Desde 2019 que llegó a Zacatecas el organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), poco se demostrado el apoyo a la entidad en materia del campo, y aunque se escuchan muy bonitos los discursos sobre los diferentes programas que maneja dicha institución, la realidad es muy diferente.
Así lo evidenciaron los diputados Gerardo Pinedo (PRD) y Manolo Gallardo (PRI) en la sesión ordinaria de este miércoles en la 64 Legislatura, en la que se propuso un punto de acuerdo desde la comisión legislativa de Agricultura para exhortar al Gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y SEGALMEX a determinar a la brevedad posible el precio de garantía de frijol, con el respectivo incremento.
El exhorto también iba en el sentido de determinar que el precio de garantía del frijol para el ciclo 2022 se transforme en precio de “pignoración” para capitalizar al campo zacatecano. Y para que el Ejecutivo estatal haga las gestiones necesarias en el mismo sentido.
Las cifras son duras y contundentes. En cuatro años, la SEGALMEX ha recibido más de 40 mil millones de presupuesto, pero “están desaparecidos” unos 13 mil millones de pesos, más o menos el presupuesto anual de la Secretaría de Educación de Zacatecas, que ya de por sí representa casi una tercera parte del presupuesto estatal.
Y están desaparecidos esos 13 mil millones de pesos porque se detectó una presunta red de lavado de dinero y desvío de recursos mediante empresas fantasma y convenios “ficticios”, que hoy son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de unas 20 denuncias.
Aunque el portal del Gobierno de México donde se transparentan los padrones de beneficiarios de los diferentes programas del bienestar se muestra que el Programa S290, de Precios de Garantía, es con el que más se ha radicado recurso a Zacatecas, paradójicamente no hay garantías de que esos recursos estén llegando efectivamente a los productores más pequeños (que es parte de los objetivos del programa), sino que al parecer se beneficia a los grandes propietarios de terrenos o cabezas de ganado.
En el caso de granos como el maíz o frijol, el diputado Manolo Gallardo puso el punto sobre las íes: la producción se mantuvo en niveles similares a los del 2015, pero la importación de estos granos prácticamente se duplicó de entonces a la fecha, sin contar el contrabando de granos que impacta severamente en los ingresos de los productores.
Pero no es el único factor que incide en la baja rentabilidad del campo. El diputado priísta también recordó que en el 2015 el presupuesto federal para el sector fue por alrededor de 92 mil millones de pesos, mientras en Zacatecas le destinaron unos 83 millones. Y para el 2021 el presupuesto federal ya se había reducido a 49 mil millones de pesos, mientras en Zacatecas aumentó a unos 159 millones (y para este año, casi el doble).
El gran problema es que las reglas de operación solo permiten a cada productor ser beneficiados con la mitad de su producción por hectárea, sin olvidar que actualmente el precio del frijol, por ejemplo, ya rebasó el tope de los precios de garantía hasta casi el doble, sin que esa diferencia de precios beneficie a los campesinos.
Lo peor, advirtieron los diputados en tribuna, es que en este esquema no se está garantizando la seguridad alimentaria (¡qué paradojas!) debido al incremento en la importación de granos, el retraso en el pago del programa o en determinar los precios de garantía, sin considerar la “pignoración” que permita capitalizar al campo zacatecano.
De seguir sin esta certeza, advirtieron que la producción de frijol y maíz irá directamente al mercado, sin pasar por las manos de SEGALMEX, lo que incrementará sin duda la especulación y, por ende, el precio final a los consumidores, sin que el incremento de precios reditúe a los productores ya de por sí endeudados y sin los recursos necesarios para cosechar la producción del último ciclo, pues de las 450 mil toneladas de frijol estimadas para este año apenas se cosecharía una tercera parte.
Para rematar, el diputado Manolo Gallardo evidenció que el titular de SEGALMEX, un tal Leonel Cota Montaño, “nunca se encuentra en su oficina en Zacatecas” y nadie ha podido pasar del pasillo porque, dicen, el titular no se encuentra y “no se le puede molestar”.
¡Qué bueno que el campo es uno de los cuatro ejes tractores de la nueva gobernanza! Ya podemos estar tranquilos porque habrá se apoyará a los productores con algo más que la rifa de tractores (adquiridos a sobrecosto) o ganado que no fue licitado y nadie sabe del proveedor ni de las condiciones de sanidad animal.
Los pendientes legislativos
Por cierto, en Asuntos Generales, el diputado Lupe Correa pareció adelantarse a posibles acusaciones sobre “negociaciones perversas, ambiciosas, vulgares y por debajo del agua” en la discusión del Presupuesto de Egresos 2023.
Y es que, aclarando que “este Poder no será oficialía de partes”, anunció que se atenderá a todos los sectores de la población en audiencia para integrar sus observaciones en el paquete económico, próximo a presentarse ante la 64 Legislatura.
No coincidió con él el diputado independiente Ernesto González Romo (no ha solicitado su reincorporación a la bancada de MORENA luego de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López), quien señaló que el Presupuesto 2022 se aprobó con un voto de confianza al gobernador David Monreal en su primer año de gestión y las condiciones eran muy diferentes a las de hoy.
Muy quitado de la pena, recordó que en aquel entonces MORENA y sus aliados eran mayoría y podían tomar las decisiones; sin embargo, doblando sus manitas, reconoció que hoy la mayoría está en la oposición (¿existe oposición?), por lo que apeló a llegar a acuerdos políticos en la discusión del presupuesto.
Parece que a ambos diputados les pasó de noche la glosa del primer informe de gobierno y las tantas y tantas observaciones que se hicieron a los titulares de cada dependencia. ¿Las fallas detectadas durante las comparecencias no serán motivo de reservas y cambios en la propuesta de presupuesto? Hubieran dicho, para no hacer glosa.
Un segundo tema que estuvo en discusión durante la sesión ordinaria fue la aprobación del dictamen de idoneidad de quienes aspiran a ocupar la magistratura vacante en el Tribunal de Justicia Administrativa, un tema en el que el diputado Ernesto González Romo advirtió que no debería ser “al vapor”. Casi casi le faltó decir que esperaban demorar el proceso para que, según los ordenamientos legales, el Ejecutivo designara a su conveniencia esta magistratura.
Pero el tema derivó en otros tantos pendientes legislativos, como la designación del Órgano Interno de Control (cuyo dictamen con la terna fue bajado del orden del día en su momento por el mismo diputado ante la “falta de acuerdos”) o de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).
Y a propósito de la CDHEZ, ayer mismo se tenía convocatoria de la comisión que preside la diputada Georgia Fernanda Miranda para dictaminar por fin sobre la convocatoria, pero otra vez no reunió quórum porque prevalecen los mismos intereses de grupo que desean imponer cada uno a “su candidato”. Como que le anda faltando operación política a la diputada.
Habemus convocatoria
Por fin, este miércoles se publicó en los estrados la convocatoria para elegir a la presidencia y secretaría general del Comité Directivo Estatal del PRI para el periodo 2022-2026.
Habrá que recordar que desde finales de octubre ya había concluido el periodo para el que fueron electos Enrique Flores y Araceli Guerrero, pero se aprobó una extensión en el cargo hasta concluir con el proceso de renovación de la dirigencia.
De acuerdo con las bases de la convocatoria, lo interesante está la novena y décima cláusulas, donde se establecen los requisitos de los aspirantes y que en general se refieren a contar “indistintamente” con el apoyo de alguna estructura territorial; sectores y organizaciones nacionales; consejeros políticos nacionales que radiquen en la entidad, estatales y municipales; y/o personas afiliadas en el registro partidario.
En el caso de los primeros tres, el apoyo deberá ser por el 20% del total, o tres apoyos de los sectores y organizaciones, mientras que en el caso de las personas afiliadas, únicamente se exigiría el 5% de quienes están en el registro partidario.
Así pues, el supuesto “candado” que pondrían a la convocatoria para evitar que Roberto Luévano llegara a la presidencia no se consumó, al dejar como opcional cualquiera de las alternativas de respaldo y no establecer las cuatro sí o sí. A ese nivel debe estar la grilla en el tricolor últimamente…
