Comienza la cuenta regresiva en la 64 Legislatura para el cierre del primer periodo ordinario del segundo año constitucional y eso se nota en comisiones para dictaminar en unos días lo que no pudieron hacer en casi quince meses de labores.
Aunque es probable que se autorice una prórroga para extender el periodo hasta el 30 de diciembre, al menos esta semana los diputados locales aún tienen pendiente por aprobar las Leyes de Ingresos de 43 municipios para el próximo ejercicio fiscal; votar las ternas para elegir al Órgano Interno de Control y la magistratura vacante del Tribunal de Justicia Administrativa; sin olvidar la aprobación del Paquete Económico 2023, con la respectiva Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Miscelánea Fiscal.
En general, parece haber consenso en la mayoría de los temas pendientes para desahogarlos esta misma semana, con la esperanza de concluir el periodo ordinario en tiempo y forma este jueves 15 de diciembre. No obstante, aún hay resistencias en un par de diputados que no dudarían en extender el periodo ordinario con tal de “amarrar acuerdos” para el próximo ejercicio fiscal.
Lo interesante de esta recta final es que el jueves 15 de diciembre concluye el plazo para que los 30 diputados locales presenten su informe anual de actividades, aunque tampoco es que haya mucho que informar del primer año de la 64 Legislatura, cuya vida parlamentaria transitó más en tribunales que ante el pleno y en comisiones y así se refleja en la votación de dictámenes con varios meses de retraso o de iniciativas “de urgente y obvia resolución”.
Más allá del número de puntos de acuerdo presentados que sirven para dos cosas, pocos son quienes pueden preciarse de haber logrado las aprobación de las iniciativas de reforma y adición a diversos ordenamientos que presentaron en su primer año de actividades, porque para eso les pagan y para eso fueron electos, no para discursos rimbombantes y a menudo sin sustancia que no se traducen en cambios a la legislación local en beneficio de la población.
Por supuesto que esta demagogia también tiene su costo, y en el caso del Poder Legislativo, se sabe que cada uno de los 30 diputados dispuso de un monto de 200 mil pesos para la realización de sus respectivos informes de actividades (ya entendemos por qué la ampliación presupuestal en las partidas de “servicios oficiales” y “servicios de traslado y viáticos”. Solo que en la mayoría de los casos es evidente que no erogaron tal cantidad.
Los hay quienes han realizado sus eventos “con austeridad” en espacios públicos o hasta en sedes partidistas, de manera gratuita, mientras otros han optado por entregar ante la Mesa Directiva el documento respectivo con el recuento de actividades realizadas en el primer año.
Será interesante conocer la justificación de gastos de cada diputado local, esos que ya andan repartiendo bolos y cobijas aprovechando las fiestas decembrinas, y no precisamente con cargo a su bolsillo.
Y a propósito de posaditas, luego luego sacaron el cobre en el Revolucionario Institucional, pues en la posada organizada por el Comité Directivo Estatal fueron notorias las ausencias.
En la Cava Domeq de las instalaciones de la feria se pudo ver no solo a Enrique Flores y Carlos Peña, dirigentes saliente y entrante. También estuvieron la senadora Claudia Anaya, los diputados José Juan Estrada y Gaby Basurto, sin olvidar al regidor Carlomagno Lara.
Pero al mismo tiempo, en la hermana república de Guadalupe, Roberto Luévano Ruiz ofreció otra posadita (a título personal, financiada con sabe qué recursos) a la que asistieron otros priístas como Osvaldo Ávila, líder de Antorcha Campesina, quien se hizo acompañar de sus agremiados que levantaron el evento. Ya entendemos por qué tan calladito el líder anorchista en el pleito entre Enrique Flores y Julio César Chávez. Igualito que el exalcalde Roberto Luévano.
Y en redes sociales no faltaron las expresiones de apoyo al que acusó exclusión en la convocatoria para renovar la dirigencia estatal del PRI. Ahí estaba el respaldo de Gustavo Uribe Góngora, de la diputada Cuquita Ávalos o del exalcalde jerezano Fernando Uc. De por sí no sacan un perro de la milpa, menos si la “oposición de papel” agudiza sus divisiones.
Por cierto, este fin de semana también circuló una fotografía donde se pudo ver al senador Ricardo Monreal en reunión con exgobernadores, entre los cuales curiosamente estuvo Miguel Alonso Reyes, no así Alejandro Tello ni Amalia García Medina.
Al parecer, el senador fresnillense fue el invitado de este mes al Foro Plural de Exgobernadores de México donde habrían abordado dos temas principales: la reforma electoral (o el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador), así como la sucesión presidencial en el 2024. ¿Será que ahora sí “diciembre me gustó pa’ que te vayas…”?
¿Justicia para el juez Roberto Elías?
Este fin de semana, integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz encabezados por el gobernador David Monreal ofrecieron una conferencia de prensa para informar de los avances en la investigación respecto al homicidio del juez Roberto Elías Martínez, quien perdiera la vida hace una semana luego de una agresión armada en su contra.
Se anunció que en estos hechos habría al menos cuatro responsables ya detenidos; sin embargo, dos de ellos ya estaban privados de su libertad, uno en el penal de Río Grande y otro en el CERERESO de Cieneguillas. Ambos habrían sido coautores de esta agresión armada, pues desde la cárcel habrían planeado el atentado contra el juez de Control.
Las detenciones respectivas se habrían logrado con el apoyo del Poder Judicial, que emitió no solo las órdenes de aprehensión, sino también 11 órdenes de cateo en diferentes puntos de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.
Más allá de la negativa a responder sobre la reparación del daño a quienes fueron víctimas de los bloqueos carreteros de hace una semana, quedan otras interrogantes respecto a lo que ocurre en Zacatecas, pues si personas privadas de su libertad procesadas por la presunción de un delito pueden planear un ataque, ¿qué nos garantiza la confiabilidad en el sistema penitenciario estatal o incluso en las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno?
No fue gratuita la crítica vertida en redes sociales por ciudadanos que cuestionaron la celeridad en la procuración de justicia para este caso en específico, mientras otras miles de víctimas siguen esperando justicia. Recuérdese que este 14 de diciembre se cumplen dos meses de la muerte del joven Jorge Iván Ávila Correa y la autoridad sigue haciendo mutis en este y otros tantos casos que han conmocionado a la sociedad.
Pero mientras se anunciaban estos avances en la investigación por el asesinato del juez de Control, en el auditorio del Poder Judicial el magistrado Arturo Nahle recibía a nombre del juez Roberto Elías Martínez y familiares un reconocimiento post mortem de parte de la Coordinadora Nacional de Abogados de México.
En su mensaje, Nahle García habría enfatizado que el juez murió en cumplimiento y defensa de su noble labor: la de hacer valer las leyes, “pues es un factor de paz social que combate la impunidad, que resuelve los conflictos familiares cuando el amor y la paciencia se han terminado”.
Y advirtió, como lo ha hecho en la última semana, que “asesinar a un juez es desafiar a nuestro deteriorado Estado de Derecho, al Sistema y a todos quienes a diario nos levantamos para ganar el pan de cada día y tratamos de preservar lo que construyeron nuestros padres y abuelos con esfuerzo y amor a la patria”.
Llega u punto en el que ya no se piensa en las víctimas de la delincuencia organizada, sino en las víctimas de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. ¿Hasta cuándo?
