En seguridad, migajas para Zacatecas

Con bombo y platillo, este miércoles se firmaron en Nuevo León los convenios de coordinación para la distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública con Entidades Federativas 2023 (FASP), que ascendería a 8 mil 786.9 millones de pesos y los primeros ganones en la repartición de los dineros fueron 10 estados del norte del país.

Según la cuentas de la Federación, para este año el FASP tuvo un aumento del 10% para fortalecer las actividades de los estados en materia de seguridad y con base en criterios que solo Obama conoce, el reparto de recursos benefició a Baja California con 334.4 millones de pesos; a Chihuahua con 327.2 millones; a Nuevo León con 308.2 millones; a Sonora con 307.7 millones; Tamaulipas, 261.1 millones; Coahuila, 247.2 millones; Sinaloa, 246.6 millones; Durango, 239.7 millones; y Baja California Sur, 237.4 millones de pesos.

A Zacatecas, la entidad con las dos ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país (y lo dice el INEGI, no la “prensa sicaria”), le tocó la rebanada más delgada del pastel, con apenas 212.8 millones de pesos, que se traduce en un mínimo incremento de apenas 19.5 millones de pesos respecto a los recursos recibidos del FASP en 2022, según los informes financieros de la Secretaría de Finanzas al cierre del año pasado.

Por supuesto que desde la taquería de Comunicación Social no podía faltar el boletín donde se anunciara a los cuatro vientos la asignación de este recurso, que no fue por gestiones del gobernador David Monreal (hoy, el colado en las fotos de eventos importantes, pero sin alguna intervención de relevancia para mejorar la situación de la entidad), sino por obra y gracia de la Federación para hacer como que hace en apoyo a los estados en materia de seguridad, luego de la desaparición del FORTASEG.

En teoría, el objetivo del FASP será atender ocho proyectos de “prioridad nacional”, como la dignificación del personal de las instituciones de seguridad; certificación y capacitación y profesionalización de elementos policiales; infraestructura de las instituciones; el sistema de estándares de trabajo y rendición de cuentas; la prevención de la violencia del delito; atención y prevención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género; el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional; la ejecución de medidas; y el sistema nacional de información.

Y como aún se tiene un rezago del 20% de elementos policiales sin certificación, el plazo para lograr este objetivo se extendería hasta mayo del 2024, según anunció Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien en conjunto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que estos recursos se destinarán “a los puntos que más requieren de un reforzamiento de la vigilancia en las calles y se han llevado a cabo programas que atiendan las causas de la violencia”. Por eso a Zacatecas le tocó la rebanada más pinchurrienta del pastel…

El problema no es si a los estados llegan más o menos recursos para atender el tema de seguridad, sino más bien la articulación de una estrategia nacional de seguridad acorde con la situación de cada entidad, un aspecto que pusieron a consideración los funcionarios federales durante la firma de convenios y sobre el cual múltiples gremios se han pronunciado a favor en Zacatecas.

En dicha estrategia no hay que olvidar que la inversión no solo debe ir encaminada al fortalecimiento de las instituciones para las tareas de prevención y contención, pues sabido es que en eso de “atender las causas de la violencia y la delincuencia” como que no está funcionando el reparto de recursos mediante los Programas del Bienestar.

No está mal la condición de “universalidad” para dichos programas, pero si no se articulan en los contextos de cada entidad con la aplicación de la estrategia nacional de seguridad (porque de un plan local ya se dijo muchas veces que no hay, no existe), poco se podrá incidir en abatir las causas y será el pretexto perfecto para un sexenio de “herencias malditas” que no agarra al toro por los cuernos.

Y aunque la llegada de Arturo Medina Mayoral como nuevo secretario de Seguridad Pública ha impreso cierto optimismo en que la situación mejore para la entidad, sobre todo desde la apertura del funcionario para reunirse con diferentes gremios y escuchar directamente qué requiere cada uno, mucho se debe hacer todavía en materia de comunicación.

Habrá que recordar lo acontecido este miércoles, cuando la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que se había recibido un reporte sobre el presunto hallazgo de cuerpos sin vida en el municipio de Monte Escobedo, una información que circuló en varios medios de comunicación dándola por cierta, para que al final la misma Vocería informara que por más que buscaron hasta debajo de las piedras, no hubo tales cuerpos. Y luego dicen que los medios de comunicación son “alarmistas”..

Por la despenalización del aborto

En Zacatecas ha quedado claro que solo a través de la ciudadanía que se organiza se puede ejercer presión para que las autoridades actúen en temas de interés público y hoy la muestra la sigue dando el movimiento feminista.

Ya durante el 2022 fueron pioneras en recurrir a la figura de iniciativa ciudadana para impulsar reformas a la Ley de Salud y al Código Penal a fin de despenalizar el aborto, un tema en el que Zacatecas se ha quedado rezagado, como en muchos otros temas.

La iniciativa fue turnada desde noviembre del año pasado a la Comisión de Igualdad, pero hasta la fecha no ha sido dictaminada. Tampoco es que sorprenda, considerando el ostracismo en el que viven los diputados de la 64 Legislatura más ocupados en puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución y  no en los temas que de verdad necesitan celeridad.

Pues este miércoles, luego de la sesión de la Comisión Permanente, un grupo de feministas que abanderan la iniciativa se reunió con la diputada Imelda Mauricio, presidenta de la comisión dictaminadora, quien estableció varios compromisos que deberá cumplir sí o sí, so pena de querer enfrentar la furia de la llamada marea verde.

Entre estos compromisos está citar a sesión de la Comisión para el próximo lunes 13 de febrero y de una vez por todas dictaminar la iniciativa (la promesa fue “en positivo”), a fin de homologar las leyes locales con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en el mes de septiembre de 2021, la Acción de inconstitucionalidad 148/2017, que sienta las bases para que ninguna mujer sea criminalizada por ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta finalizada la semana 12 de gestación.

De ser necesario, también se abriría la discusión con las promoventes para exponer la iniciativa el próximo miércoles 15 de febrero y darle celeridad al asunto.

Ya luego vendrá el cabildeo con los 30 diputados a fin de que voten la iniciativa ante el pleno en sentido positivo, un tema que todavía se ve incierto. Bien dicen que “la esperanza muere al último” y si esta 64 Legislatura ya pasó a la historia por haber aprobado (obligadamente) la reforma en materia de “matrimonios igualitarios”, todavía hay esperanza para la despenalización del aborto. Es cuanto.