No cabe duda que la 64 Legislatura ha rebasado cualquier comedia de bajo presupuesto y supera por mucho cualquier machincuepa entre los dichos y hechos de los diputados locales.
¿Cuántas veces escuchamos en tribuna sus reclamos ante la nueva gobernanza y su ”nómina sereta” (que dimos a conocer entre Agenda Política, La Cueva del Lobo y Lalalá News) o el tufo de corrupción en contratos leoninos como los firmados con Don Cacahuato?
Pero ya lo había advertido la diputada Zulema Santacruz en una de las tantas sesiones donde los legisladores suelen sacarse sus trapitos al sol: “aquí todos tenemos cola que nos pisen”. Y sí.
Poco a poco vamos entendiendo por qué la opacidad de la 64 Legislatura al momento de aprobar, en fast track, el dictamen con el Presupuesto de Egresos 2023 sin haber transparentado los anexos correspondientes en su momento.
Como adelantamos en diciembre pasado, en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que fue aprobado por unanimidad de los 30 diputados, sí se realizaron cambios respecto a la propuesta que había remitido el Ejecutivo el pasado 30 de noviembre.
En el dictamen final, mucho llamó la atención el recorte que realizaron los diputados por 45.6 millones de pesos a la partida destinada al pago de la deuda pública; así como 10.9 millones de pesos al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) y 5 millones de pesos al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ).
En cambio, los diputados habrían aprobado aumentos (respecto a la propuesta del Ejecutivo) por 7.5 millones de pesos a la Secretaría de Economía; 10 millones de pesos más para la Secretaría del Zacatecano Migrante; 15 millones de pesos al Poder Legislativo; 10 millones de pesos al Poder Judicial; y 10 millones de pesos más para la Fiscalía General de Justicia del Estado.
En el balance general entre el dictamen aprobado para este año respecto a lo aprobado para el ejercicio fiscal 2022, las dependencias que tendrían recortes en términos reales serían la Secretaría General de Gobierno por 2.2 millones de pesos; Secretaría de Finanzas, 2 mil 192.2 millones; Secretaría de Economía 5.7 millones; SEDUVOT 28.4 millones; SAMA 67.4 millones; COZCYT 817 mil 842 pesos; COBAEZ 10.9 millones; CECYTEZ 23.8 millones; y el Centro de Conciliación Laboral 540 mil 181 pesos. Además, para este ejercicio fiscal desaparecerían el Patronato de Promotores Voluntarios y la Agencia Estatal de Energía.
Pero ahí no quedan las modificaciones al proyecto del presupuesto. Otro cambio importante en el dictamen aprobado por los diputados es que se aumentan 9 millones de pesos en la partida destinada a las Previsiones Salariales y Económicas que manejaría la Secretaría de Finanzas. Y en el Tabulador de Sueldos y Salarios 2023 del Poder Ejecutivo se mantiene la partida de “Estímulos por Responsabilidad en el Cargo”, lo que muchos ya conocemos como la “nómina secreta”.
Pero en los mismos anexos al Presupuesto de Egresos 2023 hay otra información aún más interesante que demuestra la bajeza, hipocresía e indolencia de los diputados farsantes que un día se duelen por el derroche en la nueva gobernanza, pero callan ante sus propios excesos.
Resulta que en el 2022, según el Tabulador de Sueldos del Poder Legislativo, los diputados percibían un sueldo mensual de 7 mil 527.52 pesos, más una compensación mensual por 70 mil 567.68 pesos; un bono de supervivencia por 16 mil 904.80 pesos; y un bono de despensa por 8 mil 48.40 pesos. Al final, los diputados venían percibiendo unos 103 mil 48.40 pesos en bruto cada mes.
Pero para este año, según el Tabulador aprobado, los diputados percibirán un sueldo mensual de 19 mil 83.88 pesos, más una compensación mensual por 85 mil 44.71 pesos; un bono de supervivencia por 16 mil 904.80 pesos; y un bono de despensa por 10 mil 948.40 pesos. En total, una percepción mensual bruta por 131 mil 981.79 pesos.
Es decir, al final los diputados se autorizaron a sí mismos un incremento en sus percepciones por 28 mil 933.39 pesos mensuales, que equivaldrían a 10 millones 416 mil 20.40 pesos al año tan solo para los 30 diputados, sin contar los aguinaldos, y eso representa el 26.3% del incremento presupuestal por 39.5 millones de pesos que tendría el Poder Legislativo para este año.
Por eso de pronto resulta irrisorio cuando la diputada Cuquita Ávalos se dice indignada por los altos costos del refrendo vehicular, carísimos de Zacatecas, por cierto. Pero que alguien le diga que ella como diputada votó a favor de la miscelánea fiscal donde se incluía el cobro de impuestos, derechos, mejoras y aprovechamientos. ¿Acaso con su incremento salarial para este año no le alcanza para pagar su refrendo vehicular?
Y hablando de diputados y figuras públicas sorprendidas por el pago de impuestos, qué cosas se encuentra uno en las listas negras del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ahí, con créditos fiscales firmes, se encuentra no solo la diputada local Gaby Basurto, que ya de por sí su aparición resulta rara habiendo sido subsecretaria de Egresos en el “quinquenio diferente”.
También figuran en esa lista Juan Manuel Frausto Ruedas, actual consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), así como el titular del Órgano Interno de Control del mismo instituto, Jesús Limones Hernández.
Menos sorpresa causa ver a Albina Cerrillo, quien fuera titular por un corto tiempo del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas.
Eso sí, hay una nueva lista negra en el SAT relativa a los créditos fiscales “cancelados por incosteabilidad”; es decir, que a la autoridad le saldría más caro el procedimiento de ejecución fiscal que el monto que habría de recuperar.
En dicha lista hay al menos 262 personas físicas y morales, que en conjunto hubieran representado 158 mil 575 pesos en impuestos. Y aunque la lista tampoco es corta, sorprende ver a uno de los hijos del gobernador David Monreal entre esos contribuyentes que, sí o sí, se negaron a pagar impuestos. Será que está ahorrando para su próxima boda…
En Guadalupe se sirven con la cuchara grande
A propósito de cobro de impuestos, en Guadalupe andan viendo cómo sacan dinero hasta debajo de las piedras. Desde que Julio César Chávez Padilla llegó como alcalde de este municipio, para nadie es secreto que se ha duplicado el monto a pagar en el recibo del predial, sobre todo por el concepto del servicio de limpia para que el alcalde de la “honestidad y acciones firmes” siga haciendo negocio con la basura de Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos. Y este año no pinta mejor, porque ahí viene el próximo proceso electoral.
Pero no es el único reclamo. Ahora la población tiene una queja muy sentida por los altos costos para el uso de la Alberca Olímpica de Guadalupe, una medida que poco abona a fomentar el deporte, mucho menos si se piensa como una estrategia de prevención social de la violencia y la delincuencia.
Porque para Chávez Padilla, parece que lo importante siguen siendo los espantosos murales tipo “Atalaya”, porque los impuestos no parece que se traduzcan en mejoras en la recolección de basura, o en el bacheo de calles, o en mejor iluminación en colonias y comunidades, mucho menos en mayor seguridad y vigilancia.
Tal vez por eso en la 64 Legislatura le jalaron las orejas y le modificaron su propuesta de Ley de Ingresos, la única de los 58 municipios que no incluía estímulos para los contribuyentes cumplidos. Si no hubiera estos estímulos para el primer trimestre del año, ahora imagínese si a los guadalupenses les daban ganas de pagar puntualmente sus impuestos. ¡Pero, pues, cada quién!
Una bomba a punto de estallar
Por si no tuvieran suficiente con el caso del homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego o la manifestación por la desaparición de Daniela y Viviana Pichardo, así como a Paola Vargas y José Nemesio Gutiérrez, quienes están desaparecidos desde el pasado 25 de diciembre, cuando salieron de Jerez con rumbo a Colotlán; la nueva gobernanza ahora tiene otro caso donde el enojo social ha llegado a las calles.
Este martes, habitantes de la comunidad de Chaparrosa y aledañas, en el municipio de Villa de Cos, se manifestaron en la carretera incluso con la quema de llantas para exigir respuesta en el caso de la desaparición del menor Anthony Tadeo Núñez Trejo, mejor conocido como “Teo”, quien fue secuestrado el pasado 20 de diciembre en dicha comunidad.
Y ante la indolencia de las autoridades, este martes la manifestación llegará a la Capital de Zacatecas, con una marcha que partirá a las 12 del mediodía del Tecnológico Regional de Zacatecas hacia Plaza de Armas con la misma exigencia: encontrar a Teo.
La indolencia de la autoridad llega a tal grado que en su conferencia de este lunes, después de unas muy largas vacaciones, quien se dice secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín, “presumió” una baja del 18% en la incidencia de homicidios en Zacatecas, pero nada dijo sobre el aumento de personas desaparecidas y no localizadas en el último mes.
Tampoco es que a la nueva gobernanza o a los 30 diputados les importe el tema y se puede constatar en el Presupuesto de Egresos 2023 aprobado a finales de diciembre.
Para las acciones de búsqueda de personas en calidad de no localizadas o desaparecidas, en el 2022 se había asignado la cantidad de 8 millones 849 mil 69 pesos, pero en el transcurso del año se autorizó una ampliación presupuestal por 20.8 millones de pesos.
Resulta que para el 2023, según la estructura programática del presupuesto autorizado por la 64 Legislatura, se destinarían 11 millones 503 mil 186 pesos, que aunque sí representan un incremento respecto a lo aprobado para el año pasado, es una cifra mucho menor a la que finalmente se ejerció en dichas tareas. ¿Seguimos creyendo en nuestras autoridades?
