Concluida la glosa del informe, y más allá de “funcionarios fantasmas”, quedó clara la mediocridad de gran parte del gabinete, tan mediocre como el desempeño de la mayoría de los legisladores que dijeron “cuestionar” a los funcionarios durante las cuatro semanas de comparecencias.
Entre mentira y mentira, hubo un tema recurrente (y preocupante): los subejercicios en varias dependencias, cuyos titulares dieron muestra de su incapacidad para programar (y ejecutar) el gasto del recurso público.
Para entonces, la información disponible se limitaba a los informes financieros de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) con corte al 30 de junio, así como el informe del Avance de Gestión, con corte a la misma fecha. La excusa perfecta para un gabinete gris que en todo momento insistió en que no existían tales subejercicios (pese a la evidencia) porque “no había concluido el ejercicio fiscal” (Maribel Galván dixit) y supuestamente durante el tercer trimestre se habría calendarizado la dispersión de recursos para cada fin.
Sin embargo, no fue así y de ello dan cuenta los informes financieros de la SEFIN correspondientes al tercer trimestre del año, en los que se revela que al 30 de septiembre había al menos cinco dependencias con un subejercicio superior al 50% de su presupuesto:
- Secretaría de Desarrollo Social (91.3%)
- Secretaría del Agua y Medio Ambiente (71.8%)
- Secretaría del Zacatecano Migrante (70.0%)
- Secretaría de Obras Públicas (65.6%)
- Secretaría del Campo (60.5%)
Entre estas cinco dependencias sumarían en total 1 mil 674 millones 122 mil 805 pesos sin haber sido ejercidos (ni comprometidos), al cierre del tercer trimestre del año y a unos días de iniciar la glosa del informe de gobierno.
El gran problema es que, según los mismos informes financieros, al 30 de septiembre había al menos 14 organismos públicos descentralizados con menos del 10% de su presupuesto para cerrar el año:
- Agencia de Energía del Estado de Zacatecas (0.0%)
- Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo (0.0%)
- INSELCAP (0.0%)
- Instituto de la Defensoría Pública (0.8%)
- Patronato Estatal de Promotores Voluntarios (2.4%)
- CECYTEZ (2.8%)
- Escuela de Conservación “Refugio Reyes” (3.2%)
- Junta de Monumentos (6.2%)
- Universidad Politécnica de Zacatecas (6.6%)
- COBAEZ (6.6%)
- Instituto Tecnológico Superior de Loreto (6.7%)
- Comisión Estatal de Defensa del Contribuyente (7.5%)
- Instituto de la Juventud (8.2%)
- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (9.0%)
Para cerrar el año, y con base en el presupuesto que les fue aprobado, estos organismos requerirían al menos 198.4 millones de pesos; es decir, apenas el 11.8% del monto en subejercicios de las cinco dependencias señaladas por su incapacidad para ejecutar el recurso en tiempo y forma.
Y entre los organismos autónomos la cosa no pinta mejor. Con corte a la misma fecha, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) apenas dispondría de 9.0% de su presupuesto para cerrar el año, mientras el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas si acaso tendría 6.9% de su presupuesto para los meses de octubre, noviembre y diciembre.
La gravedad de esta mala programación del gasto público se refleja en el poco dinero circulante en el estado, con proveedores y contratistas que en muchos casos tuvieron que recurrir al endeudamiento para sobrevivir, mientras la nueva gobernanza calentaba los pesos en las arcas.
Hasta donde se sabe, ya estaría listo el anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2023 (aunque falten organismos por aprobar su anteproyecto, como el Poder Legislativo o el Judicial), pero en aras de agotar los tiempos, este sería presentado ante la 64 Legislatura en la fecha límite, que vence el próximo 30 de noviembre, obligando a declarar periodo extraordinario en el mes de diciembre y, tal vez, presionando para no reunir los votos necesarios.
Bajo esas circunstancias, y sin presupuesto aprobado al 31 de diciembre, el próximo año se aplicaría la programación presupuestal de este año, con los ajustes correspondientes por la desaparición de organismos públicos descentralizados. ¿Hablamos de infamias?
Qué desastre en Sombrerete
Mediante un escueto comunicado, el alcalde de Sombrerete, Alan Murillo, informó a personal sindicalizado y de confianza que “debido a un procedimiento ilegal en contra del municipio” derivado del adeudo con el Instituto Mexicano del Seguro Social habían sido bloqueadas las cuentas bancarias del municipio, lo que obligaba a posponer el pago de nómina de la segunda quincena de octubre, al igual que el pago a proveedores.
Más pronto que tarde recibió respuesta del IMSS, que a través de un comunicado aclaró que Sombrerete no era el único ayuntamiento afectado con el embargo de cuentas bancarias, pues hay en total 49 municipios con adeudos que suman alrededor de 1 mil 200 millones de pesos.
Y no es que el IMSS se cobre a lo chino (como el SAT), pues está sujeto a una normatividad y por ello se notificó en su oportunidad al municipio del adeudo con la institución por 188 millones de pesos correspondientes a Cuotas Obrero Patronales (COP) y de Retiro, Cesantía y Vejez (RCV).
Tampoco es que se tuviera que liquidar el adeudo en una sola exhibición, pues desde 2020 el IMSS ofreció a los municipios un esquema de regularización de adeudos, hasta en 48 mensualidades, además de otras alternativas que no lesionaran las finanzas de los municipios, esquemas a los cuales se adhirió Fresnillo a través del alcalde Saúl Monreal y a la fecha el municipio ya ha liquidado su adeudo con la institución.
Hoy, el embargo de cuentas bancarias al municipio de Sombrerete responde al agotamiento de todos los procedimientos previstos ante la falta de pago y (así se entiende) la nula disposición para ponerse al corriente con su adeudo ante el IMSS. Sin embargo, esta medida no incluía congelar las cuentas bancarias de donde se pagan sueldos y salarios, por lo que el alcalde Alan Murillo no tenía razón en atribuir al IMSS la falta de pago de la segunda quincena de octubre a los trabajadores.
La situación no es reciente. Baste revisar los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para rastrear desde dónde viene el problema. Por ejemplo, ya en la Cuenta Pública 2021 del Gobierno del Estado de Zacatecas se informaba que, con corte al 31 de octubre del año pasado, había 42 municipios con adeudos al IMSS por 893.9 millones de pesos. El más endeudado era Guadalupe, con 170.3 millones de pesos, seguido por Sombrerete, con 126 millones 368 mil 488.25 pesos.
También en los informes de la ASE relativos a la Cuenta Pública 2020 del municipio de Sombrerete se reportaba un adeudo al IMSS por 126 millones 411 mil 530.10 pesos; es decir, apenas 43 mil 41.85 pesos más que lo reportado un año después.
Y en el mismo informe se daba cuenta que al 31 de diciembre del 2019, este adeudo con el IMSS apenas llegaba a 58 millones 182 mil 349 pesos. Eso significa que en un año, el alcalde Alan Murillo dejó crecer esta deuda en 117.27%, lesionando con ello los derechos de los trabajadores.
Eso sí, no fueran contratos de obra a sobrecosto y con constructores muy quemados porque para eso sí hay dinero. Habrá que preguntarse, por ejemplo, por qué Édgar Iván Aguirre Fernández (socio de Soluciones Eléctricas Centro SA, donde también participa Pablo Calixto Lara) se ha beneficiado con al menos 84 contratos de obra por adjudicación directa por 24 millones 598 mil 27.43 pesos en conjunto, entre el 2018 y el 2022.
Y habrá que preguntarse porque la ASE de Raúl Brito no ha hecho señalamientos hacia esta empresa. ¿O acaso ya está permitido otorgar varias obras en un mismo periodo al mismo proveedor? Huele más a negocio redondo… ¿Qué tendrán que decir Roberto Luévano o la senadora Claudia Anaya al respecto?
Adán Augusto en Zacatecas
Pues sí: este jueves llega a Zacatecas el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y no precisamente a leerle la cartilla a la titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Gobernación en Zacatecas, Martina Rodríguez García.
Su visita se debe más bien a la gira que realiza por varios estados con motivo de la reforma sobre la Guardia Nacional y se prevé que comparezca ante la 64 Legislatura a eso de las 2 de la tarde. Pero previamente se dice que tendrá un encuentro privado con legisladores priístas, con tal de amarrar la aprobación de dicha reforma.
Tampoco es que necesite gran cosa en el caso de Zacatecas. ¿O acaso la diputada Cuquita Ávalos pedirá que saquen a la Guardia Nacional de las Comunidades de Jerez?, ¿o el diputado José Juan Estrada lo hará por las comunidades de Valparaíso?, ¿o el diputado David González lo hará por las comunidades del semidesierto?
Lo mismo se podría preguntar con otros legisladores: ¿Lupe Correa pediría lo mismo en el caso de los Cañones?, ¿Xerardo Ramírez lo haría por la Capital?, ¿Susana Barragán pediría sacar a la Guardia Nacional de la región de Villanueva?
En el fondo tampoco habría mucho argumento para oponerse a la reforma. Si no, recuérdese a la senadora priísta Claudia Anaya, que estuvo duro y dale con oponerse a la iniciativa, pero el día de la votación se ausentó casualmente.
Y en su momento también lo dijo el senador Ricardo Monreal: bien raro que los estados que más se oponen a la reforma es donde más solicitan la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, una dinámica de la que no está exento Zacatecas. ¿De verdad era necesaria la visita del secretario de Gobernación?
