¿Y dónde quedó el internet para todos?

Este lunes 16 de enero la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer el Programa de Conectividad en Sitios Públicos 2023.

Se trata de un programa que originalmente había sido puesto en marcha por la CFE Telecomunicaciones, en conjunto con Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, hoy se enriquece con la información proporcionada por las Secretarías del Bienestar, de Salud, de Educación, y de Agricultura y Desarrollo Rural.

En total, para este programa se tienen identificados 70 mil 776 inmuebles y 5 mil 88 sitios públicos prioritarios por conectar en todo el país, principalmente en espacios ubicados en localidades de atención prioritaria de cobertura social.

Por supuesto, no es un programa reciente. Ya desde el 2021 se había levantado un diagnóstico en diversos estados para poner en marcha una prueba piloto, como en el caso de Zacatecas, cuya primera prueba se realizó en diciembre de ese año en el municipio de Susticacán, localidad que continúa a la fecha con problemas de conectividad.

Originalmente, en nuestra entidad se daría cobertura a 38 municipios en una primera etapa, con la finalidad de lograr la conectividad y comunicación de las zonas que no contaban con este servicio.

Sería también en diciembre del 2021 cuando el gobernador David Monreal anunció la llegada de módems como parte del Programa Internet para Todos y establecía el compromiso de conectar más de 800 puntos de la entidad donde no se tenía la capacidad de conexión.

Pero el programa sería olvidado hasta octubre del año pasado, cuando el gobernador informó de la inauguración de punto de internet gratuito en el municipio de Melchor Ocampo, de los 1 mil 296 puntos que se instalarían presuntamente en las comunidades más alejadas del estado.

El problema es que la poca transparencia en el manejo del programa ha impedido evaluar los avances desde su puesta en marcha en Zacatecas… hasta hoy.

Resulta que durante el periodo 2021-2022 en Zacatecas se tenían al menos 141 sitios prioritarios en este programa, de los cuales los municipios donde se instalarían más puntos de conectividad eran: Pinos (22), Mazapil (14), Sombrerete (14), Gral. Francisco R. Murguía (13), Valparaíso (8), Villa de Cos (7), Saín Alto (7), Villa Hidalgo y Fresnillo (6 cada uno).

Para el 2023, según la publicación de la SICT en el DOF, ya solo serían 132 sitios prioritarios en este programa y aunque a primera vista se pensaría que el año pasado únicamente se avanzó en nueve sitios con conectividad, el comparativo de listados en uno y otro periodo ofrece otra realidad.

Por ejemplo, en el municipio de Sombrerete pasarán de 14 a 30 puntos prioritarios; Gral. Francisco R. Murguía pasará de 13 a 20; Fresnillo, de 6 a 17; Trancoso, de 1 a 6; Ojocaliente, de 1 a 3; Cuauhtémoc, de 1 a 2, lo mismo que Cañitas de Felipe Pescador; y al listado se agrega Zacatecas capital con 2 puntos.

En cambio, en este periodo sí parece haber un avance en la conectividad mediante este programa en los municipios de Mazapil (7 puntos instalados); Villa de Cos (6); Pinos (4); Villa Hidalgo (4); Villa García (4); Valparaíso (3); Saín Alto (2); y Concepción del Oro (1).

Lo anterior significaría que durante el año pasado, en Zacatecas se avanzó realmente en la conectividad de 31 puntos prioritarios, pero con un incremento de 43 sitios prioritarios en el listado del programa, el cual contempla al menos 2 mil 103 sitios públicos por conectar, entre prioritarios y no prioritarios, en la vertiente de educación pública, seguido de 464 puntos en espacios de salud.

¿Pero quién se encarga de ejecutar este programa en Zacatecas?

El pasado 10 de diciembre de 2021 se dio el fallo a la licitación por invitación restringida No. INA-CFE1000-0030-2021, en la que habrían participado las empresas Construcción y Mantenimiento Industrial COMAIN SA de CV, con sede en Fresnillo; AGBA Pavimentos SA de CV, sin datos en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como Terracerías y Pavimentos de Fresnillo SA de CV.

Esta última, propiedad de José de Jesús Aguirre Campos, fue la ganadora de la licitación, cuyo contrato No. Contrato CFETEIT-IN-0038-2021, para la “Adquisición e instalación de torres de Telecomunicaciones para BTS” fue firmado el 13 de diciembre de 2021 y tendría vigencia del 1 de enero de 2022 hasta el 1 de junio de 2023.

Por un monto mínimo de 27 millones 161 mil 864 pesos y un máximo de 54 millones 323 mil 728 pesos, el proveedor se obligaba a instalar entre 50 y 100 torres de telecomunicaciones en el estado de Zacatecas, incluyendo su mantenimiento anual.

Entre una posible licitación “por invitación restringida” amañada y un escaso avance en la conectividad de puntos prioritarios, el compromiso del gobernador David Monreal para llevar “internet para todos” tal parece que se llevará todo el sexenio… o más.

La bronca en la SEDUZAC

Tras casi 10 horas de bloqueo en el bulevar Eje Metropolitano, por fin la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC) dio a conocer los acuerdos logrados con agremiados a la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que lidera la diputada con licencia Soralla Bañuelos de la Torre.

Será por un error involuntario o porque hubo dolo en la afectación a vialidades, pero el documento exhibido por la dependencia muestra que los acuerdos logrados ya se tenían desde la 1:30 de la tarde, pese a que el bloqueo al bulevar se prolongó hasta cerca de las 10 de la noche.

Pese a ello, el reclamo del magisterio también es justo: la falta de pagos (hay más de 400 maestros que no han recibido su salario desde agosto); docentes con doble carga de trabajo y alumnos sin asignación de maestros (unos 160 grupos en todo el estado); y asignación irregular de cargas de trabajo a maestros de educación física. Y a ello se sumará el paro indefinido en 83 planteles de telebachillerato, también por falta de pagos, con la amenaza de volver a tomar el bulevar Eje Metropolitano.

En el fondo, hay una seria presión hacia quien ha encabezado la SEDUZAC sin demostrar voluntad para resolver los conflictos al interior, mucho menos por cumplir con sus obligaciones constitucionales, a tal grado que por su ausencia a la comparecencia a la que estaba obligada ante la 64 Legislatura, hoy enfrenta un procedimiento de juicio político (detenido en las comisiones de Puntos Constitucionales y Jurisdiccional).

En el fondo, se especula que quien está detrás de los conflictos entre la dependencia y el magisterio es Gizel Liliana Llamas Ibarra, quien fuera coordinadora estatal de las becas “Benito Juárez” y hoy dice desempeñarse como subsecretaria de Educación Media y Superior. Y hay quien asegura que está próximo su nombramiento como titular de la SEDUZAC, en lugar de Maribel Villalpando. ¡Qué pesadito se llevan en la secta!

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