Un martes negro se vivió en el estado de Zacatecas mientras el gobernador David Monreal se encontraba en Ciudad de México, en el marco de la 113 Asamblea General Ordinaria del IMSS.
A eso de las 10 de la mañana se reportó una agresión armada entre la vialidad Arroyo de la Plata y la Calzada Revolución Mexicana, en Guadalupe; un hecho en el que lamentablemente perdió la vida Ramiro Trejo Quirino, jefe del Departamento de Tesorería de la Delegación del IMSS en Zacatecas, quien iba a acompañado de otros dos trabajadores de la institución, uno de los cuales fue herido de gravedad.
El hecho puso en alerta a la población no solo por haberse registrado en uno de los puntos de mayor afluencia en la zona conurbada a plena luz del día, sino porque las víctimas viajaban en un vehículo oficial, una muestra de que en Zacatecas ni siquiera el portar los logotipos de una institución son garantía de estar exentos de la violencia que marca nuestro día a día.
Pero apenas se estaba procesando este hecho delictivo (del cual se sospecha un robo como el principal móvil), cuando en el municipio de Jerez la población reportaba fuertes detonaciones en diversos puntos de la cabecera municipal que llegaron a tal grado que el alcalde Humberto Salazar emitió un comunicado oficial pidiendo a la población suspender toda actividad, resguardarse y no salir de sus hogares.
Transcurrieron un par de horas hasta que la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz informara que todo se trató de un “importante operativo de seguridad” en el municipio y que las detonaciones se trataban de una reacción de grupos delincuenciales para distraer las acciones operativas.
Según testimonios de varios jerezanos, al lugar arribaron elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional en la primera etapa del operativo, y las fuerzas estatales y municipales solo hicieron presencia cuando la zona “estaba asegurada”.
Más tarde, de manera extraoficial, se extendió la versión de que las fuerzas del orden realizaron un cateo en un domicilio en la cabecera municipal, pero que debido a un retraso para obtener la orden de cateo, no fue posible encontrar a quienes estaban buscando, una versión que fue reforzada por algunos medios de comunicación que atribuían este retraso al Poder Judicial.
Sin embargo, es bien sabido que durante lo peor de la pandemia por el COVID-19 y ante las medidas restrictivas que esta generó, el Poder Judicial ya había implementado la estrategia de atención vía telefónica o por videoconferencia para agilizar este tipo de procedimientos.
Así ocurrió este martes en el caso de Jerez, pues la orden de cateo se liberó en alrededor de una hora, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas solventara varias observaciones para integrar debidamente la carpeta de investigación y sustentara su solicitud.
Hoy, el Pueblo Mágico de Jerez vuelve a vivir en la zozobra, acostumbrándose poco a poco a tener que caminar entre elementos del Ejército y la Guardia Nacional en un intento de mantener el orden en una región que ha sido golpeada por la delincuencia, tanto como Valparaíso o Apulco.
Y poco se ha informado sobre la detención, el pasado 13 de noviembre (mientras miles marchaban “en defensa del INE”), de Silvano “N”, alias “El Mano Seca”, en Tequila, Jalisco. Se trata del presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación a quien se atribuye el asesinato de 50 policías ministeriales, estatales y municipales en Zacatecas y Jalisco.
La cuestión es que la información que se tiene hasta el momento es lo poco que ha dado a conocer la autoridad de seguridad del estado de Jalisco, ni siquiera la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que estuvo detrás del operativo, mucho menos de autoridades de Zacatecas. ¿Hay un plan de blindaje ante posibles reacciones de los grupos delictivos en dicha zona?, ¿qué dice el secretario de Seguridad, Adolfo Marín?
Más presupuesto para el Poder Judicial
El tema viene también a colación por la reciente evaluación que hiciera la organización México Evalúa respecto a los avances y retrocesos del Sistema de Justicia Penal en Zacatecas, un tema en el que la entidad se ubicó en la posición 13, con un incremento de 5.9% en los indicadores, pero que se está rezagando frente a otras entidades.
Según los resultados de la evaluación para el periodo 2020-2021, en el Ranking de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, nuestro estado apenas alcanzó 590 de los 1,100 puntos del estándar ideal.
No es para menos. Las cargas de trabajo siguen siendo muy altas para el poco personal disponible. Por ejemplo, se calculan 102 carpetas de investigación por fiscal o ministerio público; 560 solicitudes de dictamen por perito; así como 182 causas penales por juez.
Lo más grave, según México Evalúa, es que Zacatecas no cuenta con una instancia de coordinación técnica para la consolidación institucional entre los operadores del sistema de justicia, sin olvidar que los presupuestos por cada 100 mil habitantes son menores a la media nacional.
De acuerdo con esta medición, entre el 2020 y el 2021 la Secretaría de Seguridad Pública tuvo un incremento presupuestal de apenas 2.0%; la FGJEZ de 9.4%; la Defensoría Pública, del 5.4%; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 323.5%; y el Poder Judicial, apenas 3.5 por ciento. Y si se comparara con el presupuesto aprobado para este año, al menos la FGJEZ, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Poder Judicial tuvieron recortes importantes.
Recordemos que a finales del año pasado, el Poder Judicial había solicitado un presupuesto de 600 millones 505 mil 384 pesos, pero de un plumazo le recortaron 50 millones, lo que derivó en el lamentable episodio de una “mecanógrafa”. Ante este déficit, el magistrado Arturo Nahle, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, ya ha advertido que para el próximo año el Poder Judicial requerirá al menos 700 millones de pesos para las actividades mínimas indispensables.
Porque en todo esto de la procuración e impartición de justicia, cada institución participa con diferente carga de responsabilidad, considerando que los delitos con mayor incidencia en 2021 fueron “otros robos” (3,748 carpetas de investigación); violencia familiar (3,456); y daños en propiedad ajena (2,220). Pero ya desde el 2020 se estimaba una cifra negra de 95% en el número de delitos que no se denuncian, principalmente secuestro, hostigamiento sexual, fraude bancario, fraude al consumidor y extorsión.
Lo anterior deja a Zacatecas con un índice de impunidad del 89.8%, que aunque ubica al estado por debajo de la media nacional de 91.8%, aún prevalece un 100% de impunidad en el caso de las desapariciones.
Aunque son varias las recomendaciones de la organización México Evalúa, la más consistente fue la coordinación entre instituciones que forman parte del Sistema de Justicia Penal, además de mejorar en temas como la planeación y presupuestación con metas y objetivos comunes.
No es gratuito que el magistrado Arturo Nahle insistiera en que el recorte presupuestal de este año al Poder Judicial impactó desfavorablemente en el binomio seguridad y justicia. De ahí el llamado a fortalecer las instituciones con un mayor presupuesto.
Desde el Poder Judicial han cumplido su parte, con la publicación de sentencias en versión pública que se remontan hasta el 2016, que se suma a las inmensas cargas laborales en los juzgados de los 18 distritos judiciales. ¿Habrá la voluntad para garantizar el presupuesto mínimo indispensable al Poder Judicial?
Sí a la Guardia Nacional
A propósito de presupuestos, el tema pronto estará en la cancha del Poder Legislativo y ello ha generado ya ciertas fricciones entre diputados locales, como Xerardo Ramírez y Lupe Corre, quienes en sesión ordinaria de este martes protagonizaron una riña en el pleno ante una iniciativa para que la Junta de Coordinación Política elabore un calendario de reuniones con los titulares de las dependencias del Ejecutivo y poder analizar a detalle el Presupuesto de Egresos 2023, mientras Correa Valdez insistía en que se trataba de un tema que competía meramente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La verdad es que ambos buscaban ser protagonistas para generar sus “amarres”, pero ninguno tenía la razón, pues el procedimiento debió ser un punto de acuerdo dirigido al titular del Ejecutivo para coordinar esta agenda de reuniones y fortalecer el presupuesto con una visión más coordinada entre poderes.
Más allá de pleitos de lavadero, hubo tres puntos importantes aprobados en la sesión de este martes. El primero, relativo al dictamen con la minuta con proyecto de decreto por la que se extiende el plazo (hasta el 2028) para que las fuerzas armadas sigan realizando tareas de seguridad pública mientras se consolida la Guardia Nacional, aunque para ello esta “policía civil” quedará sujeta al mano de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
El punto fue aprobado por mayoría de votos, con el rechazo de los diputados Enrique Laviada, Juan Mendoza, Gaby Basurto, Manolo Gallardo, Marimar de Ávila, Lupe Correa y Karla Valdez, quienes argumentaron que esto solo era el inicio de una “militarización” del país.
Luego, por unanimidad de 25 votos, diputados locales aprobaron el dictamen de reforma al Artículo 42 Constitucional, mediante el cual el pleno del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) pasaría de cinco a solo tres magistrados.
De acuerdo con el dictamen, una vez que concluya la magistratura de Esaúl Castro Hernández (19 de noviembre), al pleno se integraría alguno de los coordinadores de Ponencia, Secretario de Estudio y Cuenta con mayor antigüedad.
Al concluir su encargo los magistrados Rocío Posadas y José Ángel Yuen, estas magistraturas ya no serían renovadas, sino que la integración del pleno se ajustaría a la reforma (solo tres magistraturas). El detalle es que las magistraturas que se quedan ya han demostrado su afinidad con la nueva gobernanza…
Finalmente, por unanimidad de 24 votos, los diputados locales aprobaron el dictamen por el que se modifica la Constitución Política del Estado en materia de Revocación de Mandato.
De acuerdo con el dictamen, la ciudadanía podrá hacer la solicitud ante el IEEZ reuniendo el 10% de firmas de respaldo del listado nominal, considerando la mitad más uno de los municipios de Zacatecas. Además, para que sea vinculante, el resultado de la Revocación de Mandato deberá considerar una participación superior al 40% del listado nominal. La solicitud podrá presentarse en una sola ocasión, en los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Y sí: podrá aplicarse al actual gobernador.
Pero para ello, el Poder Legislativo tendrá que cumplir con el procedimiento jurídico; es decir, una vez aprobada la iniciativa, se turnará la minuta a los 58 municipios para someterla a consideración de los Cabildos en un plazo de 30 días. De aprobarla las dos terceras partes (por ser reforma constitucional), la Mesa Directiva turnaría el decreto para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y a partir de entonces contaría con 180 días para aprobar la ley reglamentaria. Ese es el plazo para que la nueva gobernanza dé resultados y no amerite estrenar este nuevo instrumento ciudadano.
