La poca información que ha brindado la autoridad estatal, y a cuenta gotas, ha derivado en la especulación sobre la gravedad de los hechos acontecidos en los últimos días en el Pueblo Mágico de Jerez, que hoy mantienen a la población con el Jesús en la boca.
Desde el pasado martes, cuando se informó de un “operativo especial” en la cabecera municipal que generó alarma entre los jerezanos, no hay quien diga bien a bien qué certeza hay para que las familias puedan salir “tranquilas” de sus hogares.
Sin embargo, las decisiones tomadas por autoridades estatales y municipales a raíz de estos hechos (en medio de la falta de información y la infodemia) solo hace pensar una cosa: la violencia ha rebasado al Estado.
Ya desde el martes en que se suscitaron los primeros hechos de esta semana, el propio alcalde Humberto Salazar había solicitado a la población (vía redes sociales) que se resguardara en sus hogares o negocios mientras se desarrollaba el “operativo especial”, en el cual la zozobra se mantuvo hasta que la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz emitió un primer comunicado, muy escueto, y posteriormente la pretensión de atribuir al Poder Judicial (que no fue responsable) la demora en las acciones que finalmente derivaron en nulas detenciones o cateo de bienes.
Pero la zozobra continuó todavía este miércoles, cuando la autoridad estatal seguía sin informar bien a bien cuál era la situación real que hoy enfrenta Jerez. El propio alcalde Humberto Salazar salió nuevamente a comunicar vía redes sociales la suspensión del desfile del 20 de noviembre con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.
A este comunicado se sumó la declaración de la secretaria de Educación, Mariel Villalpando, informando que este jueves y viernes las clases se desarrollarían en línea solo en la cabecera municipal de Jerez. Lo más extraño de todo es que, desde el inicio de la nueva gobernanza, es la primera ocasión en la que se determina esta modalidad para impartir clases.
Si no, recuérdese la insistencia de diputados locales para evitar el regreso a clases en el ciclo escolar 2022-2023 de manera presencial en este municipio ante la ola de violencia que se enfrentaba en aquel entonces. Sobra decir que dicha petición nunca prosperó… hasta hoy.
Lo más curioso de todo es que en los últimos días el alcalde Humberto Salazar ha evitado aparecer en público y sus recientes comunicados en relación con los hechos de violencia en la cabecera municipal solo generan inquietud e incertidumbre entre los jerezanos.
Tal vez por taparle el ojo al macho, autoridades estatales informaron que este miércoles elementos de la Policía Estatal Preventiva ubicaron y destruyeron cuatro “campamentos” utilizados por un grupo delincuencial en los lindes de la comunidad de Guadalupe Victoria (no eran más que colchas arrumbadas en la tierra y algunos insumos básicos dispersos entre la maleza). Pero tampoco se informó de alguna detención.
Bajo estas circunstancias, queda en duda si el Pueblo Mágico de Jerez tendrá un “Buen Fin”…
Agandalle por magistratura
Como ya se había anunciado, este miércoles en sesión ordinaria el diputado Juan Mendoza dio lectura al dictamen de idoneidad de la Comisión de Justicia mediante el cual se propuso la lista de profesionistas de la cual surgirán los ocho candidatos para la elección de una magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa.
De los 23 aspirantes registrados, únicamente se descalificó a Mario Alberto Ramírez Rodríguez por no presentar título profesional y cédula en copia certificada, incluso en el plazo de 24 horas que se le concedió para subsanar la falta. Y de último momento se retiró de la convocatoria Jesús Padilla Estrada. Así que finalmente la lista se redujo a solo 21 aspirantes.
Según el procedimiento establecido en la convocatoria, el dictamen pasará a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), que deberá elegir a los 8 semifinalistas cuyos nombres se remitirán al Ejecutivo estatal, que tendrá hasta 10 días para seleccionar a los cinco finalistas de los que se elegirá la próxima magistratura por el Poder Legislativo.
Solo que desde el primer día en que se publicó la convocatoria y al menos hasta este miércoles, el recinto legislativo ha visto pasar a un par de cabilderos para “amarrar” sus postulaciones y entre los más insistentes se ha podido observar en los pasillos del Congreso local a J. Guadalupe Chiquito Díaz de León.
Sin embargo, no es el único que ha tenido interés en aparecer en la lista de 8 semifinalistas. A través del grupo parlamentario del PRI y su coordinadora Gaby Basurto, al parecer la senadora Claudia Anaya estaría impulsando la postulación de su pariente Hilda Lorena Anaya Álvarez para ocupar la magistratura próxima a quedar vacante.
No es que este esquema se repita en el caso de la titularidad para la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que lleva meses acéfala. No, para nada. ¿O a poco hemos de creer que los diputados Xerardo Ramírez, Priscila Benítez y Gaby Basurto están pujando por la postulación del abogado Jorge Rada como parte de los “amarres presupuestales” con la secta? No, nuestros diputados son muy honestos… como la nueva gobernanza.
Trabajo parlamentario
A propósito de violencia e ingobernabilidad, no podía faltar ooootro exhorto de la 64 Legislatura al Ejecutivo estatal en la materia. Ahora fue la bancada del PRI que, en voz del diputado José Juan Estrada, presentó una iniciativa de punto de acuerdo para pedirle al Ejecutivo federal y estatal que establezcan una mesa de diálogo y busquen solución al conflicto entre las comunidades de Bernalejo y Pajaritos, en los límites entre Zacatecas y Durango.
La iniciativa es en seguimiento a la solicitud que realizara el alcalde Eleuterio Ramos y va dirigida a la “corcholata” Adán Augusto López, que en sus ratos libres ejerce como secretario de Gobernación, pero también al Ejecutivo estatal para que intervengan en materia de seguridad y en la concertación con los pobladores con la finalidad de hallar solución al conflicto por la posesión de tierras que incluso implican importantes cultivos de orégano.
A ver si en la nueva gobernanza no toman a mal la iniciativa que interrumpiría los festejos cumpleañeros de la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, quien no ha dicho ni pío sobre la intervención del estado en dicho conflicto. ¡Qué cosas!
Pero más allá de exhortos, lo cierto es que durante la sesión ordinaria de este miércoles sí hubo al menos dos iniciativas relevantes. La primera, presentada por la diputada Karla Valdez por la que se expide la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos.
El tema cobra relevancia luego de que se diera a conocer hace unos días que el planeta Tierra superó la cifra de los 8 mil millones de habitantes, lo que evidentemente implica un severo impacto ambiental que amerita este tipo de iniciativas para evitar mayores daños al medio ambiente.
Si hubiera transparencia y claridad respecto al proyecto de la planta recicladora en la JIORESA, tal vez se podría celebrar el proyecto en sintonía con esta iniciativa de ley, en la cual se establecen dos metas progresivas sobre el contenido mínimo de material reciclado de plástico: 20% de material reciclado al 2025; y 30% de material reciclado al 2030. Sin olvidar una transición progresiva de residuos de un solo uso a los reciclables, compostables, aprovechables o valorizables. Tal como ya se realiza en la Capital desde hace un par de años.
La segunda iniciativa que destaca por su relevancia fue la presentada por el diputado Manolo Gallardo para reformar y adicionar la Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Zacatecas, en materia de reactivación económica, promoción de las Mipymes, mejora de los procesos de innovación y fortalecimiento de la economía social y solidaria.
¿Qué es lo importante de esta iniciativa? Que se reconocen tipos de organización social como ejidos, comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, empresas que pertenezcan mayoritariamente a los trabajadores y otras formas de organización social para la producción de bienes y servicios socialmente necesarios.
Así, estas formas de organización también serán susceptibles de beneficiarse de las disposiciones contenidas en este ordenamiento, como el fortalecimiento de cadenas productivas y de valor, además de la promoción del consumo local mediante el comercio y servicios electrónicos, así como la apertura de ventanillas para agilizar y facilitar los trámites para acceder a programas, incentivos y recursos de fomento a unidades económicas.
A través de esta figura de organizaciones sociales se vinculan el desarrollo económico y social (como no ha podido hacer la nueva gobernanza a través de sus titulares de Desarrollo Social y de Economía) para apoyar a pequeñas unidades económicas que producen principalmente bienes y servicios de consumo local.
Porque estuvo muy bonito el anuncio de una inversión de Lear Corporation por unos 160 millones de pesos (apenas 8 millones de dólares de inversión extranjera directa) y la posible generación de 600 empleos directos, pero si no se fortalece la economía local apoyando a las Mipymes, esos “cuatro ejes tractores” nunca van a arrancar. Es cuanto.
