Si el municipio de Jerez fuera incluido en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), seguramente estaría en el top 5 de ciudades con mayor percepción de inseguridad.
Se trata de un municipio donde ha escalado la violencia en los últimos años y que recientemente fue noticia internacional, pese a los intentos del “gobierno de la transformación” por “hablar bien de Zacatecas”.
A Jerez le ha afectado no solo el desplazamiento forzado de más de 3 mil personas que habitaban en 18 comunidades, y de los cuales pocos, muy pocos, han vuelto a sus hogares. Los que lo hicieron, perdieron todo. Todo.
La atrocidad cometida hace unos días en el céntrico bar El Venadito es otra manifestación de esa violencia que sigue lastimando a los jerezanos y que, así parece, no ha tenido la atención oportuna y adecuada de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por el contrario, las propias víctimas han acusado la falta de presencia de las corporaciones de seguridad y la poca atención que han recibido en la reparación del daño por parte de las autoridades.
Esta indolencia no es exclusiva del “gobierno de la transformación”. De hecho, si hubiera alguien a quien sobraran calificativos sería el alcalde Humberto Salazar, quien ante los hechos ocurridos en el bar El Venadito, optó por hacer operación avestruz y desaparecer del ojo público.
Su indolencia y la de los 12 regidores que integran el Cabildo queda de manifiesto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Jerez para el ejercicio fiscal 2023, publicado este lunes en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Bien raras las “cuentas alegres” del dictamen aprobado (a ciegas) por los diputados de la 64 Legislatura, a tal grado que nadie, pero nadie, se dio cuenta de que en el cálculo de ingresos hay un déficit de 97 millones 386 mil 456 pesos respecto al gasto programado.
En el documento se advierte una baja en las participaciones federales por 68.7 millones de pesos, que no se compensan con el incremento en la recaudación de impuestos por más de 2.6 millones o el aumento en los derechos por 1.5 millones.
Eso sí, para el alcalde Humberto Salazar y los 12 regidores, lo importante es “lo importante”, por eso al Capítulo 1000 de “Servicios Personales” le destinarán este año algo así como 156 millones 423 mil 755 pesos. Nada más un incremento de poquito más de 15 millones respecto al año pasado.
Pero la indolencia llega más allá, porque Salazar Contreras sería el tercer alcalde mejor pagado, solo después de Saúl Monreal y de Jorge Miranda. Según el Presupuesto de Egresos del municipio, el sueldo mensual bruto del alcalde de Jerez pasaría de 70 mil pesos a 88 mil 83.32 pesos, mientras que la dieta de sus 12 regidores pasaría de 35 mil pesos mensuales a 44 mil 41.66 pesos. ¡Vaya, vaya! Ser parte de la secta sí deja y bien.
Lo que quizá duela más a los jerezanos es que en dicho presupuesto se etiquetan hasta 16 millones de pesos para “gastos administrativos del Patronato de la Feria”, es decir, 1 millón de pesos más que el año pasado. Como si el Pueblo Mágico estuviera para hacer fiesta entre tanta tragedia.
Lo cierto es que nadie, pero nadie, ha visto al alcalde Humberto Salazar atender a los familiares de las víctimas del bar El Venadito. Tampoco a las autoridades de la dichosa Mesa Estatal de Construcción de Paz o de la propia Secretaría General de Gobierno.
Al menos así lo señaló la diputada Cuquita Ávalos, quien a través de sus redes sociales anunció que donaría esta quincena para atender a los familiares de las víctimas, y aunque esta acción no deja su tufo “electorero”, es algo más concreto que la indiferencia de las autoridades.
Si no, recuérdese que en el Presupuesto de Egresos 2023 para el estado de Zacatecas, los diputados locales aprobaron un Fideicomiso de Atención a Víctimas por la cantidad de 3 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está el “gobierno de la transformación”? Y por encima de todo, ¿esa cantidad ajustará para tantas víctimas de la Mesa Estatal de Construcción de Paz?
Baste ver los informes financieros de la Secretaría de Finanzas del último trimestre del 2022. De una meta programada de dar atención a 2 mil 640 personas que “sufrieron un hecho victimizante”, la Secretaría General de Gobierno que dice encabezar Gabriela Pinedo cerró el año con 7 mil 438 personas. Es decir, un 281.74% más que la meta programada. Y en los servicios brindados se habrían erogado 10.8 millones de pesos, o sea, 1.2 millones de pesos menos que lo programado.
Y si hablamos de la crisis por el incremento de personas desaparecidas y no localizadas, la misma dependencia reporta que de una meta programada de 2 mil 233 acciones de búsqueda, cerraron el año con 10 mil 524; es decir, 471.29% más que la meta proyectada y donde se habrían invertido hasta 29.7 millones de pesos.
Si en el discurso se sigue insistiendo en las “herencias malditas” y en los “buenos resultados” del Plan Zacatecas II, sus propias cifras sugieren lo contrario: que en Zacatecas el estado se encuentra rebasado. ¿Seguimos insistiendo en “hablar bien” de Zacatecas?
“Fuga” de militantes en el PES
Como ya no había forma de hacerse con la dirigencia estatal del partido y llevarse a la bolsa los más de 4.9 millones de pesos que recibiría dicho instituto político en prerrogativas, un grupo de regidores del Partido Encuentro Social encabezados por la diputada Zulema Santacruz Márquez y el “diputado 31”, perdón, el exsubsecretario de Vivienda, Néstor Santacruz Márquez, anunciaron su salida y se declararon independientes.
En rueda de prensa, cuestionaron la decisión del órgano local electoral y del Tribunal de Justicia Electoral del Estado (TRIJEZ) para reconocer la asamblea donde se dio la dirigencia estatal a Nicolás Castañeda y, en cambio, respaldaron a Néstor Santacruz como “su líder”.
Esta fractura no es reciente. La rebatinga ya daba sus primeros visos desde mayo del año pasado. No hay que olvidar que en aquel entonces, Nicolás Castañeda había solicitado a la 64 Legislatura “disolver” el grupo parlamentario del PES.
La solicitud fue remitida a comisiones y luego el dictamen fue votado con 16 diputados a favor y 14 en contra de “disolver” el grupo parlamentario del PES. Sin embargo, al final esta acción no se llevó a efecto “por cortesía política” y como parte de los acuerdos en la redistribución de comisiones legislativas.
No hay que olvidar que en esta discusión, diputados del bloque oficial acusaban que esta decisión se trataba de una “venganza política” de la oposición por haber desaparecido las llamadas “herramientas legislativas”. El tiempo sacó la verdad a la luz, pero hay quienes todavía siguen buscando los “cargos y oficinas”.
O habrá que recordar también que fue la diputada Zulema Santacruz quien presentó una iniciativa para desaparecer la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEDUVOT) como venganza contra la entonces titular, Laura Elvia Bermúdez, cuando su hermano Néstor Santacruz fue destituido del cargo de subsecretario de Vivienda por “pérdida de confianza”. Sobra decir que la iniciativa no prosperó. ¡Cómo da vueltas la vida!
