Si otra cosa no sucede y los diputados locales se despiertan para desquitar su dieta, este día en sesión ordinaria de la 64 Legislatura se espera la aprobación de un segundo paquete de Cuentas Públicas 2020 de 23 municipios, cuyos dictámenes fueron leídos ante el pleno por el diputado Herminio Briones el pasado 24 de noviembre.
Ya el Informe General Ejecutivo de la revisión a las Cuentas Públicas 2020 realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) da una idea de las irregularidades detectadas en los municipios, algunas de las cuales han sido una constante, como adeudos ante el IMSS que no han sido conciliados, diversas anomalías en la planeación y ejecución de obras, omisión en la ejecución de créditos fiscales (y dejar que prescribieran), préstamos personales, adjudicaciones directas que incumplían con la normatividad o el caso de dispersiones de nómina que no tenían sustento documental.
En este segundo paquete (y en general, de los 58 municipios) llama la atención el caso de Cañitas de Felipe Pescador, cuyo alcalde Marco Antonio Regis Zúñiga del PVEM, reelecto para un segundo periodo, aún tiene pendientes por aclarar más de 43.1 millones de pesos.
Entre las principales observaciones destacan 12.8 millones de pesos correspondientes al Capítulo 1000, de Servicios Personales, que no cuentan con soporte documental, además de 1.4 millones de pesos para la adquisición de teléfonos celulares a funcionarios públicos y cuya compra no estaba justificada ni se demostró que se realizaran los descuentos correspondientes a los servidores públicos.
Otra observación importante es por 15.4 millones de pesos por dos créditos fiscales derivados de procedimientos de responsabilidades administrativas y que no fueron recuperados debido a que ya prescribieron durante el 2020.
¿Sospechas de corrupción? Claro que sí, pues se instruye presentar denuncia de hechos por el probable daño a la hacienda pública hasta por 1.7 millones de pesos provenientes del FAIS y que fueron utilizados para pagar obras de ejercicios fiscales anteriores.
Y como eso de la mala planeación no se le da a los municipios, en este caso hubo 3.6 millones de pesos de recursos federales que debieron enterarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE) debido a que no fueron devengados ni comprometidos al 31 de diciembre, además de tener que reintegrar a la Secretaría de Finanzas los recursos correspondientes al Programa 2×1 para Migrantes, en lo relativo al proyecto de entrega de 99 becas escolares que no fueron entregadas.
Tampoco podían faltar los adeudos al IMSS; según el Informe General Ejecutivo, Cañitas de Felipe Pescador tenía un saldo pendiente por pagar al 31 de diciembre del 2020 por la cantidad de 4 millones 267 mil 824.88 pesos.
Por si no fuera suficiente, la ASE también observó el proyecto de renovación de luminarias, el cual fue contratado con la empresa Aldy Star Comunicaciones SRL de CV por la vía de adjudicación directa; sin embargo, por el monto contratado (5.8 millones de pesos) debió someterse a un proceso de licitación, además de que el Cabildo había autorizado que dicho proyecto se ejecutara mediante un empréstito con Banobras… pero no se contrató, sin olvidar que nunca se solicitó autorización del Poder Legislativo para llevarlo a cabo.
Las cosas no pintan mejor para el municipio de Genaro Codina, que bajo la administración de María Oralia López Chávez del PRD aún tiene pendiente de aclarar 33.3 millones de pesos de la Cuenta Pública 2020, cuyo monto corresponde a dos créditos fiscales contra exfuncionarios sancionados y que ya prescribieron.
Tampoco se puede omitir la observación que hiciera la ASE respecto al adeudo al IMSS por 3.1 millones de pesos, según el saldo al 31 de diciembre del 2020, sin que se demostraran acciones para regularizar el adeudo.
Ojocaliente es otro municipio con importantes observaciones por más de 22.5 millones de pesos, de los cuales más de 10.5 millones de pesos corresponden a observaciones en obra pública, como la sospecha de subcontrataciones, costos inflados, obras no entregadas en tiempo y forma o con diversas deficiencias en su ejecución.
Del resto de observaciones, gran parte corresponde a la contratación de bienes y servicios con personas físicas y morales que no demostraron la capacidad técnica y económica, que se les pagó con recursos que no correspondían, o con documentación probatoria faltante.
Y sí: el alcalde Daniel López Martínez también tenía un adeudo con el IMSS por más de 30.3 millones de pesos de los que no se demostraron acciones para su conciliación; sin olvidar que al igual que otros municipios, también le fue observado un monto superior a 1.7 millones de pesos por un crédito fiscal que prescribió y que se derivaba de un procedimiento administrativo sancionatorio.
El mismo caso se repite en el caso de Mazapil, bajo la administración de Gregorio Macías Zúñiga (¿pariente del actual alcalde Mario Macías Zúñiga?) a quien observaron 4.8 millones de pesos por tres créditos fiscales contra exfuncionarios que ya prescribieron, sin mencionar más de 2.5 millones de pesos en apoyos sociales a personas de escasos recursos que no cumplieron con los requisitos o hasta 584 mil pesos en préstamos no recuperados.
En este que es uno de los municipios “más pobres del estado” también se detectaron adeudos con el IMSS hasta por 17 millones 913 mil 516.77 pesos, según el saldo al 31 de diciembre del 2020 y que no se demostró que se emprendieran acciones para su conciliación.
El municipio de Trancoso tampoco se puede quedar atrás. Con observaciones por más de 12.2 millones de pesos bajo la administración del priísta César Ortiz Canizales, el mayor monto corresponde a siete créditos fiscales contra exfuncionarios por la cantidad de 9.2 millones de pesos y que ya prescribieron.
Muchos no olvidan que durante esta administración, el alcalde dijo enfrentarse a la falta de recursos que impedían brindar los servicios a la población. Lo que no dijo, pero sí obra en el Informe General Ejecutivo de la ASE, es que se erogaron 350 mil pesos en un Bono Especial Anual para los regidores, pero que no estaban etiquetados en el Presupuesto de Egresos. ¡Qué tal!
Otro que no se queda atrás es el alcalde reelecto de Saín Alto, José Luis Salas Cordero, de MORENA. A él le fueron observados más de 11.9 millones de pesos, de los cuales al menos 10.8 millones corresponden a inversión pública, con anomalías como simulación de contratos, obras no realizadas o sobrecostos.
Además, se detectaron subejercicios por más de 22 millones de pesos que no fueron devengados al 31 de diciembre, lo que ameritó una acción de seguimiento en ejercicios posteriores.
Por si fuera poco, este municipio tenía un saldo al 31 de diciembre de 2020 por 7 millones 239 mil 263.09 pesos en adeudos ante el IMSS y que no se demostraron acciones para su regularización.
Irregularidades similares se detectaron en el caso de Miguel Auza, bajo la gestión del entonces alcalde José Alfredo González Perales, de MORENA, hasta por 9 millones 106 mil 751.96 pesos, de los cuales más de 3.8 millones de pesos corresponden a tres créditos fiscales contra exfuncionarios que ya prescribieron.
Por si no fuera suficiente, al municipio le fueron observados 1 millón 843 mil pesos en créditos otorgados durante el ejercicio fiscal 2020, sin la documentación probatoria correspondiente y sin que se hubiera recuperado el monto.
Para rematar, el alcalde tenía un adeudo ante el IMSS por 18 millones 626 mil 79 pesos, con corte al 31 de diciembre de 2020.
Todo lo anterior es solo una muestra de las irregularidades que se repiten en gran parte de los municipios y que deberían obligar a los órganos internos de control (y al Poder Legislativo) no solo a ser más estrictos en la aplicación de la normatividad, sino también en modificar el marco legal para endurecer las sanciones. Es cuanto.
