Y se acabó el periodo y en la fecha límite, los diputados locales tuvieron que aprobar una prórroga hasta el 30 de diciembre porque, para variar, las discordias y ambiciones de último momento dieron marcha atrás a cualquier acuerdo para la aprobación de pendientes importantes, como el Paquete Económico 2023 o las Leyes de Ingresos de varios municipios para el siguiente ejercicio fiscal.
Aunque en la sesión de este jueves estaba contemplada la lectura de dictámenes correspondientes a la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2023, se rompió el quórum antes de llegar a dichos puntos del orden del día, citando a los diputados a sesión “en su oportunidad”. Eso significa que a ver para cuándo.
Pero eso no es lo peor. Según la Gaceta Parlamentaria, en el orden del día también se incluía la lectura de sendos dictámenes para autorizar a municipios la contratación de créditos, o sea, más deuda pública, que se destinarían a “inversiones públicas”.
Uno de estos municipios se trata de Florencia de Benito Juárez, cuya alcaldesa Érika Yaneth Correa Cortés había remitido a la 64 Legislatura la solicitud de autorización para contratar un crédito hasta por 2 millones 193 mil 268 pesos para la adquisición de un camión chasis que será acondicionado para un recolector de basura y una retroexcavadora.
Solo que la solicitud se había presentado ante el pleno desde el 11 de enero de este año y como los diputados no están en lo que deben estar (ya quedó demostrado), casi 12 meses después apenas iban a dar lectura al dictamen de autorización. Así que si el crédito era urgente para el municipio, todavía tendrá que esperar a que los legisladores tengan la voluntad de sentarse a calentar su curul, reunir quórum y votar.
Otro caso es el del Ayuntamiento de Santa María de la Paz, cuyo alcalde José Manuel González Dorado había solicitado autorización a la 64 Legislatura para contratar un crédito hasta por 2 millones 55 mil 117 pesos para adquirir una máquina retroexcavadora. Pero la solicitud se había presentado ante el pleno desde el pasado 15 de marzo y, para variar, hasta el cierre del año se vendrá autorizando, si es que los diputados se dignan a terminar la sesión inconclusa de este jueves.
Claro que también hay otros casos en los que, previendo esta demora legislativa (¿será más bien abulia?), mejor se adelantan y desde ya envían al Poder Legislativo su solicitud de autorización de más deuda, ahí por si los diputados se dignan a autorizar más o menos para el próximo informe de gobierno en septiembre del 2023, justo cuando arranca el próximo proceso electoral.
Es el caso del Ayuntamiento de Valparaíso, cuyo alcalde Eleuterio Ramos Leal acaba de remitir a la 64 Legislatura la solicitud de autorización de dos créditos hasta por 37 millones 997 mil 282 pesos, también para inversión pública.
Según la síntesis de la correspondencia de la sesión de este jueves, uno de estos créditos sería hasta por 19 millones 56 mil 480 pesos para “obras y acciones sociales básicas”; mientras que el segundo crédito sería hasta por 18 millones 940 mil 802 pesos que se destinarían a “inversión pública” y “adquisición de equipamiento y maquinaria”.
Bien raros los diputados que esperan hasta el cierre de año para autorizar nuevo endeudamiento de los municipios, justo cuando están en el periodo de aprobación de sus respectivas Leyes de Ingresos y quién sabe si en lo que están votando se incluyen ya los financiamientos solicitados, porque en el caso de Florencia de Benito Juárez, tras la demora de un año para tener la autorización quizá ya hasta hayan perdido la esperanza.
Lo importante para los diputados son los exhortos, porque esos sí se cuentan a puños y por montones, como ese dirigido al gobernador David Monreal para que a través de la Secretaría de Finanzas y de la Dirección del Issstezac se cubriera la totalidad de los aguinaldos de este año a pensionados y jubilados.
Este punto de acuerdo, presentado por la diputada Gaby Basurto a nombre del grupo parlamentario del PRI, llevó a los diputados a una discusión estéril que se prolongó hasta por casi dos horas para que al final se aprobara de urgente y obvia resolución, y por unanimidad, no sin antes entrar en posicionamientos tan, pero tan, pero tan farsantes.
Y es que en las sesiones donde se cuenta con audiencia en galerías, los diputados hasta extienden el pecho y muy orondos, como pavorreales, levantan la voz, con pronunciamientos “enérgicos, pero respetuosos”, como para que la audiencia piense que son bien buenos diputados, muy comprometidos con las causas ciudadanas.
Así tal cual ocurrió este jueves cuando jubilados y pensionados del Issstezac presenciaron la discusión de este punto de acuerdo en el que se pronunciaron a favor no solo la diputada promovente, sino también Cuquita Ávalos, Xerardo Ramírez, Karla Valdez, Enrique Laviada y Priscila Benítez.
En sus intervenciones no solo recordaron las desafortunadas declaraciones del director del Issstezac, Ignacio Sánchez, en la conferencia de prensa que ofreció a inicios de esta semana, donde reconocía que percibía un salario muy “austero” de 130 mil pesos mensuales, pero que no había dinero para pagar el aguinaldo a pensionados y jubilados.
También sacaron a colación el compromiso que hiciera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su comparecencia ante la 64 Legislatura con motivo de la discusión de la reforma constitucional referente a la Guardia Nacional, en la que aseguró que esa misma semana acompañaría al gobernador David Monreal a entrevistarse con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a gestionar los casi 160 millones de pesos necesarios para pagar el aguinaldo del 2021 y 2022 de pensionados y jubilados. El compromiso sigue en la congeladora de las mentiras de la 4T.
Y entre las porras de los afectados que gritaban desde galerías, la diputada Gaby Basurto se refirió a todos los amparos ganados por jubilados y pensionados del Issstezac, que a pesar del triunfo legal en tribunales, se les ha negado el pago por segundo año consecutivo. Y siguió insistiendo en que el Instituto sí cuenta con los recursos para hacer el pago correspondiente, pero la nueva gobernanza una y otra vez sigue mostrando su indolencia.
También del otro lado hubo quienes se pronunciaron en contra del punto de acuerdo, como José Luis Figueroa o Armando Delgadillo, quienes reiteraron que el Instituto está en quiebra técnica por los desfalcos y las “herencias malditas”. Pero de procesar a los culpables, ni hablar, porque la prioridad de la nueva gobernanza está en el acoso judicial a periodistas.
Por si fuera poco, por enésima vez salió a colación el tema de la reforma a la Ley del Issstezac como respuesta a la quiebra técnica del Instituto. Solo que desde hace años hay al menos dos iniciativas presentadas ante el Poder Legislativo y que siguen en la congeladora porque nadie, pero nadie, quiere entrarle en serio y de fondo al asunto.
Finalmente, ya se sabe qué pasará con el punto de acuerdo, como otros tantos que se han remitido al Ejecutivo estatal. Lo importante es que llega la cuenta regresiva para la aprobación del Paquete Económico 2023 y las posibilidades de modificar el proyecto presentado por el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, el pasado 30 de noviembre cada día se reducen más, especialmente por el miedo a otro veto del Ejecutivo estatal, otro que sigue acumulando hechos violentos y víctimas a quienes no se ha hecho justicia. Es cuanto.
*Como ya no hay mucho qué decir, nos declaramos en periodo vacacional y nos leemos hasta enero de 2023. ¡Felices fiestas!