Muy poco le duró el gusto a la “oposición” tras haber sepultado la reforma constitucional en materia electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no obtuvo mayoría calificada para su aprobación, al lograr solo 279 votos a favor, 225 en contra y una abstención.
Por supuesto que en esta histórica sesión participaron todos los zacatecanos (incluyendo los que representan a otros distritos fuera de la entidad), pero en bandos contrarios. Por un lado, votaron a favor de la reforma constitucional los diputados federales Alfredo Femat, Reginaldo Sandoval, Magdalena Núñez, Bennelly Hernández, Marco Flores y Carlos Puente. Y en contra: Carolina Dávila, Fuensanta Guerrero, Noemí Luna, Miguel Varela, Miguel Torres, Amalia García y Jorge Álvarez.
Sin embargo, este martes hubo una segunda sesión (no considerada originalmente) impuesta desde la Junta de Coordinación Política por el grupo parlamentario de MORENA a fin de discutir y aprobar el Plan B del Presidente, con reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial; y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Y a pesar del llamado que hiciera el grupo parlamentario del PVEM para posponer la votación a fin de leer el contenido del Plan B (unas 313 páginas), así como de la renuencia del PT para aprobarlo en fast track, el madruguete se consumó en las primeras horas de este miércoles en la Cámara de Diputados. O sea, se votó algo que el oficialismo ni siquiera había terminado de analizar.
Según varias voces de la “oposición”, el Plan B fue aprobado luego de una serie de violaciones al procedimiento legislativo, que van desde una segunda sesión no incluida originalmente en la agenda legislativa, la dispensa del trámite de dictaminación sin el cumplimiento legal de los requisitos, el inicio de la sesión sin la publicación de la propuesta en la Gaceta Parlamentaria y, en resumen, ni siquiera haber leído el contenido de la iniciativa, que finalmente se aprobó con 261 votos a favor y 216 en contra.
Aunque el Plan B del Presidente, llevado de último minuto a la Cámara de Diputados por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es bastante extenso para ser analizado en tan poco tiempo, baste destacar algunos puntos, como el hecho de eliminar el servicio profesional de carrera o unidades internas del Instituto Nacional Electoral (INE), sin olvidar la prohibición al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para cancelar candidaturas por faltas graves.
En el contenido de la iniciativa aprobada también hay visos de querer desaparecer al INE, por ejemplo, desde el nuevo cálculo y revisión de tabuladores salariales del personales y los Organismos Públicos Locales Electorales; en el pago de indemnizaciones se usarán recursos de los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del INE y, cubiertos esos pagos, se extinguirán y liquidarán los fideicomisos, mientras que los remanentes se transferirán a la Tesorería de la Federación.
Además de “unificar” el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo legal (técnicamente imposible), la iniciativa pretende reducir a su mínima expresión las atribuciones del consejero presidente del INE y busca la desaparición de la naturaleza permanente de los consejos distritales (pasarían de 300 a 260 en periodos no electorales). Para rematar, el INE tendría otro recorte de más de 3 mil millones de pesos.
Entre otros puntos a destacar, el Plan B del Presidente contempla que las personas en prisión preventiva oficiosa puedan votar (ya hubo ejercicios piloto en procesos electorales pasados); además de transitar al voto electrónico en un plazo de 5 años, con la creación de una comisión de estudio en la que participarían el INE y el CONACYT para diseñar el sistema, mientras que las personas con discapacidad permanente o en estado de postración podrán votar en su propio domicilio. Eso sí: se elimina el voto postal y los residentes en el extranjero ahora solo podrán votar por internet.
Por supuesto que también se avalan condiciones inequitativas para participar en un proceso electoral, como el hecho de que senadores o diputados con derecho a reelección podrán separarse del cargo hasta un día antes del inicio de las campañas. En las fórmulas presentadas por los partidos políticos se conservan las cuotas afirmativas, aunque MORENA le dio la espalda a la diputada del mismo partido Salma Luévano para blindar las cuotas de la comunidad LGBT+ que quedaron fuera del debate, pese a ser afectadas.
Además, la iniciativa contempla que “no serán objeto de inquisición judicial ni censura, las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite”. O sea, las “corcholatas” ya podrán incurrir en actos anticipados de proselitismo sin miedo a ser sancionadas.
También, “habrá cobertura informativa indebida cuando, en programación y espacios informativos o noticiosos, sea evidente que por su carácter reiterado y sistemático se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales y no de un ejercicio periodístico”.
Habrá que seguir con el análisis de lo que a ciegas aprobó el oficialismo en la Cámara de Diputados mientras el tema pasa a la cancha del Senado de la República, ahí donde la rispidez ya salió a flote.
La comparecencia que no fue
Finalmente, y luego de una suspensión que no debió ser, este martes se llevó a cabo la comparecencia que por ley debe realizar el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, ante el Poder Legislativo en el marco de la discusión del Proyecto de Paquete Económico 2023.
Tampoco es que hubiera mucho qué discutir. Pese al tiempo que tuvieron los diputados locales para leer y analizar la propuesta remitida por el Ejecutivo desde el pasado 30 de noviembre, tal parece que muy pocos lo hicieron (en la sesión parecían más concentrados en el partido de futbol) y así quedó de manifiesto en sus preguntas vanas y repetitivas que más bien dieron la impresión de que el Paquete Económico 2023 ya está planchado y lo que veremos en los próximos días solo será un ejercicio de simulación.
En su exposición, Olivares Sánchez se limitó a repetir lo que ya había expuesto en rueda de prensa el pasado 2 de diciembre y ante los reiterados cuestionamientos de los diputados locales, las respuestas se repetían también una y otra vez, con información que obra en el legajo de documentos entregados al Legislativo desde el 30 de noviembre. Otra prueba de que no leyeron o no entendieron lo poco que leyeron.
Pocos fueron los temas que variaron la discusión durante la comparecencia, como la solicitud que hiciera la diputada Cuquita Ávalos (y que fue respaldada por varios de sus homólogos e incluso la apertura del secretario de Finanzas para ser incluida en el Paquete Económico) a fin de crear un fondo especial de apoyo a los municipios afectados por la violencia.
También la consideración ante el cuestionamiento de la diputada Gaby Basurto para definir reglas claras en la aplicación de los fondos de estabilización y el de infraestructura productiva, que entre ambos ya suman cerca de 800 millones de pesos. La propuesta se puso a consideración de los diputados para hacer sugerencias en torno a su aplicación.
Además, hubo coincidencias con la propuesta del diputado Juan Mendoza para establecer en los transitorios un plazo de 30 días para emitir los criterios por los cuales se podrá acceder al fondo de saneamiento financiero para los municipios y organismos autónomos.
Incluso Olivares Sánchez adelantó que este lunes 12 de diciembre habrá una reunión con autoridades del IMSS a fin de evaluar mejores criterios para que los municipios con adeudos puedan ponerse al corriente, como el descuento del 90% en multas y recargos, así como un plazo de 72 parcialidades o la posibilidad de saldar adeudos con terrenos.
Por lo demás, el secretario de Finanzas aclaró a qué se deben los incrementos y recortes en los presupuestos para cada dependencias, que en gran parte responden a la solicitud que hicieran en su momento los respectivos titulares o a la reasignación presupuestal debido a los subejercicios.
También insistió (y fue una medida celebrada por los legisladores) en que se presenta una propuesta de paquete económico “conservadora”, considerando la sobreestimación en los ingresos federales ante un escenario económico aún incierto y con muchos riesgos; de ahí los fondos de estabilización ante una posible baja en la recaudación federal participable.
Lo demás queda para el anecdotario y el lucimiento personal de los diputados, quienes por cierto, al parecer ya tendrían terna para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y el lugar se definiría entre Maricela Dimas, Ángel Dávila y Benito Juárez. Solo tres finalistas de los cinco que originalmente se inscribieron en la convocatoria.
Casualmente, entre esos perfiles hay uno vinculado con el grupo en el poder y existe la sospecha de que no solo es el favorito de la terna, sino que será moneda de cambio para que el PRI decida la próxima magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa, luego de que concluyera el plazo de Uriel Márquez Cristerna en el cargo. ¡Que se note el “PRIMOR ampliado”!
Por cierto, este martes 6 de diciembre que concluyó su encargo Márquez Cristerna, recibió un homenaje con una ceremonia de despedida y honores por su trayectoria, en un evento al que asistió el magistrado Arturo Nahle, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien destacó que “la encomienda más alta de los Tribunales de Justicia es la construcción de la paz social y hoy más que nunca el reclamo más anhelado no solo de Zacatecas, sino del país es precisamente la paz”.
A Uriel Márquez lo definió como una persona con vocación de servicio, honradez, honorabilidad e incorruptible, de ahí que a su criterio, la impartición de justicia sea “la labor más noble y complicada que desarrollan los tribunales, al dar a cada quien lo que le corresponde sin obedecer a impulsos personales”. ¿Escucharían bien los diputados locales?
¡Ay, los monumentos!
En otros temas, más tardaron las autoridades en informar de los hechos ocurridos el pasado domingo que en retirar las pintas en el “Monumento a la Paz” en Ciudad Administrativa. Ojalá así de expedita fuera la justicia para las víctimas de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.
Pero si esta muestra de indolencia no fuera suficiente, muy tarde llegó el posicionamiento (¿?) de MORENA Zacatecas, muy mal redactado y sin firmas, respecto a la ola de violencia que tiene al estado en vilo. Solo les faltó agregar: “por instrucciones del señor gobernador…” o la secta.
