Mucho optimismo (o cinismo) debe tener la secretaria general de Gobierno (porque sí hay), Gabriela Pinedo Morales, para afirmar que “vivimos en un entorno complicado por el tema de inseguridad y violencia, no lo desconocemos ni lo podemos negar, ese creo es uno de los distintivos del gobernador que ha dejado un precedente importante porque en otras administraciones se negaba la realidad en la que vivíamos los zacatecanos”.
Solo que es difícil de olvidar aquel 6 de enero de 2022, cuando en Plaza de Armas dejaron al gobernador David Monreal un “regalito” de Día de Reyes, una camioneta con al menos 10 cuerpos sin vida, y su reacción de pedir a la población “encomendarse a Dios”.
En otra de las denominadas “Conferencias por la Transformación”, la segunda de a bordo en la nueva gobernanza presentó la convocatoria al foro para la integración de la Estrategia Estatal para la Construcción de Paz, Prevención y Convivencia Ciudadana.
En resumen, se informó que dicho foro se realizará el próximo lunes 23 de enero, a partir de las 10 de la mañana en Palacio de Convenciones, y contará con cuatro mesas de trabajo: Causas y factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia; Pacificación del estado mediante la participación ciudadana y comunitaria, Vinculación de la sociedad civil con las instituciones de seguridad y prevención del delito; y Prevención de las conductas y factores que propician las violencias.
Pero no hay que confundirnos. Una cosa es la estrategia de prevención del delito y otra, la estrategia en materia de seguridad. Y muy reveladoras fueron las palabras de Pinedo Morales cuando reconoció que en Zacatecas no se tiene una estrategia estatal de seguridad porque se sigue la estrategia nacional en la materia y la entidad, supeditada a las indicaciones de la Federación, solo coadyuva en los esfuerzos.
¿Por qué es importante esta declaración? Porque demuestra que no hay estrategia detrás para atender los delitos del orden estatal, y aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da cuenta de que entre 2021 y 2022 hubo una reducción en la incidencia de homicidios dolosos, al pasar de 1 mil 134 a 978 (un tema que la secretaria aprovechó para asegurar que el Plan Zacatecas II “está dando resultados”), no hay que olvidar que el homicidio es un delito del fuero común que hoy persiguen en mayor medida las fuerzas federales en nuestra entidad.
Si este logro no ha cambiado la percepción de la ciudadanía tal vez se deba a las circunstancias en las que se dan estos hechos, cada vez más sanguinarios o con víctimas cada vez más cercanas (entre las cuales se cuentan menores de edad, policías, jueces y hasta comandantes de la Guardia Nacional), o posiblemente porque no se han sabido comunicar las “buenas noticias” que se ven rebasadas por la comisión de otros delitos, las manifestaciones o los yerros de la nueva gobernanza.
Pero el principal error se puede apreciar desde la estructura programática del presupuesto y desde el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Por ejemplo, en lo relativo a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, la Secretaría General de Gobierno dispondrá de 6 millones 226 mil 141 pesos (al menos ese es el presupuesto aprobado por la 64 Legislatura), es decir, 11.7 millones de pesos menos que el año pasado.
Por si no fuera suficiente, hay que revisar cuál es el indicador por el que se evaluarán los resultados: “Porcentaje de reuniones estratégicas para la articulación de temas en materia de prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”. O sea, lo mismo que la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, que ha servido para dos cosas.
Qué raro que en esta materia no estén incluyendo como indicador lo que evalúa la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que este jueves da cuenta de los resultados en los últimos tres meses del 2022.
Según el INEGI, entre octubre y diciembre del año pasado, Fresnillo y Zacatecas fueron las dos ciudades en todo el país donde la población consideró que es más inseguro vivir.
De acuerdo con la Encuesta, en diciembre del 2021, el 96.8% de los habitantes de Fresnillo tenía esta percepción, que aumentó a 97.7% en diciembre del año pasado. La situación tampoco se ve mejor en el caso de la Capital: hace dos años el 89.4% de sus habitantes compartía esta percepción y para el cierre del año pasado ya era el 93.3 por ciento.
Por si eso no fuera suficiente, y para medir el nivel de cinismo en este gobierno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas que dice encabezar Francisco Murillo emitió un comunicado en el que informa que este martes 17 de enero, en el Rancho Monte de la Presa Vieja, en la comunidad de El Cuidado, en Tepetongo, fueron encontrados cuatro cuerpos en condición de “reducción esquelética” y que podría tratarse de tres mujeres y un hombre aún no identificados.
Los cuerpos fueron localizados en la misma comunidad donde el pasado lunes se localizó un vehículo en el que viajaban los jóvenes Daniela y Viviana Pichardo, así como a Paola Vargas y José Nemesio Gutiérrez, a quienes no se ha podido localizar desde el pasado 25 de diciembre, cuando salieron de Jerez con rumbo a Colotlán.
Con esta realidad, qué difícil debe ser para la Secretaría de Turismo que encabeza Le Roy Barragán promover a Zacatecas Deslumbrante en la Feria Internacional de Turismo que se realiza en la ciudad de Madrid, España. ¿Una ayudadita, gobernador?
Las finanzas en Guadalupe
Este miércoles en el Suplemento del Periódico Oficial del Gobierno del Estado se publicó el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalupe para el Ejercicio Fiscal 2023 y vaya sorpresas en el documento.
Si usted pensaba que Trash era el único negocio del alcalde de la “honestidad y acciones firmes”, Julio César Chávez Padilla, también tendrá razón en quejarse por el aumento en los impuestos. Y eso que en la 64 Legislatura le dieron palo a su propuesta de Ley de Ingresos 2023, con un aumento leonino en la recaudación.
Y es que en lo que se refiere a los ingresos, el municipio dispondría de algo así como 876.8 millones de pesos, casi 130 millones más que el año pasado. Pero en esa recaudación, también se refleja un aumento de 13.2 millones de pesos en lo que corresponde a los impuestos. O sea que al final, la proyección es recaudar unos 110.5 millones de pesos tan solo en el caso de impuestos, ya no hablemos de derechos productos y aprovechamientos.
También es muy interesante la distribución para la aplicación del recurso. Por ejemplo, se proyecta un incremento de 20.6 millones de pesos en el capítulo de Servicios Personales, aunque llama la atención la reducción de casi 50% en la partida del seguro de vida del personal civil.
Destaca el incremento en la partida de “Contratación de otros servicios” (¿personal eventual, por asimilables al salario o por honorarios?), que pasaría de 47.1 millones a 70.7 millones de pesos.
Pero no todo parecen malas noticias. Para este año se etiquetan al menos 5 millones de pesos para vehículos y equipo terrestre y se esperaría que dicha inversión fuera en materia de seguridad pública, pues también se etiquetan unos 7.4 millones de pesos para equipo de seguridad pública.
Más revelador es el capítulo 9000, correspondiente a la deuda pública, pues este año sí se presupuesta recurso para ponerse al corriente con adeudos fiscales como el IMSS o el ISR.
Según el decreto, se destinarían poco más de 58.2 millones de pesos para Adeudos Fiscales Anteriores (ADEFAS), que no cubrirían la totalidad del adeudo del municipio (y no hay que olvidar el empréstito por 180 millones de pesos contratado cuando Chávez Padilla fue secretario de Gobierno y que todavía se sigue pagando).
Ahora solo falta que de la recaudación de este año sí se aplique en lo que más demanda la ciudadanía: seguridad y servicios públicos de calidad, no esos murales tipo “Atalaya” que francamente están espantosos. Es cuanto.
