Muy poco le duró el gusto al gobernador David Monreal por el encendido de luces y adornos en el Centro Histórico de Zacatecas para dar por inaugurado el Festival Navideño.
Porque hay que decirlo: este fin de semana estuvo abarrotado el primer cuadro de la Capital, así como el Parque La Encantada, con toda esta decoración navideña (carísima de Protección Civil, por cierto) para que las familias pudieran fotografiarse y ayudar a promover a “Zacatecas Deslumbrante”.
Pero lo que deslumbró este fin de semana fueron otro tipo de hechos que inciden en la percepción de inseguridad, esa que trimestralmente mide el INEGI y cuyos indicadores una y otra vez son minimizados por la autoridad.
A escasos días del asesinato del comisario José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, que derivó en el envío de más elementos federales a la entidad en lo inmediato; se sumó el indignante homicidio del juez Roberto Elías Martínez, adscrito al distrito judicial de Río Grande y que perdiera la vida luego de un ataque directo en el municipio de Guadalupe. Ambos hechos son elementos indiscutibles para entender la magnitud de la situación que hoy vive Zacatecas.
Apenas habían transcurrido unas horas de que fue anunciado el lamentable deceso, este domingo, cuando alrededor de las 7 de la tarde se informó de un posible motín en el CERERESO de Cieneguillas. Y las siguientes horas revivieron los tiempos de la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el expresidente Felipe Calderón.
En los primeros minutos, desde la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz la información fue escasa, sin confirmar qué ocurría dentro y fuera del penal. Desde ese momento, la desinformación en redes sociales hizo lo suyo: desinformar y generar mayor caos.
Hacia las 8:30 de la noche, en sus redes sociales (ni siquiera a través de la Vocería), la secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, informó que “por instrucciones del gobernador” la situación ya estaba bajo control en el CERERESO de Cieneguillas, donde se había registrado un intento de motín y fuga de reos que fue frustrado por elementos de seguridad. Y reconocía que hubo “distractores incendiando algunos vehículos con la intención de consumar la fuga”.
Horas más tarde, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, en un videomensaje grabado en las instalaciones del CERERESO de Cieneguillas o desde el patio de su casa, reiteraba que la situación ya estaba bajo control y que se había desplegado un operativo para atender los puntos carreteros donde hubo incendio de vehículos. Y hasta ahí.
Para dimensionar lo ocurrido, en el balance positivo, la autoridad logró frustrar el intento de fuga y no hubo reporte de personas lesionadas o que perdieran la vida, más allá de personas al interior del penal, donde solo se habló de heridos sin mayores detalles (entre personas privadas de la libertad y elementos de seguridad).
En contraparte, lo ocurrido la noche de este domingo derivó en personas afectadas por poncha-llantas en varias carreteras; reporte de personas despojadas de sus vehículos; bloqueos carreteros con vehículos incendiados; incendio de casetas, cancelación de corridas en la Central de Autobuses; suspensión de actividades en algunos planteles educativos (pese a la indicación de la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, para no suspender clases presenciales); además de una situación de “alerta” en municipios como Zacatecas, Guadalupe, Jerez, Fresnillo, Río Grande, Sombrerete y Ojocaliente.
Lo anterior deja ver varios puntos débiles en la Estrategia Nacional de Seguridad que se implementa en Zacatecas, o incluso en el cacareado Plan Zacatecas II, ese que dicen ha arrojado buenos resultados. ¿Cómo sería si no estuviera dando resultados?
Lo cierto es que se desconoce el número de personas que participaron en los hechos de este fin de semana; no obstante, queda claro que la autoridad está rebasada, no solo porque un pequeño grupo delincuencial haya sido capaz, en tan solo unos minutos, de poner en jaque al Estado (así, con mayúscula), sino porque la capacidad de prevención, contención y reacción se ve amenazada por una aparente falta de coordinación en eso que llaman Mesa Estatal de Construcción de Paz.
Si las principales afectaciones se registraron en las carreteras más transitadas, ¿no había puestos de vigilancia suficientes para crear un cerco de seguridad de manera preventiva?, ¿o cuál es la dinámica para distribuir a las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en territorio estatal?
Otro tema no menos importante tiene que ver con una parte del llamado que hiciera la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para “el traslado de reos y procesados peligrosos” a otros penales.
Y es que el CERERESO de Cieneguillas es una realidad que no cuenta con las condiciones suficientes para albergar a delincuentes de alta peligrosidad, pese a la millonaria inversión de cada año.
Baste señalar que, según la estructura programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, la inversión destinada a la “Dignificación del Sistema Penitenciario Estatal” pasará de 350 millones 887 mil 142 pesos este año a 362 millones 992 mil 768 pesos el próximo año.
Este monto representaría el 19.4% del total del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública para el próximo año y sería el segundo mayor monto después del recurso que se destinaría al pago de nómina e insumos para la seguridad pública (unos 873.2 millones de pesos). Lo que no se dice es que aumenta el gasto en temas administrativos, burocráticos, en mayor medida que la inversión para fortalecer las corporaciones y la estrategia de seguridad.
| Seguridad Pública Integral | $ 873,265,996 |
| Dignificación del Sistema Penitenciario Estatal | $ 362,992,768 |
| Servicios para Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones | $ 21,604,275 |
| Profesionalización de la Seguridad Pública | $ 26,301,257 |
| Dirección y coordinación de planes, programas y acciones de la Secretaría | $ 283,333,357 |
| Apoyos Económicos | $ 7,700,000 |
| Sistema Estatal de Seguridad Pública | $ 257,341,967 |
| Gestión Administrativa de las Áreas del Secretariado Ejecutivo | $ 30,556,175 |
También en la estructura programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, quisiéramos pensar que la Secretaría General de Gobierno tuvo un “error de captura” (bueno, como 13), porque sería inconcebible que ante esta situación alarmante en materia de seguridad, el recurso destinado a la “Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana” pasara de 17 millones 994 mil 330 pesos este año a 6 millones 226 mil 141 pesos para el próximo año. ¿O cuál es la lógica de recortar en más de 65% el presupuesto para prevención del delito?
En el fondo, la nueva gobernanza está en un punto donde sí o sí debe replantearse la estrategia de seguridad porque, de continuar así, Zacatecas bien podría hacer historia con el primer ejercicio de revocación de mandato con resultados vinculantes. ¿La renuncia de Adolfo Marín de verdad es la respuesta?, ¿o el problema es más grave que la titularidad en un cargo?
Sin sorpresas en el PRI
Como era de esperarse, Roberto Luévano Ruiz anunció de último momento que no se registraría en la convocatoria para renovar la dirigencia estatal del PRI, alegando que había dos visiones distintas en el partido: una donde los acuerdos se hacen en las cúpulas y otra donde se consulta a la militancia.
A través de un videomensaje en sus redes sociales, el exalcalde de Guadalupe insistió en su posición de ir a consulta a la base militante para la elección de la nueva dirigencia estatal del tricolor. Y para cumplir con los requisitos de la convocatoria dijo haber logrado el respaldo de 38 comités municipales, 2 mil 500 consejeros y 4 mil militantes.
Además, reiteraba su postura de ser “factor de unidad” y de “buscar el fortalecimiento del partido” empoderando a la militancia, pero que en esta ocasión no había condiciones para registrarse en la convocatoria por “acuerdo entre unos cuantos”.
La verdad es que Roberto Luévano nunca contó con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional (pese a su reunión con el dirigente nacional Alito Moreno y el coordinador Rubén Moreira), lo que se traduce en la falta de respaldo de los sectores y organizaciones; y tampoco se presentó al examen del Instituto Reyes Heroles, como señalaba la convocatoria.
Lo de Luévano Ruiz fue más bien un intento de lavarse la cara ante los múltiples señalamientos de traición, ya no solo en el pasado proceso electoral al operar en contra de la excandidata a la gubernatura, la senadora Claudia Anaya, sino también por haber dado la espalda durante todos estos años a la militancia que alguna vez confió en él y por su evidente complicidad con otras figuras no gratas en el priísmo, como Julio César Chávez Padilla, Alan Murillo u Omar Téllez.
Así pues, este fin de semana la única fórmula registrada en la convocatoria fue la de Carlos Peña y Norma Castorena, ambos con el sello del alonsismo de cepa. Y todo indica que reúnen los requisitos de la convocatoria, que no fue impugnada en su momento, por lo que se espera que la Comisión Estatal de Procesos Internos declare electa la fórmula y este martes emita la declaratoria de validez del proceso interno.
Con la nueva dirigencia, ¿también habrá “PRIMOR”?, ¿o se mantendrá la coalición Va por Zacatecas?
