A unos días de que se publique la convocatoria respectiva, ya hay voces al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que advierten que en caso de quedar Roberto Luévano al frente del partido en el estado se vaticina una fuerte ruptura que podría motivar una desbandada y, posiblemente, el fin de dicho instituto político en Zacatecas.
En medio de la discusión por la reforma en materia electoral y el desprestigio de los partidos políticos, tampoco hay muchas esperanzas en sacar del ostracismo al tricolor. Sin embargo, tampoco parece que se quedarán de brazos cruzados esperando ver cómo se extingue un instituto político con más de 90 años de historia.
Por eso se especula que habrá un “candado” en la convocatoria para renovar la dirigencia estatal del PRI y que, dicen, implicaría contar con el aval de quienes integran el CEN, uno de los principales obstáculos para la postulación de Luévano Ruiz, quien parece haber perdido la confianza de las cúpulas.
Esta percepción no es gratuita. Al exalcalde de Guadalupe no le ha ido muy bien entre la militancia tricolor que hoy ve con recelo su cercanía con el hoy alcalde del mismo municipio, Julio César Chávez Padilla, quien otrora fuera perredista y priísta (promotor de la campaña de Alejandro Tello a la gubernatura y uno de sus peores subsecretarios de Concertación) antes de saltar a las filas de MORENA.
Y no es que la relación con el alcalde de Sombrerete, Alan Murillo, mejore esta percepción considerando que posiblemente se trate del alcalde más corrupto de entre los priístas y representa todos aquellos vicios del pasado que no han podido erradicar en el tricolor.
La militancia priísta tampoco ve con buenos ojos que, ante los embates de Chávez Padilla contra el dirigente estatal del PRI, Roberto Luévano haya pretendido desmarcarse del conflicto en el municipio por los adeudos heredados de administración en administración y se lave las manos respecto a las acusaciones contra Enrique Flores.
Hasta donde se sabe, ya existiría un acuerdo entre Luévano Ruiz y Chávez Padilla para dejarle al primero la presidencia municipal de Guadalupe en el 2024 y desde ya se ha visto en operación de campo a excolaboradores de la administración 2013-2016 de la que ambos fueron parte.
Se trata de un grupo en el que se incluye a actuales regidores y diputados locales, pero donde se ha relegado a la diputada local (expriísta y neomorenista) Violeta Cerrillo Ortiz, quien hoy también aspira a ocupar la presidencia municipal en el 2024. ¡Vaya ejemplo del PRIMOR!
Por supuesto que en la renovación de la dirigencia estatal del PRI, Roberto Luévano no sería el único contendiente. Entre los aspirantes también figura el exalcalde capitalino (y mano derecha del exgobernador Miguel Alonso, hoy en el CEN del PRI) Carlos Peña Badillo y el también priísta de hueso colorado Artemio Ultreras Cabral.
Mucho debería agradecer Roberto Luévano que ningún priísta (empezando por Enrique Flores) haya declarado guerra abierta mostrando las evidencias de manejos turbios a su paso por el Ayuntamiento de Guadalupe o al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el quinquenio de Alejandro Tello. Aunque ese silencio hable más de complicidades que lleven a la impunidad.
Reforma electoral, ¿no pasará?
Sigue el debate en torno a la reforma en materia electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aunque las movilizaciones de este fin de semana en alrededor de 45 ciudades del país tenían originalmente un sentido de protesta ciudadana, no faltaron miserables oportunistas que pretendían sacar raja política de esta coyuntura y demeritaron este propósito. Y en todos lados se cuecen habas.
Desde el Presidente calificando de “striptease político” a las marchas de protesta, o la diputada federal trans María Clemente García (de MORENA) tachando de “nacos” y acosando con agresiones verbales a quienes marcharon, hasta figuras públicas deleznables como Claudio X. González, representantes populares o figuras político partidistas que imprimieron un tufo de “patrocinio” a una marcha originalmente con sentido ciudadano.
Más allá del número de personas que asistieron a las diferentes marchas el pasado fin de semana, queda claro que existe un rechazo popular a la iniciativa presidencial (tal como existen sus defensores), aunque este rechazo no se manifestara en la consulta popular de revocación de mandato.
Lo cierto es que en la reforma electoral, el siguiente paso queda en manos del Congreso de la Unión, aunque el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de MORENA, ya adelantó que la reforma no pasará en sus términos originales, mucho menos si implica “regresiones”.
Así lo habría dejado en claro en reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, previo a hacer estas declaraciones minutos más tarde con medios de comunicación que cubren la fuente legislativa en la Cámara Alta.
Y es que no se trata de la única iniciativa presentada en materia electoral. Hasta el momento se contabilizan poco más de 100 y han sido presentadas en general por todos los grupos políticos en el Congreso de la Unión. En esta coyuntura, sería importante desempolvarlas y entrar al debate en una reforma muy necesaria, pero no en los términos que se plantean desde Palacio Nacional.
Evidentemente, existe un rechazo generalizado a las percepciones ofensivas de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y en parte hay quienes están de acuerdo en reducir el número de diputados, senadores y hasta regidores, pues cuestan mucho a los mexicanos y no se ve una efectiva representación popular.
No obstante, existen muchas dudas respecto a la designación de consejeros del llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y de magistrados de tribunales electorales, a propuesta de los tres poderes, pero electos por el voto popular.
Baste revisar antecedentes como los Servidores de la Nación que inundaron las listas de candidaturas en el pasado proceso electoral en el caso de MORENA y sus aliados, muchos de los cuales hoy ostentan un cargo de elección popular, pero representan los intereses del Ejecutivo en turno, no los de la población.
Ahí radica el principal riesgo para la democracia que señalan los opositores a la reforma en materia electoral, pues no se garantizarían condiciones de imparcialidad del árbitro electoral, aunque tampoco es que el actual INE actúe de manera muy autónoma.
Lo cierto es que una reforma en materia electoral es inminente y que, según palabras del senador Ricardo Monreal, es probable que la iniciativa enviada por el Presidente se rechace “en sus términos originales”, aunque no es menos cierto que su rechazo representaría el argumento perfecto para la campaña del 2024 y, en su caso, la posible descalificación a un probable resultado electoral negativo. Con esta iniciativa, el senador fresnillense ya puede cantar el estribillo de “Amarga Navidad”.
Van 23 por magistratura
Ya desde la sesión ordinaria del pasado 3 de noviembre, cuando se aprobó la convocatoria para la elección de una magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, hubo fricciones entre diputados de la 64 Legislatura.
Por una parte, quienes buscaban que la iniciativa pasara al vapor porque tenían el tiempo encima y se agotaban los plazos constitucionales. Por otra parte, quienes buscaban extender la demora a fin de que fuera el Ejecutivo quien realizara la designación de quien sustituya al todavía magistrado Uriel Márquez Cristerna, como establece el Artículo 113 Constitucional.
Pero aprobada la convocatoria, los aspirantes tenían hasta este lunes 14 de noviembre para inscribirse y la lista preliminar fue publicada ya por la noche, con 23 personas inscritas:
1. Armando Ávila Arellano (exmagistrado del TSJEZ)
2. J. Guadalupe Chiquito Díaz de León (exauxiliar del Poder Legislativo de Zacatecas)
3. Griselda Fabiola Flores Medina (exdirectora de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)
4. Víctor Ovalle Rodríguez (exsecretario de Acuerdos de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa)
5. Margarita Ureño Medina (exsubdirectora jurídica del Issstezac)
6. Diego Alfonso Dávila Rodríguez (regidor de Villanueva)
7. Araceli Esparza Berumen (directora de Atención a la Vulnerabilidad Educativa en SEDESOL estatal).
8. Juan Carlos Pizaña Gutiérrez (exdefensor de Oficio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas).
9. Esaúl Castro Hernández (magistrado del TRIJEZ)
10. José Jaramillo Félix (exsecretario de Acuerdos de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa).
11. Ma. de Jesús Guzmán Puga (exdirectora Jurídica del Instituto de la Juventud)
12. Lidia María Luisa Ortiz Carrillo (jueza tercero de lo familiar en el TSJEZ).
13. Teresa Esquivel Miranda (exaspirante a magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado).
14. Guadalupe Alejandro González Navarro (exprocurador fiscal de la SEFIN).
15. Ramiro Piedra Agüero (exsubsecretario de Control de la SFP).
16. Hilda Lorena Anaya Álvarez (jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASE).
17. Mario Alberto Ramírez Rodríguez (exdiputado local priísta)
18. Miguel Rivera Villa (exdirector de Prevención y Reinserción Social).
19. Idubina Náñéz Bugarin (directora de Regularización de Fraccionamientos Rurales del Estado).
20. Jesús Ruiz Arellano (exdirector jurídico, exasesor legislativo y exfuncionario del Ayuntamiento de Guadalupe).
21. Alfonso Valenzuela Cisneros (actuario en sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administartiva)
22. Francisco Javier Contreras Bañuelos (excoordinador de Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado)
23. Jesús Padilla Sánchez (capacitador en el Sistema Nacional de Capacitación; abogado y asesor fiscal).
Según el dictamen de la convocatoria, la Comisión de Justicia tendría hasta este miércoles 16 de noviembre para presentar al pleno de la 64 Legislatura el dictamen de idoneidad de los aspirantes y a más tardar el 25 de noviembre, la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Karla Valdez, deberá remitir al Ejecutivo la lista de los ocho candidatos semifinalistas.
Así, el Ejecutivo tendría solo 10 días para seleccionar a los cinco finalistas y remitir el listado al Poder Legislativo, el cual tendrá otros 10 días para seleccionar por mayoría calificada (dos terceras partes del pleno) al próximo magistrado o magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.
¿Por qué es importante esta designación? Baste remitirse al Artículo 112 Constitucional donde se establecen las atribuciones de este organismo, que además de dirimir controversias entre los gobiernos estatal y municipales con particulares, también es responsable de aplicar la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Esto significa que entre los tres magistrados que integran el pleno del Tribunal deberán decidir las sanciones aplicables a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal.
¿Cuántos casos dijo la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, que tenían en investigación? Habrá qué ver si va en serio el combate a la corrupción con la política de “cero impunidad” o si solo se trata de mera demagogia.
