Presiones en la ASE

El auditor superior del Estado, Raúl Brito Berúmen, debe estar bajo mucha presión. Es la primera vez, en los dos periodos que ha estado al frente del órgano fiscalizador, que parece empezar a desquitar su salario (nada austero, hay que decirlo). Pero lo que no ha hecho en los últimos siete años pretende lograrlo en apenas un par de meses.

Concluida la glosa del primer informe de gobierno, y luego de la insufrible comparecencia del director del Issstezac, Ignacio Sánchez González, tal parece que hubo “indicaciones superiores” en el tema de temas para la ASE, y no fueron precisamente instrucciones del Poder Legislativo.

Habrá que recordar la auditoría especial realizada al Instituto, correspondiente al periodo 2010-2020, y que ha servido de excusa para las decisiones tomadas por la nueva gobernanza, como el cierre de áreas comerciales antes que aposta por su reactivación, o dejar de pagar el aguinaldo a jubilados y pensionados por primera vez en la historia del Issstezac.

Y sabido es que a través de los años el Instituto se ha descapitalizado, según las “cuentas alegres” que han ofrecido los diferentes directores de la institución en los últimos años, pero al pasar de las administraciones pocos resultados se han visto en eso del combate a la corrupción, un tema del que poco ha hablado la hoy senadora Soledad Luévano, quien en su trayectoria pública también ocupó algún lugar en el Issstezac hace ya varios años, precisamente cuando comenzó el “desfonde” del Instituto.

Pero pasan los años y no hay solución de fondo para la institución, ni se sabe de procedimientos iniciados en contra de quienes contribuyeron a su debacle en el pasado (o el presente).

Tal vez por eso hoy el auditor Raúl Brito encabeza una serie de auditorías llamando a comparecer a todos aquellos que hubieran participado en alguna sesión de la Junta Directiva, al menos desde el 2015 a la fecha. Y les llama para que aclaren todos y cada uno de los movimientos financieros en la institución autorizados en dicho periodo, un tema que debió revisar con lupa en su momento y solo hasta hoy, por “extrañas circunstancias”, pretende ponerle atención.

Sin embargo, todo indica que el tema se le está escapando de las manos, incurriendo en algunos excesos que podrían ser calificados de “hostigamiento”, a tal grado que al menos 45 personas llamadas a comparecer hoy buscan interponer un recurso colectivo en contra de la Auditoría Superior del Estado y su titular, Raúl Brito.

Porque en su afán de encontrar culpables del desfalco al Issstezac a como dé lugar, parece que eso ha implicado simular una dura fiscalización con chivos expiatorios y eso lo saben muy bien los encargados de notificar y dar seguimiento a los procesos de auditoría.

El problema para Raúl Brito es que todas las decisiones que se tomaron en la Junta Directiva obran en las actas de cada sesión, por lo que sus llamados a comparecer, por muy duros que sean en el procedimiento, pueden caer otra vez en mera simulación. Se hacen como el tío Lolo…

Habrá que preguntar si alguno de los 30 diputados de la 64 Legislatura dio la instrucción de reabrir el expediente de la auditoría especial y con qué intención, porque mucho deberían poner atención a “las listas” de quienes fueron beneficiados con créditos del Instituto, aun sin estar afiliados y con créditos que incluso fueron “condonados”, porque son “listas” que se han transparentado de forma parcial recurriendo a argucias legaloides.

Por supuesto que el Issstezac no es el único tema que genera presión a Raúl Brito, quien aún tiene encima los procesos ordinarios de auditoría a las cuentas públicas de los 58 municipios y del Gobierno del Estado. Y si la actual revisión al Issstezac responde más a “instrucciones superiores” que no surgieron del Poder Legislativo, ¿qué garantiza que la revisión a las cuentas públicas no tenga línea para “beneficiar” a los amigos de la nueva gobernanza y castigar a los enemigos?

Finanzas municipales

A propósito del Poder Legislativo, si no sucede otra cosa, se prevé que esta semana los diputados locales aprueben las Leyes de Ingresos de los 58 municipios para el próximo año.

La verdad es que, año con año, los legisladores han puesto poca atención en homologar los criterios para el cobro de los principales impuestos, derechos aprovechamientos y mejoras en contribuciones, lo que ha permitido que los municipios se vayan por la libre, afectando finalmente el bolsillo de los contribuyentes.

Baste revisar el caso del municipio de Guadalupe, que establece una fórmula diferente para el cobro de servicio de aseo público y recolección de residuos, en comparación con otros municipios.

Pero como lo importante no lo es tanto para los legisladores, seguramente votarán las 58 Leyes de Ingresos municipales en paquete, sin entrar a la discusión de las iniciativas y sin aprobar reservas que modifiquen los proyectos presentados por los Ayuntamientos.

Y ahí es donde más bien deberían revisar con lupa cada proyecto, pues en algunos casos estarían aprobando nueva deuda para municipios como             Sombrerete, que prevé ingresos por 45 millones 880 mil pesos de financiamientos, sin que el pleno legislativo haya aprobado previamente la solicitud.

Situación similar deberá observarse con el proyecto de Paquete Económico 2023 que presente el Ejecutivo estatal, pues mucho se ha comentado la posibilidad de un refinanciamiento de la deuda pública, que hoy asciende a cerca de 6 mil 900 millones de pesos.

¿Habrá maiceo para estas aprobaciones o actuarán con responsabilidad los 30 diputados locales?