Después de un periodo de descanso, volvemos a la información diaria y no precisamente con buenas noticias. Zacatecas recibió el 2023 con más víctimas de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad y una autoridad más ausente que los diputados en sus curules.
Tan solo el 2022 cerró con la nada honrosa cantidad de 1,020 homicidios dolosos, y aunque esto representa unos 114 homicidios menos que en el 2021, no deja de preocupar la alta tasa de incidencia en Zacatecas, que cerró con 131 homicidios dolosos solo en el mes de diciembre del año pasado. Es decir, unos cuatro casos por día en promedio.
Y este año no parece que las cosas vayan mejorando, pues hasta este domingo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya contabilizaba 41 homicidios dolosos ocurridos en Zacatecas; es decir, un 41.4% con respecto a los 99 homicidios registrados en enero del 2022. Y apenas va la primera semana del año.
Si hablamos de personas desaparecidas y no localizadas, la cosa no pinta mejor. En el último mes del 2022 ya se contaban al menos 56 personas en el estatus de “desaparecidas y no localizadas”, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que elabora la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
La mayor incidencia se registró en los municipios de: Fresnillo (14 casos), Tepetongo (7), Guadalupe (7), Río Grande (3), Villa de Cos (3), Pánuco, Calera, Trancoso, Villanueva, Miguel Auza y Ojocaliente (2 casos cada uno); así como Vetagrande, Valparaíso, Sombrerete, Pánfilo Natera, Monte Escobedo, Jerez, Loreto, Morelos, Concepción del Oro y Mazapil (1 caso cada uno).
Estas cifras van más allá de los números fríos, pues detrás hay historias y familias en cuyo hogar hubo una silla vacía en estas fechas y hay quienes aún permanecen en la incertidumbre sobre el paradero de sus familiares.
El caso del asesinato del abogado Raúl Calderón Samaniego cimbró al estado y abrió una nueva grieta en el tejido social, una herida que se acrecentó luego de la revictimización por parte de algunos medios de comunicación presuntamente pagados por el estado para criminalizar a la víctima (y cuya acción dolosa ha quedado impune), aunado a la revictimización de la que han sido objeto sus familiares por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Pero el reclamo a las autoridades locales también ha rebasado nuestras fronteras. Desde Jalisco, sigue la exigencia de localizar a Daniela y Viviana Pichardo, así como a Paola Vargas y José Nemesio Gutiérrez, quienes están desaparecidos desde el pasado 25 de diciembre, cuando salieron de Jerez con rumbo a Colotlán. Su caso ha generado no solo manifestaciones en aquel municipio jalisciense, sino también en la capital zacatecana, mientras la autoridad sigue sin dar respuesta al reclamo social.
La situación de violencia, sin embargo, sigue escalando día con día y es imposible hacer oídos sordos al dolor de las víctimas, como los dos menores que presenciaron el asesinato de su madre en esta primera semana del año a las afueras de un centro comercial en la Capital, o el asesinato de un menor en plena cancha deportiva también en la ciudad de Zacatecas, o las dos víctimas menores de edad entre los nueve asesinatos ocurridos recientemente en el municipio de Fresnillo.
Ya ni qué decir sobre los exhortos y más exhortos de los diputados locales para que autoridades de los tres niveles de gobierno protegieran la integridad de los migrantes en eso que llamaron “Programa Héroes Paisanos”, pues no fueron una ni dos las víctimas a quienes quitaron sus vehículos y pertenencias cuando transitaban por las carreteras de Zacatecas.
Y en medio de esta ola de sangre y cédulas de búsqueda de personas desaparecidas, muchos se siguen preguntando cuándo habrá una ficha de búsqueda para el gobernador David Monreal, que sigue desaparecido y sin dar la cara, al igual que las demás autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. A estas alturas, “encomendarse a Dios” tampoco ha resultado en la mejor estrategia de la nueva gobernanza para combatir la inseguridad.
Las transas en la frivolidad de los adornos navideños
Como si colocar más adornos navideños y lucecitas por todo el Centro Histórico fuera suficiente para ocultar la violencia que impera en Zacatecas, tal parece que la nueva gobernanza no tuvo empacho en desembolsar el dinero que no gastó en todo el año para decorar calles y plazuelas y simular que en nuestra entidad todo es armonía, paz y tranquilidad.
Pero este gasto no está exento de posibles actos de corrupción que ya investigará en su momento (si es que el Ángel de la Muerte lo permite) la Secretaría de la Función Pública.
Porque resulta que así sin más, la Secretaría de Obras Públicas facturó a Tomás Márquez Berumen, representante legal de Comercializadora Eléctrica de Zacatecas SA de CV, hasta cerca de 8 millones de pesos por la construcción, instalación y puesta en marcha del túnel y árbol navideño y por la iluminación escénica multimedia en el Centro Histórico de Zacatecas.
El problema es que, además de que no hubo proceso de licitación, el mencionado túnel ya era propiedad del Gobierno del Estado desde el “quinquenio diferente”, por lo que a todas luces (y no precisamente por el montón de series navideñas) se trata de un acto de corrupción.
Por si no fuera suficiente, ante la premura del tiempo para decorar las calles del Centro Histórico de la Capital, algunas dependencias tuvieron que recurrir “de último momento” a la empresa Luces Feliz SA de CV y Blachere Iluminación México para la renta de adornos navideños “a sobrecosto”. Solo que dicha empresa parece vinculada con quien hoy se ostenta como coordinador Estatal de Protección Civil, Jeú Márquez Cerezo, mejor conocido entre el sector empresarial como “Jeú Moches”.
Otro tema para la Secretaría de la Función Pública que encabeza Humbelina Elizabeth López Loera, quien a más de un año del inicio de la nueva gobernanza, aún no ofrece un informe de resultados concretos en el combate a la corrupción. ¿O será que el Ángel de la Muerte solo ha entorpecido los procedimientos por vendettas políticas?
