Son días de intensa actividad en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que hoy encabeza el diputado Lupe Correa. El motivo es la discusión preliminar para la elaboración del dictamen respecto al Presupuesto de Egresos 2023 y, como ofreció el legislador panista, se abrieron mesas de trabajo con todos los sectores para integrar sus observaciones en el documento que será sometido a discusión y aprobación del pleno de la 64 Legislatura.
En esta comisión ya han comparecido el Poder Judicial, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, COBAEZ, CONALEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud Sección 39, alcaldes y diversas asociaciones civiles. Todos, sin excepción, solicitan recursos para el próximo año, pero no todos tendrán la misma respuesta.
Esta semana arrancaron los trabajos con la visita del fiscal Francisco Murillo Ruiseco, quien a pesar del incremento presupuestal por más de 60 millones de pesos, solicita un incremento adicional de poco más de 22 millones de pesos a fin de crear la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, considerando la situación de inseguridad que hoy vive Zacatecas.
Es muy probable que su solicitud, al igual que la petición del Poder Judicial en voz del magistrado Arturo Nahle para un incremento presupuestal adicional al contenido en el proyecto, tenga una respuesta positiva porque los 30 diputados han coincidido en que en este momento la prioridad es fortalecer a las instituciones que integran el sistema de justicia en el estado para hacer frente a la ola de violencia. Ya se verá si la respuesta está en mayores recursos o si continúan las deficiencias en la coordinación interinstitucional.
También acudió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la líder sindical de la Sección 34 del SNTE, Soralla Bañuelos, quien más “prudente” solicitó que en el Presupuesto de Egresos 2023 esté garantizado un incremento al salario de las claves más bajas en el sistema educativo.
A quien no le fue muy bien es al magistrado José Ángel Yuen Reyes, presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ). Y es que en días pasados, desde la comparecencia del secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, varios diputados ya habían expresado su inconformidad por el incremento de 11.3 millones de pesos a su presupuesto, que en términos relativos equivale a un aumento del 40.45% respecto a lo aprobado para este año, mientras el IEEZ apenas tendría un incremento del 15.5 por ciento.
En su defensa, y con evidente incomodidad, Yuen Reyes argumentó que los diputados se equivocan al señalar que con la aprobación de la reciente reforma para eliminar dos magistraturas se reducirían los gastos, pues este punto tendría efectos hasta el 2025 y 2026. Pero no solo eso, insistió en que el TRIJEZ requiere más presupuesto para transitar a los juicios en línea porque hay que invertir en equipamiento. ¿Qué le haría pensar que al TRIJEZ le aprobarían dicha propuesta mientras al Poder Judicial se la niegan, pese a la insistencia del magistrado Arturo Nahle?
El problema es que, según la propuesta de presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral, el principal incremento sería en el capítulo 1000, para servicios personales, lo que implicaría aumentar el gasto de nómina ya sea por nuevas contrataciones o porque en dicho organismo “autónomo” (así, entrecomillado) buscan perpetuar esa “burocracia dorada” que tanto han condenado la 4T y la nueva gobernanza.
Las críticas de los legisladores locales no son gratuitas. Varios han señalado que este incremento presupuestal no se justifica debido a que el proceso electoral comienza en septiembre del próximo año, pero la carga de trabajo del TRIJEZ se refleja hasta el año de la elección; es decir, hasta el 2024, a diferencia del IEEZ que sí requiere suficiencia presupuestal para las actividades de organización previas al arranque del proceso electoral.
A ello responde la iniciativa presentada este lunes por los diputados Gaby Basurto (PRI), Lupe Correa (PAN), Xerardo Ramírez (PT) y Enrique Laviada (MC-PRD) para reformar diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y de la Ley Orgánica del IEEZ.
El fondo de la iniciativa es modificar el calendario de los procesos electorales locales para que estos ya no inicien en el mes de septiembre del año previo a una elección (que en el caso de Zacatecas, sería en septiembre del 2023), sino el 7 de enero del año de la elección (o sea, hasta el 2024).
Sin embargo, los diputados tuvieron cuidado de reconocer las actividades previas a un proceso electoral que debe realizar el IEEZ; así que, en el fondo, solo se afectaría presupuestalmente al TRIJEZ, pero quedaría blindado el presupuesto para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que preside el consejero Manuel Frausto Ruedas.
Ahora entendemos la cara de pocos amigos del magistrado José Ángel Yuen al término de su reunión con los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Darán palo al TRIJEZ en el Presupuesto de Egresos 2023?
Consensos en el Legislativo
Ya desde hacía tiempo se veían fracturas en la bancada oficial, aunque era más evidente en las posturas que tomaron algunos diputados frente a temas de coyuntura, como Maribel Galván, coordinadora del grupo parlamentario de MORENA; Armando Delgadillo, Ernesto González Romo, Imelda Mauricio e incluso Georgia Fernanda Miranda.
La ausencia prolongada de la diputada Violeta Cerrillo, queda claro, ha debilitado a la secta legislativa, a tal grado que los diputados Analí Infante, Nieves Medellín, Lorena Oliva, Zulema Santacruz y Armando Juárez han tenido que participar en la construcción de acuerdos con el “PRIMOR ampliado” (¿o se hacían llamar “bloque plural ampliado”?).
Así fue como este lunes, por primera vez desde el inicio de la 64 Legislatura, quedó constancia de que en el pleno puede haber coincidencias y es posible establecer acuerdos para que el trabajo legislativo comience a fluir. ¡Quién lo hubiera imaginado! Solo bastaba ponerle un alto a los intereses externos que pretendían violar la “autonomía” del Legislativo.
Por eso llamó la atención el número de votos que se lograron en tres convocatorias distintas: para elegir titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ); la magistratura vacante del Tribunal de Justicia Administrativa; y titular del Órgano Interno de Control del Poder Legislativo.
En este último caso, habrá que recordar que en sesión del 25 de mayo los 24 diputados presentes desecharon la terna propuesta en el dictamen aprobado por la 63 Legislatura en 2019, al depositar en la urna sus cédulas en blanco, lo que llevó a emitir una nueva convocatoria en la que finalmente fue electo Amuraby Gutiérrez Torres como titular del Órgano Interno de Control, con mayoría de 27 votos de los 29 diputados presentes.
La situación se repitió en el caso de la magistratura vacante en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde Guadalupe Alejandro González Navarro logró 27 votos de los 28 diputados presentes en el pleno (en esta votación estuvieron ausentes las diputadas Violeta Cerrillo y Zulema Santacruz).
Tal vez con menor suerte en la votación, pero finalmente Maricela Dimas Reveles fue electa como titular de la CDHEZ con mayoría de 23 votos de los 28 diputados presentes.
Los tres electos rindieron la protesta de ley en sesión solemne, y desde el primer día Maricela Dimas ya tuvo su primer acercamiento con el personal que integra la CDHEZ, donde el trabajo está a la orden del día.
Desde ya, anunció que el trabajo se concentrará en fortalecer la protección, promoción y difusión de los derechos humanos en los 58 municipios. Pero primero lo primero: dar seguimiento a la solicitud hecha por este organismo hacia el gobernador David Monreal y al alcalde de Jerez, Humberto Salazar, de un informe de autoridad derivado de una queja por el desplazamiento forzado en la comunidad El Durazno, en dicho municipio.
Y no hay que olvidar que está en puerta la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos en su edición 2022, además del informe anual de actividades.
¿Voto de confianza en los tres electos? Y finalmente: ¿a quién atribuir la construcción de acuerdos: a un par de diputados, a los grupos parlamentarios, al relego de la secta o a un posible maiceo?
