Xerardo Ramírez y Ana Luisa del Muro.
Entre los diputados que, hasta donde se sabe, no siguen instrucciones de la secta llamó la atención que algunos decidieran no suscribirse a la iniciativa, como Enrique Laviada, Juan Mendoza, Susana Barragán y Martha Elena Rodríguez. Y sus votos fueron decisivos al momento de aprobar la propuesta.
La iniciativa pretendía solicitar al gobernador David Monreal remover de inmediato de su cargo a la titular de la SEDUZAC, por desacato a lo establecido en la Constitución y faltar a su comparecencia como parte de la glosa del informe de gobierno.
Además, en caso de no hacerlo en los tres días posteriores a la aprobación de la iniciativa, se establecía que los órganos del Poder Legislativo iniciarían el procedimiento jurídico para su remoción conforme al Título VII de la Constitución Política del Estado.
Por si no fuera suficiente, el contenido de la iniciativa establecía la solicitud a la Mesa Directiva para realizar las acciones necesarias para imponer provisionalmente la multa de 500 unidades de medida a la titular de la dependencia, conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Y sí: se recordó que aunque “algunos diputados” insistían en que la funcionaria sí estuvo en el recinto legislativo (el estacionamiento), la cita a comparecer era ante el pleno, pero por más que han buscado y rebuscado, no consta en ningún medio físico o digital la presencia de la funcionaria, como se ha asegurado.
Por evidentes motivos, se solicitó que la iniciativa fuera considerada de urgente y obvia resolución, pero no procedió, al reunir solo 13 votos a favor y siete en contra. El voto faltante para reunir mayoría calificada y que pudo marcar la diferencia estuvo en manos de las diputadas Karla Valdez (PAN) y Martha Elena Rodríguez (Nueva Alianza), quienes salieron del pleno al momento de la votación, quién sabe si de manera “intencional”.
Sin embargo, generó mayor indignación el caso de la diputada neoaliancista debido a que es coordinadora del grupo parlamentario que dice representar al magisterio zacatecano y aunque en Asuntos Generales sí cuestionó el desacato de Maribel Villalpando, a esas alturas de la sesión ya había perdido toda credibilidad.
Como era de esperarse, votaron en contra de considerar la iniciativa de urgente y obvia resolución los diputados Maribel Galván, Zulema Santacruz, Lorena Oliva, Armando Delgadillo, Violeta Cerrillo, Nieves Medellín y Analí Infante, quienes en su mayoría han defendido la “aparición” de la funcionaria en el recinto legislativo y se entramparon en sus mentiras cuando una y otra vez se demostró que la titular de la SEDUZAC nunca acudió a comparecer.
No fue gratuito que también en Asuntos Generales, diputados como Cuquita Ávalos, Susana Barragán o Ernesto González Romo insistieran en que los legisladores que defendieron a capa y espada la presencia de la funcionaria deberían ofrecer disculpa pública a la población por proteger a un alfil de la secta que no atendió un mandato constitucional.
Pero por mucho que desde el Legislativo se insista en la necesidad de cambiar de gabinete, y aunque en sesión de este martes se hubiera aprobado la iniciativa en comento de urgente y obvia resolución, es más que probable que el Ejecutivo hubiera ignorado el mandato. Baste recordar el “gran cambio” anunciado en la SEDUVOT y el INZACE: un enroque entre sus titulares Laura Elvia Bermúdez y José Luis de la Peña. Así que en la nueva gobernanza no pasa nada…
SAD quedó a deber
Ayer mismo, por la tarde, acudió a comparecer la secretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara, cuya cita a rendir cuentas no estaba contemplada originalmente en el calendario de la glosa, pero “alguien” tenía que responder a los cuestionamientos sobre el despido de trabajadores.
Tampoco es que esta comparecencia brillara por dar respuesta a todas las preguntas (que en realidad fueron repetitivas o que no competían a la funcionaria citada a comparecer), pues en gran parte quedó el compromiso de “hacer llegar la información” o simplemente se agotó el tiempo para responder.
Entre los datos destacables, básicamente está la reducción de la plantilla laboral en poco más de 1 mil trabajadores, lo que representó un ahorro superior a los 333 millones de pesos. Además, mediante los programas Retiro Digno y Retiro Voluntario se benefició a 422 trabajadores, lo que implicó una inversión de 103 millones de pesos.
La cuestionada política de “austeridad republicana” y racionalidad en el gasto se tradujo en la reducción del parque vehicular (y en ahorros por la cancelación de arrendamientos), además de 57 millones de pesos que se dejaron de desperdiciar en combustible. También en los procesos (aún en marcha) para dar certeza jurídica a los bienes inmuebles del Gobierno del Estado.
Por lo demás, la secretaria de Administración rechazó que en la nueva gobernanza hubiera una “nómina secreta”, al insistir en que todas las percepciones salariales se publican en la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque no pudo aclarar por qué la disparidad en los registros de algunos funcionarios.
Eso sí: confirmó que en la nueva gobernanza continuó la entrega de los “Estímulos por Responsabilidad en el Cargo”, que en la administración pasada representaban 4.8 millones de pesos mensuales (unos 58.4 millones al año) erogados en 276 funcionarios de primer nivel; mientras que en la nueva gobernanza se otorgan a 143 funcionarios públicos (101 a nivel central y 39 en organismos públicos descentralizados), con un impacto presupuestal de 3.4 millones de pesos al mes y que a la fecha ya representan unos 16.5 millones de pesos.
Y aunque algunos diputados como Xerardo Ramírez se colgaran de investigaciones realizadas por medios de comunicación sin darles mínimamente el crédito, como Lalalá News, quedó claro que la mayoría de legisladores ni siquiera saben qué preguntar, a qué autoridad le compete responder ni cuáles funcionarios tendrían presunta responsabilidad en las anomalías detectadas en la contratación de bienes o servicios.
Lo único bueno es que está por concluir esta glosa insufrible que ha dejado en evidencia que nadie está en lo que debe estar. Es cuanto…
